Si Evo Morales se hubiese salido de nuevo con la suya, lograría reprimir la legítima protesta popular en contra del fraude, y ejercer sin resistencia alguna un nuevo período presidencial, en América Latina se estaría instalando un cuarto gobierno no democrático. Hecho que significaría un retroceso a las séptima y octava década del siglo XX cuando las dictaduras campeaban en la región.

A los tres gobiernos sin legitimidad democrática ya consolidados –el comunismo cubano, el militarismo venezolano, el híbrido nicaragüense– habría que agregarle el reeleccionismo boliviano y, dejar abierta, en suspenso, la puerta del otro gobierno de facto que podría arribar a Chile de continuar las jornadas de violencia cada vez más estructuradas que no llegan a su fin.

Lo novedoso es que en sentido estricto ninguno de los cuatro gobiernos de facto corresponderían a los modelos clásico de las dictaduras militares del siglo XX. No hay tropas tomando por asalto el palacio presidencial ni un general de porte prusiano y lentes oscuros leyendo un comunicado con el que disuelven las instituciones democráticas. Los nuevos gobiernos de facto los encabezan civiles.

Cuba nunca conoció la democracia, pasó directamente de una dictadura a un totalitarismo comunista. Nicaragua la conoció a medias apenas, una democracia titubeante, luego de una cruenta guerra civil que le costó 28 mil muertos. Venezuela tuvo democracia por cuarenta años pero la vio desaparecer poco a poco en los últimos veinte años. Y ahora Bolivia, que felizmente se había liberado por casi cuatro décadas de las asonadas militares que con tanta frecuencia la sacudían, podría entrar también en la misma condición. Aunque el capítulo no ha terminado.

Cuba es un caso excepcional. El poder originario proviene de una guerrilla triunfante, que instaló un modelo de gobierno que ni siquiera tuvo que eliminar las libertades democráticas porque sencillamente no existían. Todos los demás llegaron por elecciones. Los sandinistas fueron tres veces derrotados en elecciones libres hasta que Daniel Ortega volvió al poder, mediante artimañas legales negociadas con la ultra derecha, y allí se mantiene sin que fuerza alguna, ni siquiera el pueblo en la calle, lo logré desplazar.

Los chavistas, en cambio, intentaron llegar mediante un golpe de estado pero fueron derrotados. Entonces seis años después lo hicieron por la vía electoral convirtiéndose junto con Fujimori en el primer equipo de gobierno de un país democrático que entendió que se podía construir un ejercicio autoritario del poder sin necesidad de declarar una dictadura militar.

Y ese es el gran peligro que amenaza a América Latina en esta segunda década del siglo XXI: el que podemos llamar “la enfermedad venezolana”. Que consiste en una metodología política que logra controlar todo el poder como en las dictaduras pero manteniendo el antifaz democrático. Un modelo que tiene su antecedente en el fujimorazo. Que ha replicado, con sus ingredientes particulares, Daniel Ortega. Y que ahora Evo Morales está tentado de corroborar. 

El fenómeno ha sido descrito con lucidez por los profesores de Harvard, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en un oportuno libro titulado Cómo mueren las democracias. En una descripción certera los autores explican que las democracias ya no mueren como antes: a cañonazos. Ahora se les asfixia lentamente. Desde adentro. 

Hugo Chávez no entró en el autoritarismo abruptamente. A lo Pinochet. A lo Fidel. Sino que lo fue haciendo poco a poco. Ocupando el sistema de justica con jueces militantes de su partido. Dando los primeros gestos autoritarios en el 2003 cuando paralizó el referéndum revocatorio constitucionalmente convocado por la oposición posponiéndolo hasta que, gracias a los elevados precios del petróleo que le permitieron reconstruir el apoyo popular perdido, estaba seguro de ganarlo. 

Siguiendo luego un camino de ardides jurídicos y políticos que le fueron permitiendo hacerse del poder total mediante mecanismos de terror, persecución y eliminación de la autonomía de poderes. Fue decisiva la publicación de la lista negra de quienes habían firmado pidiendo el referéndum revocatorio y su conversión en el más grande apartheid ideológico que se conozca en América Latina. Quienes firmaron fueron despedidos de sus cargos públicos, quedaron vetados en toda contratación con el gobierno, incluso quedaron privados por años del derecho a obtener la cédula o el pasaporte, entre otras discriminaciones más. 

A partir de entonces Chávez aprendió a gobernar con la Constitución en una mano y en la otra una kalashnikov. Canceló el más importante canal de televisión privado del país, silenció a los restantes, compró vía intermediarios privados los diarios de mayor circulación, hizo presos a importantes generales que se atrevieron a cuestionarlo, inhabilitó partidos. Maduro luego encarceló a los más reconocidos líderes de la oposición, y al final, cuando se suponía que Venezuela retornaba a la democracia porque la oposición ganó de manera aplastante las elecciones legislativa de 2015, el Ejecutivo nombró una Asamblea Nacional Constituyente que usurpó el poder del parlamento electo, razón por la cual buena parte de los países democráticos de América y Europa pasaron a reconocer el gobierno venezolano como una autocracia. Un gobierno de facto.

El mal ya está hecho. Ortega y Maduro han demostrado que no hay fuerza internacional que impida crear, con legitimidad de origen electoral, un gobierno de facto, un sistema electoral intervenido, violar impunemente los derechos humanos, eliminar las libertades democráticas sin que la comunidad internacional pueda hacer nada, o muy poco, para impedirlo. Y que los movimientos ciudadanos desarmados, por mayoritarios y combativos que sean, nada o poco pueden hacer contra las fuerzas armadas nacionales convertidas en guardias pretorianas y auténticos ejércitos de ocupación de su propio país. Un alerta para el resto del continente.

Por Tulio Hernández @tulioehernandez

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