Algunos abogan por la reactivación de la frontera colombo venezolana, incluso en época de pandemia, desean no solo retornar a la nueva normalidad, también a la legalidad que hizo una vez productiva y prospera a la zona comercial e industrial San Antonio-Ureña, en el estado Táchira. Otros ven la propuesta como un descalabro y una iniciativa ilusa, difícil de concretar, pero ¿a quién le conviene mantener cerrada la frontera?
Por Joseph Schastlivyy
Con pase de aduana, planilla del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y guía emitidas por el denominado “protectorado”, salen gandolas y cavas cargadas de mercancías por el paso ilegal que atraviesa la hacienda “La Ponderosa”, al sur de San Antonio del Táchira, población fronteriza, ubicada al oeste de Venezuela.
Al caer la tarde los habitantes de la pequeña población se acostumbraron a ver, a pesar del toque de queda obligatorio, cantidades de gandolas y vehículos de carga con rumbo a San Cristóbal, la capital del Táchira y de allí al centro del país.
Es una realidad y todos en el pueblo lo sabe lo que está sucediendo a pesar de tener la frontera cerrada, pero nadie se atreve a decir nada detalló Jorge Ramírez un comerciante de la zona.
“Lo que se conoce es que los camiones con mercancía proveniente de Cúcuta, Colombia, llegan hasta la trocha de La Ponderosa, allí descargan y hacen el trasbordo a camiones de placa venezolana”.
Se paga el 5% del valor de la mercancía en especies, alimentos que van supuestamente a los refugios o Puntos de Atención Social Integral (PASI), donde recluyen a los venezolanos que van regresando al país.
“Si los camiones llegan con 1.000 bultos de harina, deben dejar 50 para los PASI. Mientras que la demás carga circula por las carreteras nacionales como si realizara un ingreso legal al país, precisó el empresario fronterizo.
“El negocio lo manejan altos militares, funcionarios del régimen y diputados regionales”, aseguró la fuente.
Mientras esto sucede en los caminos ilegales, la soledad, el abandono, quiebre de empresas, pobreza e incertidumbre es el panorama que muestra la frontera del Táchira con el departamento colombiano Norte de Santander.
A simple vista pareciera que la pandemia acabo por convertir a las poblaciones de San Antonio y Ureña en fantasmagóricas localidades donde el ciudadano común está confinado al encierro y la inanición.
Encierro perpetuo
Desde el pasado 6 de abril, a pocos días del decreto de cuarentena nacional obligatoria (13 marzo), decretado por el régimen de Nicolás Maduro, los municipios de frontera del Táchira con Colombia, viven un toque desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente.
La declaratoria impide a los ciudadanos comunes desenvolverse en cualquier oficio o profesión de manera legal. El transito está restringido, no solo porque no se venden gasolina desde hace más de dos meses, tampoco existe movilización entre un municipio y otro.
Han pasado los días y nada cambia, solo la opacidad aumenta, dijo José Rojas habitante de San Antonio del Táchira.
“Cerca de cinco meses en toque de queda solo se ve en países en los en guerra, en territorios ocupados”.
La situación de la frontera es agobiante porque no permiten a la gente salir a trabajar, a buscar dinero para comprar alimentos y el Estado venezolano tampoco provee de las divisas, ni de alimentos para que la gente se quede en casa, agregó.
“¿Entonces, nos morimos de hambre? Hasta hacer deporte es castigado”, dijo el hombre con notable asombro.
La represión como medida para combatir la pandemia por parte de funcionarios policiales y militares se hizo cotidiana, denunció Rojas.
“Una pandemia se combate desde el punto de vista médico científico, no a golpes, ni con arbitrariedades como se pretende hacer en San Antonio. Con políticas de orden militar y policial no se evitan los contagios”.
Es necesario flexibilizar los controles, reactivar las labores cotidianas como en otras localidades venezolanas que incluso han representado mayores focos de contagio en comparación a las poblaciones fronterizas del Táchira, precisó el habitante de San Antonio.
Paso a discreción
A diferencia de las limitaciones que denuncian los pobladores de los municipios fronterizos con Colombia, desde el anunciado cierre de los pasos legales entre ambas naciones la movilidad y el trabajo ilegal es otra de las caras que se muestra.
Entre 12 a 14 puntos de control militar y policial hay en el trayecto de San Cristóbal a San Antonio. El más complicado o de mayores trámites a cumplir es el que se ubica en el puesto de control de la Guardia Nacional, a la salida del municipio Capacho Viejo.
“En Capacho los militares (guardias nacionales) se ponen duros así uno lleve informe médico. Pero hay quienes pasan tranquilamente cargados de mercancías”, dijo Oriana Sandoval quien por razones de salud debe desplazarse desde la frontera hacia San Cristóbal.
El tránsito por la carretera hacia los municipios fronterizos es concurrido, pero no todo el mundo tiene acceso. Camionetas oficiales y de organismos públicos, además de automóviles particulares autorizados se mueven constantemente por la zona, sin obstáculo alguno, dijo Sánchez.
Por su parte, Luis Rosales, habitante de San Cristóbal, narró que trato de viajar a San Antonio por una urgencia familiar y vio frustradas sus intenciones, mientras quienes “colaboraban” con los militares tenían fácil acceso.
“Llegué al punto de control en la Mulera, a unos 12 kilómetros de San Antonio. Los guardias me detuvieron y no me dejaron llegar al pueblo a pesar que les justifique mi necesidad: mis padres están ancianos, viven solos y no tenía alimentos, no pueden salir a comprar por prevención y yo los llevaba. Mientras estuve allí pude ver como dejaron pasar vehículos cargados de mercancía colombiana, con pimpinas de gasolina y motos que a cambio les dejaban propinas en pesos”.
Vehículos de carga a diario circulan por la vía fronteriza, sobretodo en horas nocturnas cuando se supone que inició el toque de queda en San Antonio, certificó Alirio Duque, habitante del sector “5 de Julio” en la vía que conduce a la alcabala de Peracal, punto militar de salida de la frontera.
Las denuncias realizadas dejan en evidencia que el paso hacía los municipios de frontera no está suspendido, solo obedece a la discrecionalidad de los funcionarios militares y policiales, encargados de custodiar las vías.
Comercio ilegal
Los anaqueles de grandes cadenas de supermercados, abastos y negocios informales del fronterizo estado Táchira están repletos de productos y víveres hechos en Colombia, mientras el gobierno de Nicolás Maduro hace alarde de las estrechas relaciones que mantiene con esta nación, el comercio ilegal no para.
Ni formal, ni legalmente se justifica la presencia de productos traídos de Colombia en comercios venezolanos, teniendo en cuenta que por los cruces habilitados para el paso de estas mercancías (puente internacional Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander), no están ingresando, ni saliendo productos. A toda vista se está cometiendo un ilícito.
¿Cómo llegan las mercancías colombianas a diferentes zonas de Venezuela?
“La respuesta a esa buena pregunta la deben dar las autoridades venezolanas. Quienes hacemos vida en el área aduanera no hemos podido mover desde hace más de un año, ni un kilogramo de alimentos, tampoco lo han hecho a través de almacenadores o transportistas”, precisó un representante del sector aduanero de la frontera que pidió reserva de su nombre.
A pesar de haber cumplido con cada uno de los requisitos impuestos por la ley para estar activos en las labores, el régimen les ha impedido continuar con actividades que venían desempeñando desde hace más de 30 años.
Todos saben por dónde y cómo pasan los grandes cargamentos de alimentos que desde la vecina ciudad colombiana de Cúcuta, llegan al Táchira. Es un secreto a voces pero quienes deben explicarlo son las autoridades venezolanas, argumentó el aduanero.
Mientras los auxiliares de la administración aduanera que han contribuido al desarrollo del país están casi desaparecidos y atravesando una crítica situación desde hace cinco años que cerró la frontera por orden de Nicolás Maduro; los cargamentos de mercancía siguen llegando sin disimulo a través de los caminos verdes.
La población fronteriza sigue confinada al encierro que obliga el toque de queda impuesto, mientras los males económicos y sociales en la zona se acrecientan y se robustece el capital económico de altos funcionarios del régimen.
