La función de la Prefectura es atender a la ciudadanía en cualquier caso de conflicto y mediar para llegar a una solución

Jonathan Maldonado

A la oficina de Viviana Delgado, prefecta del municipio Bolívar, llegan a diario varias denuncias. Las más difíciles de tratar han sido las que están relacionadas con los grupos irregulares, pues mucha gente suele acudir a ellos para solventar sus problemas entre vecinos, generando así un conflicto mayor. 

Aunque la mayoría de las denuncias se centran en casos de arredramiento, Delgado no las considera su mayor reto, ya que existen otras, en una proporción menor, que se vinculan con grupos al margen de la ley.

“Me he encontrado casos en los que los vecinos han sido amedrentados por grupos irregulares y, al llegar a las comunidades, me toca hacer un acuerdo con las partes involucradas para que se comprometan a no buscar a estas personas para solventar sus problemas”, aseguró.

La también licenciada en educación, lamentó que algunos habitantes no acudan a la justicia sino a lo que está en la otra acera, alejado de cualquier legalidad. “No contamos con la protección necesaria. A veces queremos hacerle seguimiento, pues actuamos como jueces de paz”, dijo.

Delgado puso como ejemplo el pasado 23 de febrero, día en el que grupos armados y encapuchados, actuaron contra la población que salió a marchar en defensa del ingreso de la ayuda humanitaria. En esas horas de desasosiego, recordó, resultó herido de bala el joven Leider García, expolicía, quien falleció días después en un centro de salud de la ciudad Cúcuta, en Colombia.

Complejidades de frontera

“No es fácil vivir en zona de frontera donde todo es en pesos”, soltó la prefecta al destacar que muchos perciben sus sueldos es en bolívares. “Lo que ganamos, no nos alcanza. Yo soy docente y era un sacrificio llegar hasta Palotal, parroquia, para educar a los niños”, enfatizó.

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A su juicio, el país requiere de una transición política. “Es la única manera de que volvamos a encaminarnos hacia el progreso, para que nuestros hijos tengan un futuro mejor”, puntualizó la funcionaria de la gobernación del Táchira.

En cuanto a las diferentes denuncias que arriban a su oficina, dejó claro que siempre se busca una conciliación, “un acuerdo que queda escrito, porque, de no llegar a cumplirse, el caso pasaría a otras instancias. La gente, a veces, no conoce la ley, entonces entra la confusión”, resaltó.

“Hay un personal que tiene muchísimos años y continúa en sus labores; no tengo problemas con ese tema. Tratamos de ayudarnos con una flexibilidad en el horario, tratar de que todos cumplamos con nuestras asignaciones”, aseveró Delgado.

En lo que va de 2019, dijo, la Prefectura ha recibido 188 denuncias, levantado 326 citaciones y 108 cauciones.

De la mano con la Gobernación

El equipo de trabajo de la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, ha realizado siete jornadas sociales, con “las que hemos logrado visitar a las comunidades más vulnerables” de la jurisdicción.

Viviana Delgado indicó que durante estas jornadas se ofrece atención pediátrica, atención para adultos y, en especial, para los hipertensos. “A los niños se les ha brindado complementos nutricionales, los cuales, si el infante está bajo de peso, le ayuda muchísimo”, apuntó.

Otros logros de la gobernadora, señaló, son las labores de asfaltado en la vía La Mulera – Peracal y en Llano de Jorge. “En el municipio también se han tratado de recuperar dos canchas deportivas, y le hemos dado apoyo a la gente que necesita sillas de ruedas, bastones o muletas”.

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Fallas en la recolección del aseo urbano, en la entrega de gas y en el servicio de agua potable, son para la prefecta los problemas más graves que atraviesa San Antonio del Táchira.

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