El 24 de junio de 1827, se aprueban los llamados Estatutos Republicanos, dictados para regir el funcionamiento de la Universidad Central de Venezuela. Los mismos fueron dictados directamente desde la presidencia de Colombia, a cargo de Simón Bolívar.

El Libertador en dicha oportunidad, en función de garantizar la autonomía universitaria, suscribió a la Universidad la propiedad de varias haciendas y edificios para que con ello lograra consolidar su mantenimiento y, por consiguiente, independencia.

Entre las propiedades cedidas se hallaba la Hacienda Chuao, fundada en 1660. La extensión de 200 hectáreas para cultivo de cacao, ubicada en el Valle de Chuao, estado Aragua, había sido donada en 1671 a la Iglesia por sus antiguos propietarios, una familia española de apellido Mejía.

En medio del proceso de independencia, la hacienda, también conocida como “La Obra Pía de Chuao”, pasó a ser propiedad estatal, lo que permitió su posterior traspaso a la universidad.

Para conseguir generar ingresos a partir de esta propiedad, la directiva universitaria acordó darla en alquiler para obtener una renta basada en su producción de cacao.

Pero, al parecer los ingresos generados eran considerablemente bajos, según cuenta Ysabel Gómez Cedeño en el ensayo, Antonio Guzmán Blanco y la Hacienda Chuao, donde la historiadora expone como factores principales la permanente amenaza de plagas, la escasa mano de obra, la permanente inestabilidad política y los precios volátiles del cacao.

Estas circunstancias condujeron a que en 1870 el entonces presidente Antonio Guzmán Blanco, ordenara que la Universidad se hiciera cargo directamente de la administración de la Hacienda, suspendiendo el contrato hecho con Manuel Antonio Matos.

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Más adelante, en 1874, ordenó que varios de los conventos expropiados a la Iglesia pasaran a formar parte de los bienes de la universidad con la finalidad de obtener ingresos a través de los mismos.

Pero curiosamente, sólo dos años después, la posición de Guzmán respecto a los bienes de la casa de estudio y la forma en cómo la misma obtenía sus recursos cambió.

Dirigiéndose al Congreso, el mandatario sugirió a las autoridades universitarias vender sus propiedades para adquirir bonos de la deuda pública, que según éste, representarían un ingreso más elevado y seguro.

El mismo Guzmán poseía bonos, hecho que hacía dudar sobre la buena voluntad de la sugerencia, pues la historiadora Ysabel Gómez Cedeño sostiene en su mencionado ensayo, que la medida podía ir en pro de aumentar la confianza en los bonos, y por ende atraer a más compradores para así elevar su precio.

Tras las reiteradas peticiones del presidente, el Congreso avaló el 12 de junio de 1883, la venta pública de las propiedades poseídas por las dos únicas universidades que hasta entonces existían en el país, la de Caracas y la de Mérida.

La Hacienda Chuao se vendió el 26 de abril de 1886 a Antonio Victorio Medina, por la suma de 750 mil bolívares, según datos del diccionario de la Fundación Empresas Polar.

El dinero quedó en la tesorería del Ministerio de Instrucción Pública, el cual posteriormente fue tomado en forma de préstamo por el Gobierno, a través de la Tesorería del Servicio Público, no pudiendo la Universidad por ende disponer del mismo, dependiendo así de la renta dispuesta directamente por el Estado.

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Pero más llamativo todavía, es el hecho que a sólo siete días de concretarse el traspaso de la propiedad, el 1º de junio de 1886, el mismo Antonio Guzmán Blanco compró a Victorino Medina la Hacienda.

Años más tarde, en 1890, Guzmán Blanco, residenciado en Europa, sostiene en carta a los administradores de su posesión en Chuao, que la compra de la hacienda había sido un mal negocio que aceptó por el simple hecho de que le fue propuesto por el entonces presidente de la República y compañero de partido, Gral. Joaquín Crespo, según refrenda Tomás Polanco Alcántara en su libro Guzmán Blanco: Tragedia en seis partes y un epilogo.

Más adelante, los descendientes de Guzmán vendieron la Haciendo Chuao al Gral. Juan Vicente Gómez, y tras su muerte pasó a manos del Estado venezolano, quien desde entonces la administra, pero jamás regresó a ser propiedad de la Universidad Central de Venezuela, perdiendo para siempre una fuente ingreso financiero y por tanto su independencia y real autonomía.

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