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Por Diego Mendoza @Diego_MenHer

El 29 de octubre de 1988, 14 ciudadanos venezolanos fueron abatidos por efectivos del Cejap en Caño La Colorada, estado Apure, suscitando uno de los casos más controversiales de la historia.

Los uniformados pertenecían al Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), creado en noviembre de 1987, e integrado por funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ), la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y miembros de las Fuerzas Armadas.

La acción armada estuvo enmarcada en la operación “Anguila III”, que según la ONG Provea, fue “planificada con alevosía para aparentar un supuesto éxito en la lucha contra la subversión colombiana”.

Para los involucrados, fue un acto de autodefensa, puesto que los individuos, acusados de pertenecer a la guerrilla colombiana, iniciaron los disparos, tras haberlos obligado a bajar de una lancha con la cual navegaban el río Arauca, sector El Amparo, ubicado en el municipio Páez, del fronterizo estado Apure.

Según el general Humberto Camejo Arias, jefe de la segunda división del Ejército, en boletín informativo presentado por El Observador de RCTV, los individuos tenían como objetivo la voladura de la estación de bombeo del pozo petrolero de Guapitas, perteneciente a Corpoven.

Días después, los medios de comunicación nacional expusieron que, de los 14 muertos, nueve eran militantes inscritos en el partido político Acción Democrática, asunto que confirmó el entonces candidato presidencial Carlos Andrés Pérez, a la vez que aseguró que Venezuela era “un país de delitos sin delincuentes”.

Y el mismo presidente de la República, Jaime Lusinchi, advirtió ante las cámaras y los micrófonos, que no iba a empañar la trayectoria de su vida encubriendo un crimen, el cual, todavía estaba siendo investigado para el momento.

La polémica se mantuvo por varios años. Dos personas que sobrevivieron al enfrentamiento, José Augusto Arias y Wollmer Gregorio Pinilla, han mantenido siempre la inocencia del grupo. En testimonio recogido por el diario colombiano El Tiempo, ambos sostienen que eran simples pescadores que iban a realizar un hervido el día del hecho.

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Para el ex diputado del extinto congreso de la nación y director de Fundación El Amparo, Walter Márquez, el caso estuvo manipulado al haber estado en manos de la justicia militar desde un primer momento, a través de los Tribunales Militares, Consejos de Guerra y Cortes Marciales.

Desde Provea se cuenta cómo “el 29 de abril de 1992 el Consejo Permanente de Guerra de San Cristóbal, estado Táchira, dictó una sentencia declarando que los 14 pescadores muertos eran integrantes de un grupo subversivo colombiano”, y que se actuó en defensa de la soberanía nacional. Argumento que avala el ex comisario de la PTJ, Edgar Mendoza en el programa Factores de Poder.

Esta misma sentencia fue confirmada “el 12 de junio de 1994 por una Corte Marcial, y en 1998 una nueva Corte Marcial dictó la sentencia definitiva de impunidad”, advierte la ONG Provea.

El caso también fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 10 de agosto de 1990, la cual, el 12 de octubre de 1993, emitió un Informe en el que recomendaba al gobierno de Venezuela investigar y sancionar a los autores materiales, intelectuales y encubridores, e indemnizara a las víctimas.

Rafael Caldera, presidente de Venezuela en 1995, reconoció la responsabilidad del Estado venezolano, y ordenó proceder con las indemnizaciones que se terminaron de cancelar en su totalidad en 2005.

Este mismo caso fue reabierto por el Tribunal Supremo de Justicia en 2016, hecho que volvió a levantar polémica debido a que legalmente una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo delito. Pese a ello, a la fecha, no hay información acerca del avance de las investigaciones, y varios de los implicados están fuera del país.

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Incluso, varios de los señalados siguieron ocupando cargos dentro de las instituciones del Estado, según señala Provea. Estos fueron:

El ex militar Omar Antonio Pérez Hudson, quien en 2002 fue nombrado director nacional de investigaciones de la DISIP; Celso José Rincón Fuentes, puesto aquel mismo año como subdirector y jefe de seguridad de la cárcel de Yare. Henry López Sisco, nombrado asesor de seguridad del ex gobernador Manuel Rosales. El para entonces Capitán de Navío Rodríguez Chacín, quien se convirtió en ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores durante la gestión de Hugo Chávez, diputado a la asamblea nacional y gobernador del estado Guárico. El Gral. Camejo Arias, designado en 2004 director de Seguridad de la Gobernación del estado Bolívar; y Ricardo Pérez Gutiérrez, juez militar que revocó los autos de detención contra los implicados, fue contratado como asesor jurídico del Ministerio de la Defensa durante la gestión de José Vicente Rangel.

36 años después, el caso continúa siendo de los más polémicos de la historia de Venezuela, y señalado como una evidente falla del sistema de justicia en el país, que estaría y sigue estando intervenido por la élite política y militar que ostenta el poder.

Muertos en El Amparo:

José Indalecio Guerrero, Rigo José Araujo, Julio Pastor Ceballos, Carlos Antonio Eregua, Arin Maldonado Ovadias, Moisés Antonio Blanco, Luis Alfredo Berríos, Emeterio Marino Vivas, Rafael Magín Moreno, Pedro Indalecio Mosqueda, José Mariano Torrealba, José Ramón Puerta García, José Gregorio Torrealba y Justo Arsenio Mercado.

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