Si hay una biorregión del planeta que puede mirar a los ojos a la Amazonía y hablarla de tú a tú, es la Orinoquía. Con 2.150 kilómetros de longitud y un caudal de 31.000 metros cúbicos por segundo (m3/s), el río Orinoco es el tercero más caudaloso del mundo, solo por detrás del Amazonas y el Congo. Como comparativa, y para entender mejor su dimensión, anotemos que el Ebro es el río más caudaloso de España con 426 m3/s y el Duero el de mayor caudal de toda la península Ibérica con 714 m3/s.

La cuenca del Orinoco, la Orinoquía, se extiende por casi un millón de kilómetros cuadrados, de los que el 65% pertenece a Venezuela y el 35% restante a Colombia, conformando una de las cuencas fluviales con mayor biodiversidad del planeta. Conectado con el Amazonas a través del río Casiquiare, el Orinoco da forma, por su parte, a un inmenso y variado mosaico de ecosistemas en el que, además de más de un millar de especies de peces, hallan refugio algunos de los animales más amenazados de extinción del mundo, como el delfín rosado, el manatí, la nutria gigante, la tortuga arrau (la especie más grande en agua dulce) o el jaguar, por poner tan solo algunos ejemplos.

Respecto a su flora, intentar dimensionar la enorme riqueza botánica que acogen sus diferentes ecosistemas, río, selva, sabana, llanos, herbazales inundables, bosques de ribera, delta, etc., resultaría una auténtica quimera. Con muchas áreas todavía inexploradas, hasta la fecha se han descrito cerca de veinte mil especies de plantas, una tercera parte de ellas endémicas: es decir, que solo se dan allí. Sin embargo, según algunos investigadores, si sumásemos las no identificadas aún podrían ser más del doble, como mínimo.

Expolio del patrimonio natural

Pero a pesar de su alto valor ecológico, al que deberíamos unir el no menos destacable patrimonio étnico y cultural, con más de veinticinco comunidades indígenas asentadas a lo largo de su cauce, la Orinoquía venezolana se ha convertido en los últimos años una de las áreas naturales más amenazadas del planeta, tal y como vienen denunciando con sus informes organizaciones internacionales como WWFEmbajadores del OrinocoFundaredes o SOS Orinoco La directora de esta última entidad, Cristina Burelli, comparecía esta misma semana ante el Parlamento británico para alertar al mundo de lo que está ocurriendo con la naturaleza en la cuenca venezolana del Orinoco y pedir ayuda internacional.

Daños causados por una explotación minera a orillas del Orinoco. (SOS Orinoco)

En declaraciones a El Confidencial, esta activa e incansable defensora del medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas denuncia que “el ecocidio en la Orinoquía venezolana, impulsado por la política del Arco Minero del régimen de Nicolás Maduro, ya es la destrucción ambiental más grave y que avanza a mayor velocidad de todas las Américas, con un ritmo de pérdida de bosque prístino del 170% anual”.

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Una de las principales amenazas que se ciernen sobre la Orinoquía venezolana es el rápido e incontrolado aumento de la actividad minera en la zona de desarrollo estratégico nacional Arco Minero del Orinoco (AMO). Con una extensión de terreno de alrededor de 111.000 kilómetros cuadrados, en el AMO se ubican cerca de cuarenta espacios naturales protegidos, incluidos varios parques nacionales, que acogen los ecosistemas y las especies más representativos de toda la cuenca. Pero también se han localizado grandes reservas de oro, cobre, diamantes, coltán o bauxita, entre otros minerales de alto valor y gran demanda de mercado.

El AMO fue creado por el gobierno venezolano en 2016 para regular y ordenar el aprovechamiento de esta fuente de riqueza en la región, después de que en 2011 el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizase la industria minera y declarase que todo el oro extraído en Venezuela era propiedad del Estado. Sin embargo, tal y como denuncia un informe presentado el año pasado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lejos de suponer una ventaja, la retirada inmediata de las compañías extranjeras acabó provocando un vacío económico y de poder en las áreas mineras que dio lugar a una “invasión criminal del sector”, con consecuencias nefastas tanto para el medio ambiente como para las comunidades locales.

Mercurio: un contaminante letal

En la minería del oro, el metal es extraído mediante la amalgamación con mercurio, el cual es liberado posteriormente como residuo en el cauce del río. Allí acaba convirtiéndose en metil mercurio: un residuo de alta toxicidad que envenena todo el ecosistema y acaba incorporándose a la cadena trófica, provocando una alta mortandad de seres vivos, incluidas las comunidades locales que se abastecen de sus aguas. Además, las explotaciones ocupan tierras de los indígenas, que son expulsados o directamente masacrados, y generan un alto impacto paisajístico al destrozar grandes áreas naturales y provocar un grave deterioro del medio ambiente.

Uno de los principales objetivos destacados por el gobierno de Venezuela con la creación del AMO fue el de derrotar a las mafias mineras que estaban “sobrexplotando los recursos naturales y esclavizando a las comunidades mineras”. Sin embargo, tal y como señala el citado informe de la OCDE, el resultado ha sido exactamente el contrario, y el alto impacto ambiental y social que está causando el AMO en la cuenca venezolana del Orinoco ha despertado ahora la preocupación internacional.

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Como nos cuenta Cristina Burelli, la política del actual Gobierno venezolano “abusa de los derechos humanos de los mineros, pero, sobre todo, de los pueblos indígenas que habitan las áreas donde se están explotando ilegalmente el oro, el coltán y otros minerales de alto valor”. Asimismo, “el uso indiscriminado e ilegal de mercurio y las prácticas violentas de los grupos armados organizados, incluyendo las guerrillas colombianas, que en sociedad con autoridad civiles y militares venezolanas controlan las minas, suponen una grave violación de los derechos humanos de los habitantes autóctonos del sur de Venezuela”.

Como detalla el estudio de la OCDE, a día de hoy “no se ha cumplido ninguno de los objetivos declarados por el gobierno venezolano”. Muy al contrario, la zona se ha convertido en un “experimento descontrolado y a menudo violento” en la explotación de los recursos naturales y las comunidades. Una explotación que en 2020 se extendió más allá de los límites originales del AMO, cuando el presidente Maduro anunció la incorporación de seis nuevos ríos a la zona en la que se permite la minería del oro.

Entre las numerosas iniciativas que se están llevando a cabo para poner a salvo los valores naturales de la Orinoquía cabe destacar la campaña de recogida de firmas impulsada por SOS Orinoco, a través de la plataforma Change.org, para que la Unesco al Parque Nacional de Canaima, en la Lista de Sitios de Patrimonio Mundial en Peligro. Puedes unirte a la campaña aquí.

Y es que se ha llegado a un punto en el que la última esperanza de los grupos que trabajan en defensa de la naturaleza y los pueblos indígenas del Orinoco esta puesta en la reacción del mundo. Como señalaba Burelli en su comparecencia en el Parlamento británico, “hacemos un llamado a la comunidad internacional para que tome consciencia de esta situación tan dramática y le pida al régimen de Maduro que detenga su política minera y responsabilice a su gobierno de los abusos humanos y ambientales que están perpetrando”.

Tomado de El Confidencial

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