En la tarde del 28 de julio de 1978, cuatro sujetos interceptaron en la avenida Andrés Bello de Caracas, al abogado Ramón Carmona, quien días antes había anunciado públicamente que presentaría pruebas contra el sub director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Manuel Molina Gásperi y su esposa Mayra Vernet de Molina.
Ramón Carmona Vázquez era conocido por haber llevado casos importantes, pero su fama al mismo tiempo lo condenó a aceptar uno que lo llevó directo a la muerte. Se trató de la defensa del empresario italiano Renato Campetti, quien entró en conflicto con su chofer personal, su compatriota Antonio D’Antona.
Campetti, conocido por tener una constructora e importantes amistades políticas, entró en un conflicto con D’Antona, cuando éste lo acusó de deberle sueldos y la liquidación. El italiano, que construía la urbanización Playa Moreno, en Margarita, Nueva Esparta, y quien había sido señalado de comprar terrenos públicos a precios ínfimos gracias al gobernador Virgilio Ávila Vivas, contrató a Carmona para su defensa.
Para sorpresa del perspicaz abogado, el caso iba más allá del ámbito laboral, pues, según documenta la revista Exceso (edición número 133) o Fernando Coronil en su libro El Estado Mágico, Campetti estaba siendo extorsionado por su exchofer, quien se había hecho con la propiedad de un maletín suyo, pero que, además, estaba siendo asesorado por Mayra Vernet, la esposa de Molina Gásperi, sub director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), y fundador del Grupo de Apoyo Táctico y Operativo (G.A.T.O).
Al parecer, D’Antona estaba exigiendo una cifra estratosférica por la devolución del portafolio que estaba lleno de importantes documentos. Carmona al conocer el caso se animó, puesto que vio en él la posibilidad de bajar del atril a un importante funcionario del gobierno, de quien se rumoraba que había cometido en reiteradas ocasiones abuso de poder.
Pero la trama tomó mayor relevancia y complejidad cuando el italiano Piero de la Corte, amigo de Campetti, y mediador entre éste, Molina Gásperi y D’Antona, sugirió que podía dar fe de que el sub director de la PTJ había emprendido una campaña de persecución contra el empresario inmobiliario, a quien le allanaron sus oficinas y le congelaron sus cuentas de banco.
Carmona, que ganó la disputa laboral para Campetti, presuntamente se hizo con el documento incriminatorio firmado desde Italia por Piero de la Corte. Dicho documento le habría dado el poder para anunciar a los medios de comunicación que tenía pruebas contundentes que involucraban a Molina Gásperi y su esposa en graves delitos.
Curiosamente, días antes de dar esas anunciadas declaraciones, el abogado fue interceptado por cuatro sujetos en la avenida Andrés Bello de Caracas, los cuales le propinaron una docena de disparos.
Este nuevo caso fue confiado a Raymond Aguiar Guevara, quien se sorprendió al saber que el empresario Campetti se negó a acusar por extorsión a su ex chofer, y quien, a pesar de tener prohibición de salida del país, tomó un vuelo directo al viejo continente.
Aguiar debió entonces iniciar un complicado proceso, donde incluso el juez que llevaba el caso, Alberto Martínez Moncada, acabó renunciando, según cuenta en su citado libro, Fernando Coronil.
El abogado se metió a tal punto en el caso en cual se señalaba como autor intelectual de los hechos a Manuel Molina Gásperi (ya para entonces destituido a raíz del escándalo), que tuvo el mismo destino que su colega.
Fue el 1ro de diciembre de 1983 cuando un motorizado le propinó un disparo a Aguiar, quien se desplazaba en su auto por Caracas. Su muerte llenó las primeras planas, y Molina Gásperi fue arrestado por un tiempo, antes de conseguir salir bajo fianza, pero con prohibición de salida del país.
Manuel Molina Gásperi terminaría muriendo el 18 de agosto de 1986, cuando su avioneta, con la cual despegó del estado Portuguesa, explotó en el aire. Siendo su muerte otro caso sin resolver, junto a la de Carmona y Aguiar. Pues los únicos que pagaron cárcel en toda esta trama que se extendió por años, fueron los cuatro sicarios que abrieron fuego contra Carmona, los cuales, en efecto, pertenecían al Grupo de Apoyo Táctico y Operativo (G.A.T.O) de la actualmente extinta PTJ.
