El paso entre el municipio de Puerto Santander (Norte de Santander) y el poblado Boca de Grita (estado de Táchira, Venezuela), a través del puente La Unión, podría tardar menos de un minuto caminando si no fuera por la “matraca” o las “alcabalas”, que es como los habitantes de la zona conocen los “peajes” extorsivos a lo largo de los pasos entre Colombia y Venezuela.

Desde hace un mes que abrieron el paso regular con reanudación de relaciones diplomáticas entre ambos países, los habitantes de Puerto Santander aseguran que la situación no ha mejorado y que, por el contrario, hay menos circulación de personas en esa frontera.

El pasado lunes, dos días antes de que se cumpliera un mes de esa reanudación de relaciones bilaterales, pasamos al mediodía el puente La Unión para llegar hasta el lado venezolano. Normalmente los lunes son los días más movidos en la frontera. Los guardias bolivarianos nos permitieron el ingreso a su país, pero no nos autorizaron a tomar fotografías en el poblado. En un lapso de 15 minutos, mientras esperábamos frente a la antigua estación de ferrocarril del pueblo, dos personas que fueron retenidas por la Guardia, cuando pasaban un pequeño mercado que traían desde Puerto Santander, entregaron un par de billetes camuflados en un trapo verde a los oficiales para que les permitieran el ingreso.

Alberto*, uno de los 20 transportadores de Asocar, la Asociación de Carretilleros del municipio, y quien prefiere mantener su nombre en reserva por seguridad, dice que esa práctica no es nueva y que diariamente tiene que ver cómo los migrantes deben pagar varias extorsiones, sobre todo del lado venezolano, según él. Aunque es un paso fronterizo corto, señala que los que “matraquean” están en distintos puntos del puente y al llegar del lado venezolano, casi hasta el centro de Boca de Grita.

“Eso es algo de lo que uno no puede hablar aquí. Si digo mi nombre, mañana no me dejan pasar al otro lado (Venezuela) o me matan. A una familia que pasó hoy un bulto de arroz y otros víveres le hicieron cinco cobros desde el puente en Norte de Santander hasta el terminal de Boca de Grita. En todo ese trayecto entregó unos $20.000, más $10.000 que nosotros cobramos por transportar todo el equipaje en la carretilla, le salió más caro el transporte que la misma comida”, susurra.

Según ellos, esa es una de las razones por las que los migrantes ya no circulan con la misma periodicidad en Puerto Santander desde que se abrió el paso regular a través del puente La Unión. Los cobros extorsivos no son nuevos en ninguna frontera, pero, según los habitantes, allí han aumentado desde hace un mes porque en los pasos irregulares como las trochas “había que hacer un solo pago al grupo armado que controlara la frontera, ahora hay que hacer varios y a distintas personas”.

Justamente el jueves durante el Diálogo Regional Vinculante en Cúcuta, el presidente Gustavo Petro ordenó el cierre de las trochas ilegales en la frontera con Venezuela. “Esas trochas se cierran porque se cierran”, dijo el mandatario, quien también se refirió al cobro de comisiones ilegales. “La economía sigue pasando por la trocha porque allí, los funcionarios, uniformados de allá y de acá, están cobrando comisión”, dijo.

De acuerdo con Petro, por el puente internacional apenas han pasado US$2,5 millones en productos. “¿Y el resto de los productos por dónde están pasando? Abrimos el puente, corrimos el costo político y la economía sigue pasando por la trocha. ¿Así vamos a construir la paz? ¿Así vamos a construir la prosperidad?, afirmó el presidente.

Comercios, a punta de la quiebra

En esa zona del país hace presencia el Ejército de Liberación Nacional (Eln), y su control es casi absoluto en el municipio, aunque no hay registros de ataques contra la población civil desde febrero de este año.

Los puertosantandereanos dicen no saber si la paz “temporal” que viven por parte de los grupos armados es a causa del cese al fuego por los acercamientos del Eln con el Gobierno Nacional o por cambios en las dinámicas fronterizas con la apertura del puente La Unión. Sin embargo, aseguran que su problema ahora mismo no es con esos actores armados irregulares, sino con las autoridades oficiales. Hernando Hernández, un líder de la región, denunció públicamente esas extorsiones por parte de las autoridades de ambos países en un encuentro con Migración Colombia, que se llevó a cabo el pasado 25 de octubre en Cúcuta.

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Dijo que aunque no es un asunto que competa únicamente al Gobierno colombiano, la problemática que se está generando debe ser mitigada por las autoridades. “Un integrante de la Guardia Bolivariana gana, en promedio, 341.000 bolívares al mes, que al cambio en pesos colombianos son $50.000. Eso no alcanza para nada, entonces, ¿de dónde van a sacar ellos el dinero para vivir? De la gente en la frontera a los que les piden $10.000, $20.000 o $50.000, depende de lo que traigan”, dijo.

Las consecuencias de esos cobros excesivos se ven reflejadas en las calles de Puerto Santander, un municipio netamente comercial, con cerca de 700 establecimientos de comercio de víveres, ropa, zapatos, elementos de aseo, electrodomésticos e insumos ganaderos, pero que permanece desolado y al borde de la quiebra. Jairo Pérez Martínez, un comerciante del centro de Puerto Santander de venta de ropa y artículos para bebés, dijo que sus ventas han disminuido en un 80 % el último mes. “Teníamos una expectativa de la reapertura de la frontera, pero ha sido todo lo contrario. Fue el peor mes para el comercio en Puerto Santander de los últimos años”.

Pérez Martínez también es reportero de la emisora Puerto Santander Estéreo, y cuenta que hay otro fenómeno que han podido documentar y que ha cambiado las dinámicas de la frontera en los últimos dos meses. “Hay un boom de jóvenes colombianos que vivían en Puerto Santander que se están yendo a Estados Unidos en busca de oportunidades. Esa es la nueva moda en este pueblo. Este año se han ido unos 200 muchachos, sin contar los desplazados por otras razones, porque dicen que vivir del comercio acá ya no da ninguna rentabilidad”.

En lo que va del año, por lo menos 22 locales comerciales han cerrado por pérdidas. Antes de la apertura de la frontera el registro de población pendular que pasaba de un país a otro diariamente era de 9.000 personas, ahora es de 5.000, según cifras de la Alcaldía.

Alexánder Sánchez, dueño de un restaurante en Puerto Santander y exconcejal del municipio, comenta que pasó de vender 150 almuerzos diarios a 50 o 60 por día desde la apertura del puente. “Uno no defiende la informalidad porque pasamos siete años esperando que abrieran la frontera, pero la realidad nos está mostrando otra cosa, y es que se necesita atacar urgentemente la corrupción que hay en ese paso”.

Alexánder explica que los venezolanos que llegan hasta su restaurante le dicen que prefieren llegar a Colombia a través de San Antonio de Táchira o Ureña, en frontera con Villa del Rosario y El Escobal, aunque el camino sea más extenso. “Tienen que andar unas tres o cuatro horas más por carretera, pero son menos las “alcabalas” que hay ahí para pasar mercancía”, afirma. Su preocupación es que el comercio se siga concentrando en esas dos poblaciones y que Puerto Santander quiebre por la disminución de paso de migrantes.

Aunque las quejas por las “matracas” son constantes, la alcaldesa de Puerto Santander, María Virginia Torres, asegura que no han recibido ni una denuncia formal por esos casos y que por ahora se han quedado en rumores. La alcaldesa no se refirió puntualmente a las extorsiones, pero dijo que “en Venezuela hay controles muy rigurosos que impiden que las personas puedan venir de manera regular. A veces prefieren comprar allá (Venezuela) que venir a Puerto y verse inmiscuidos en más gastos”.

Piden parar el reclutamiento de menores

Otra de las peticiones más reiteradas entre los habitantes de Puerto Santander es que los Diálogos Regionales que se están realizando con el presidente Gustavo Petro no se queden únicamente en las problemáticas urbanas, sino que lleguen hasta las fronteras, donde no ha cambiado la vida desde la reapertura.

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Justamente en el encuentro con Migración Colombia, al que asistieron líderes de distintos municipios de Norte de Santander, se habló de la relación que hay entre la frontera y la “paz total”.

Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, cuenta que los liderazgos sociales se están preparando para la posibilidad de tener una participación activa de la sociedad civil en los diálogos con el Eln. La apertura de la frontera, según el líder, posibilitó que muchas de las problemáticas en orden público que generó mantener los pasos regulares cerrados salgan a flote y sean abordadas en una futura agenda de negociación con esa guerrilla.

En ese espacio también estuvo Carmen Elena García, una de las lideresas de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz, una organización que se dedica a la recuperación de niños y niñas reclutados por grupos al margen de la ley.

En lo que va del año, esta organización de mujeres ha logrado recuperar a 72 menores de edad que fueron combatientes. También han protegido la vida de 62 mujeres lideresas del Catatumbo que han sido amenazadas este 2022. Por eso piden a los grupos al margen de la ley en el Catatumbo que cesen los reclutamientos y liberen a los niños y jóvenes que tienen en sus filas.

Cultivos de uso ilícito, el otro tema a discutir

Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, plantea también que en los últimos 60 días han reportado varios casos de campesinos que aseguran que la guerrilla del Eln les ha pedido controlar el crecimiento de los cultivos de uso ilícito. “Muchos campesinos cuentan que por cada hectárea de coca sembrada les piden tener por lo menos dos hectáreas de comida, para evitar los monocultivos”.

Esa petición habría llegado justo antes de que la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) revelara su más reciente informe de monitoreo a los cultivos ilícitos en Colombia: justamente la región del Catatumbo —principal enclave de cultivos de coca en Colombia— reportó un incremento del 6 %, al pasar de 40.116 hectáreas a 42.576.

El caso más crítico fue el del municipio de Tibú (Norte de Santander) donde permanecen cultivadas 22.000 hectáreas de coca y donde precisamente, según Cañizares, han llegado los relatos de campesinos que cuentan que les piden poner control a los cultivos de uso ilícito. Sin embargo, para el líder la situación es mucho más compleja por tratarse de tantos grupos armados que convergen en el mismo escenario. “Lo que más preocupa son las otras estructuras distintas al Eln porque, por ejemplo, acá se mantiene una estructura del Epl en el departamento, además de la presencia de los Gaitanistas. Esta es la única región del país donde los paramilitares están ubicados en un área metropolitana, como pasa en Cucutá. ¿Cómo negociar con un grupo que está haciendo presencia en las áreas urbanas?”, comenta.

Dos líderes comunales de Asojuntas, que pidieron reservar su nombre por seguridad, explicaron que a pesar de los incumplimientos del Estado colombiano al implementar el Acuerdo de La Habana, esperan que la negociación con el Eln sea efectiva. “En nuestros territorios hemos visto cómo hay comandantes de la guerrilla que dicen que están esperando la propuesta de paz del gobierno para sentarse a negociar. Eso nos ha dado esperanza”. Su propuesta al gobierno Petro, que en próximas semanas podría dar noticias sobre la negociación con el Eln, es clara y concreta: Piden que la participación de la sociedad civil en los diálogos se haga a través de las Juntas de Acción Comunal de todo el país.

* Nombre cambiado por seguridad de la fuente.

Tomado de El Espectador

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