Casi todos los debates en Colombia, como en gran parte de América Latina, giran en torno al avance coronavirus y a las fórmulas para contener la pandemia. Pero el miércoles, cuando se conoció la violación de una menor indígena perpetrada por un grupo de militares, todo se congeló. 

El crimen, por el que han sido detenidos siete uniformados, no solo ha conmocionado al país, sino que ha acabado convulsionando su agenda, ha avivado una discusión jurídica en torno a la cadena perpetua y ha vuelto a poner al Ejército en el ojo del huracán. 

El Gobierno de Iván Duque, empezando por el presidente, condenó sin matices a esos soldados, que admitieron su culpabilidad. Sin embargo, el fiscal general, Francisco Barboza, recibió críticas por el tipo penal empleado en la imputación, el de “acceso carnal abusivo”. Este sábado, indígenas del pueblo “embera katio” rechazaron la violencia de los militares con un plantón convocado en la ciudad de Cali, reseñó El País.

La violación trascendió gracias a una denuncia de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que relató lo ocurrido en la comunidad de Santa Cecilia, en el pequeño departamento de Risaralda (centro-occidente del país). 

El pasado lunes una niña de 13 años “fue secuestrada y abusada sexualmente por un grupo indeterminado de soldados del Ejército Nacional de Colombia, pertenecientes al Batallón San Mateo, quienes aprovechando el aislamiento y la situación generada por la pandemia acometieron el hecho”. 

Con información de El País

Prensa Frontera Viva

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