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Por Prensa Frontera Viva

El objetivo de eliminar el interinato liderado por Juan Guaidó parece irreversible, tal como los conflictos que podría generar esta decisión dentro y fuera de Venezuela, especialmente por el reconocimiento internacional y los recursos otorgados a esta figura desde 2019.

El 233, 333 y 350 parecieran números de lotería, pero son las normas constitucionales en las que se amparó la Asamblea Nacional electa en 2015 – representada en su mayoría por diputados opositores – para activar y mantener la presidencia encargada.

Son estas fracciones de la oposición las que han votado a favor de una discusión sobre la reforma del Estatuto que rige la Transición Democrática y que pondría fin al interinato.

Respecto a este tema que ha elevado opiniones de políticos, jurídicos, académicos y expertos sociales, Frontera Viva conversó con Alejandro González, abogado constitucionalista y miembro del Bloque Constitucional Venezolano.

Discusión inconstitucional

En su opinión, la segunda discusión del Estatuto de Transición, es “absolutamente inconstitucional” dado que el interinato no se formó con base al Estatuto sino a lo previsto en los artículos 233 – el cual establece que el presidente de la Asamblea Nacional asuma el poder ante la falta absoluta del presidente electo en tanto sea convocada una nueva elección- y 333 de la Constitución que reza:

Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

“La creación del gobierno interino fue anterior a la creación del Estatuto, por lo tanto, la Asamblea Nacional no puede extinguir una institución que ellos no han creado y tampoco puede incurrir en la naturaleza de lo estipulado en los artículos”,

dijo González.

Sin embargo, el especialista cree que, si la gestión de Juan Guaidó y sus colaboradores es cuestionada y considerada como deficiente o negligente deben nombrar a nuevas personas, “pero lo que no pueden hacer es eliminar la figura del interinato”.

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Ante la propuesta de los diputados electos de 2015 de mantener juntas ad hoc con el fin de proteger los activos en el extranjero, González explicó que esto significaría la instauración de un gobierno parlamentario, lo cual se traduce a otro accionar anticonstitucional porque estarían usurpando funciones que le corresponden al Ejecutivo y que, por consenso político nacional e internacional, le fue otorgado a Juan Guaidó.

“Guaidó ha sido reconocido por países miembros de la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos, por lo tanto, su figura como presidente encargado es lo que ha prevalecido para el manejo de esos activos, pero ese reconocimiento no puede trasladarse, ni queriendo, a unas comisiones parlamentarias”.

Aunque el gobierno de Estados Unidos ha sido el abanderado en el respaldo al gobierno interino, el abogado constitucionalista recordó que representantes de dicho país han anunciado que van a mantener medidas restrictivas sobre algunos bienes venezolanos en el exterior.

“Esto ya nos da una idea. De producirse un cambio inconstitucional e ilegítimo no van a reconocer a nuevas autoridades y velarán por los activos dentro de su jurisdicción”.

Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres

Si bien el gobierno interino ha gozado de mérito internacional bajo la promesa “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, estas últimas demandadas por el artículo 233 de la Carta Magna -que establece la realización de nuevos comicios en un período de 30 días consecutivos para elegir al presidente de la República- González argumenta que en Venezuela no se han dado las condiciones para celebrar elecciones universales, libres y secretas y por ello hay una necesidad política de extender el interinato.

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Sin embargo, insiste en que la eliminación de esta figura significará el detrimento y deslegitimación de la Asamblea Nacional de 2015 en su conjunto, tanto dentro como fuera de Venezuela.

“No sólo serían usurpadores constitucionales sino también se sumaría al proceso de deslegitimación política al que viene siendo sometida la Asamblea por su inacción e incongruencias, y de esa manera va a terminar absolutamente desdibujada”, sentenció.

Este panorama político pone en vilo la confianza sobre la unidad opositora y compromete el escenario de las elecciones primarias para la contienda presidencial prevista para 2024.

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2 COMENTARIOS

  1. Excelente análisis, abarca una interpretación jurídica política que allana el camino para resolver la situación enrarecida propuesta por el denominado G3.

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