No hay límites para la ambición de la dictadura venezolana, que con más de 20 años en el poder se ha dispuesto a trastocar todo para seguir llenándose los bolsillos y disfrutando de grandes lujos mientras los venezolanos no tienen ni qué comer.

Dentro de esta red de codicia cayó una de las zonas más valiosas del país por su riqueza natural y biológica: el Archipiélago Los Roques. Un área natural con más de 300 islas y cayos que muchos califican como un paraíso, por sus aguas azules, arena blanca y diversidad natural.

Se calcula que en dicho territorio hay alrededor de 307 especies de peces, abundantes delfines, ballenas y numerosos tipos de vegetación.

Pero el lugar enfrenta una realidad fría y oscura. El régimen ha autorizado grandes construcciones «turísticas» que amenazan el importante ecosistema, saltándose normativas ambientales. Todo a cambio de contratos millonarios, en los que estarían involucrados personajes con fortunas de dudosa procedencia.

«Con la venia del Instituto Nacional de Parque (Inparques) y el Ministerio del Turismo, un grupo de empresarios ha levantado ocho excéntricas construcciones en el único parque marino del país», publica Armando.info.

Autorización de vuelos

El régimen de Maduro buscaría garantizar la llegada de turistas a pesar de la pandemia, por eso a inicios de noviembre autorizó los vuelos comerciales hasta el aeródromo El Gran Roque.

Esta medida contrasta con la restricción que mantiene sobre la mayoría de vuelos internacionales impuesta hace nueve meses a propósito de la pandemia por COVID-19.

La aerolínea estatal Conviasa salió inmediatamente a promocionar los boletos por redes sociales. «Adquiere tu boleto en las oficinas comerciales del IPSFA los próceres ubicada en Caracas o nuestra sede en Maiquetía», publicó la compañía.

La medida, reiterada por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), detalla que los vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía se reanudarán entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre.

La excepción de este destino denota la relevancia que tiene para la «revolución», un negocio redondo en el cual no tienen mucho que invertir, ya que los exuberantes paisajes están servidos en bandeja de plata, listos para ser explotados según la visión del régimen.

Destrucción sin principios

En el Gran Roque —única isla habitada del archipiélago— se ubican ocho nuevas construcciones. Proyectos privados en desarrollo que destacan por su exclusividad y daños a la zona.

Las edificaciones fueron autorizadas por Inparques en la cabecera noreste de la pista de despegue. Para esto destruyeron los manglares de la zona con el fin de construir los puertos privados, única forma de acceso a las viviendas, cercadas al norte por la pista de aterrizaje y al sur por el mar, señala la investigación de Armando.info.

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Además, construyeron malecones con materiales sólidos arrojados al mar tras acabar con los manglares, removiendo la arena y rellenando lagunas.

«Construir a orilla del mar, talar y rellenar manglares es un ilícito ambiental», declaró al medio José Ramón Delgado, director de la Fundación Caribe Sur.

Habitantes sospechosos

La investigación revela que entre los inquilinos de estas lujosas instalaciones está Anselmo Orlando Alvarado, padre de Orlando Alvarado, vicepresidente de finanzas de Derwick Associates.

Apenas fundada, Derwick logró hacerse de los contratos para la construcción de plantas termoeléctricas, cinco con la Electricidad de Caracas, cinco con PDVSA a través de Bariven, y una por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

El directivo de esta empresa es nada más y nada menos que Alejandro Betancourt, calificado como «bolichico» por enriquecerse a expensas del régimen.

«Betancourt y sus socios se habrían valido de sus relaciones con funcionarios del gobierno de Hugo Chávez a quienes, supuestamente, habría pagado sobornos para hacerse del negocio que, a la final resultó una gran estafa para el estado venezolano», reveló un reportaje elaborado por la periodista Maibort Petit.

La periodista agrega que la mayoría de los trabajos no concluyeron y al parecer, la empresa solo habría vendido chatarra o equipos reconstruidos con un gran sobreprecio.

Como vecinos de su lujoso módulo, están los hermanos Tadeo y Bernerdo Arosio Hobaica, dueños de cinco empresas en Venezuela, una de ellas —ATB Constructores, C.A.— construye actualmente hoteles de lujo en la capital del país.

Además, tienen registradas cinco empresas en Florida, también una sucursal de ATB Constructores, C.A. en República Dominicana y seis compañías en Barbados.

Visitas de famosos y poderosos

Otro vecino disfruta del primer módulo concluido: Julio Luis Borges Riquezes, miembro de la junta directiva del canal venezolano Televen y socio de una empresa offshore constituida en Aruba llamada Stone Fort Finance A.V.V.

Borges Riquezes no reside en la propiedad, pero sí la usan amigos «famosos y poderosos» según reveló un exempleado a Armando.info. También posee el módulo cuatro, ubicado junto a su propiedad.

«A esa casa asisten artistas, muchos invitados extranjeros y también gente poderosa de la política», añadió la fuente.

Entre otros nombres que figuran está «El Pelón» Capriles, heredero de la familia de editores e inversionistas y primo-hermano de Henrique Capriles Radonski. Según el portal Reportero 24, el primo de Capriles posee una fortuna de 2 000 millones de dólares.

Las penurias de la población

La exuberante calidad de vida en estos complejos contrasta con las condiciones de vida de la pequeña población de Los Roques.

Estas propiedades tienen su propia planta eléctrica y su planta desalinizadora, por lo que tienen luz y agua las 24 horas del día.

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Pero la población de unos 3 000 habitantes, debe sobrevivir con una planta eléctrica que no se da abasto, mientras que los residuos sólidos son quemados en un vertedero al aire libre.

Sumado a esto, los pozos sépticos muchas veces se desbordan o se vierten directamente sobre las aguas cristalinas del archipiélago.

Los pobladores tienen las manos atadas ya que en el año 2013 la dictadura prohibió nuevas construcciones (incluyendo infraestructura de servicios) porque a su juicio, la zona ya se encontraba a su máxima capacidad.

En noviembre de 2019 una protesta bloqueó el Aeródromo El Gran Roque, logrando detener cuatro camiones que trasladaban material para las lujosas construcciones.  Sin embargo, no se registraron cambios para el ciudadano corriente.

Cayos en subasta

En el año 2018, el dictador Nicolás Maduro reveló sus nuevas intenciones con la reserva natural, asegurando que el turismo es «un motor de divisas para la Agenda Económica Bolivariana».

Para el año siguiente, se realizó una rueda de negocios con inversionistas que fue denunciada por la periodista Valentina Quintero.

“Según la información que tenemos, son concesiones con regulaciones de 24 habitaciones, energía solar, manejo impecable de desechos, mínimo impacto y solo entre 2 y 3 por Cayo. Sin embargo, la realidad del Gran Roque es totalmente contraria», escribió en su cuenta de Instagram.

Agregó que las heces caen al mar, la basura que se quema al aire libre, hay plantas eléctricas abandonadas y unas construcciones al final de la pista que arrasaron con los manglares.

Sin embargo, entre los objetivos del Ministerio de Turismo estaba anunciar concesiones en los cayos de Crasquí, Francisquí, Noronquí e Isla Agustín.

El declive de Inparques

El silencio de las instituciones ambientales del régimen viene de la mano con la fractura que el chavismo ha logrado en todo el sistema institucional.

Todo comenzó en 2011 cuando Marisabela Godoy Peña fue designada como presidente de Inparques, quien incorporó al Frente Francisco de Miranda a la institución.

Este grupo fue creado por Fidel Castro y Hugo Chávez en La Habana como movimiento ideológico de la izquierda.

«De ahí en adelante la opinión de los técnicos era un estorbo», declaró a Armando.info la presidente del Sindicato del Instituto Nacional de Parques Nacionales, Marlene Sinfontes.

Adicionalmente, en el año 2014 el régimen ordenó la salida de los científicos e investigadores de la Fundación Científica de Los Roques, que trabajaba allí desde 1967.

De esta manera, la dictadura garantizó el silencio y la omisión en uno de los ecocidios más dolorosos para el país.

PanAm Post

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