El ocho de septiembre de 1939, luego de arduas discusiones en el Congreso Nacional, el presidente Eleazar López Contreras firmó la Ley que ordenaba la creación del Banco Central de Venezuela (BCV), una institución estructurada por Manuel Egaña.

Egaña, oriundo de Zaraza, estado Guárico, era para el momento Ministro de Fomento, cuando López Contreras le encargó la labor de idear el proyecto de ley del BCV, propuesta que se hallaba contemplada en el programa de Febrero de 1936, sobre el que se conducía el gobierno.

Para poder dar estructura a esta entidad que debía tener el monopolio de la emisión monetaria, Egaña fue enviado a Estado Unidos y a diferentes países de Latinoamérica para observar cómo funcionaba un sistema de banca centralizada.

El depositar la confianza en este personaje no era un salto arriesgado, pues su amplia trayectoria en la función pública le hacia acreedor de confianza. Egaña desde antes de recibir su título como abogado y doctor en ciencias políticas (1925), había trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De igual forma, este guariqueño fue director de gabinete en el Ministerio de Hacienda que presidía Alberto Adriani, un hecho que vale la pena mencionar en vista de que Adriani fue un empedernido impulsor de la idea de creación de un Banco Central, como lo menciona Luis Xavier Grisanti en el artículo López Contreras y Egaña fundan el BCV.

Pero como toda empresa que quiere surgir, hay toda sucesión de obstáculos y recapitulaciones que se presentan a lo largo del camino. Esta de la creación del BCV no es la excepción. A pesar de haber sido una petición directa del Ejecutivo Nacional, el proyecto de ley presentado por Egaña en 1937 debió ser sometido a debates en el Congreso Nacional.

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En este punto surgieron varias polémicas, sobre todo en torno al temor que generaba para muchos el hecho de que un banco tuviera un poder tan grande como el de emitir y regular la emisión monetaria, pasando todas las demás entidades bancarias existentes a depender del mismo.

Es bien sabido, sostiene Luis Xavier Grisanti en su mencionado artículo, que los bancos privados que hacían vida en el país se opusieron a la creación del BCV con sólido argumentos. Trayéndose a colación un reclamo en específico, el realizado por el banquero Henrique Pérez Dupuy, socio fundador del Banco Venezolano de Crédito, quien expuso los peligros que podían derivar de una banca centralizada.

Para Pérez Dupuy, era preferible que los bancos privados siguieran de manera separada emitiendo sus propios billetes. La creación de una entidad central con participación del Estado podía representar un peligro a causa de que la emisión monetaria podía ser en un momento dado usada para financiar el gasto público, como expresaba en un artículo publicado en el diario La Esfera.

Más adelante, la siguiente discusión se produjo cuando se exigía a los banqueros la venta de sus reservas de oro al BCV. Tanto el Banco de Venezuela como el Banco Venezolano de Crédito, llevaron ante la Corte Federal y de Casación lo que consideraban era una violación a los derechos de propiedad sobre el oro que guardaban en sus bóvedas.

Pero el estado venezolano ganó la demanda, lográndose crear el Banco Central de Venezuela, cuya sede en un primer momento se ubicó en la parroquia Altagracia de Caracas (1940). Y tuvo su acto de inauguración oficial el primero de enero de 1941. Para Egaña fue un logro destacado en su carrera, como refiere Rafael J. Crazut, en el libro El Banco Central de Venezuela, “justo es reconocer que ninguna otra persona demostró tan destacada actuación en este proceso como él”.

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Además, la entidad estaba constituida por capital mixto, lo que otorgaba mayor vigilancia y por ende seguridad en su funcionamiento. Esta condición se mantuvo hasta llegado el año de 1974, fecha en la que por decreto presidencial, gracias a los poderes especiales que el Congreso le concedió al entonces presidente Carlos Andrés Pérez, el Ley del Banco Central de Venezuela fue reformada.

Fue a partir de este momento que el total de las acciones del BCV fueron adquiridas por el Estado venezolano, lo por supuesto generó el reclamo de Manuel Egaña, quien, según cuenta Luis Xavier Grisanti en el artículo Manuel R. Egaña, constructor de instituciones, se negó a vender las 10 acciones que había adquirido por 500 Bs. cuando se fundó la institución.

Por infortunio para Egaña, la Suprema Corte, al igual que lo hizo en 1940, falló a favor del Estado venezolano, poniendo punto final a la relación del distinguido servidor público con la empresa que él mismo se había esforzado tanto por erigir.

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