Cerca de 18 instituciones religiosas emitieron una exigencia en común a través de un comunicado, entre ellas la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV). Piden que se juzguen a los responsables de la muerte del preso político de la etnia pemona Salvador Franco.

“Que los poderes públicos competentes asuman su corresponsabilidad por acción u omisión en este injusto crimen”, exigen las organizaciones.

El pemón se convirtió en el octavo preso político en morir bajo custodia del régimen de Maduro. Falleció el pasado 3 de enero tras sufrir una serie de complicaciones relacionadas a tuberculosis y un grave cuadro de desnutrición, según reveló el informe forense.

“Nos pronunciamos dolidos e indignados, ante la muerte de nuestro hermano indígena Pemón, Salvador Franco, preso político del Ejecutivo Nacional, quien falleció después de un largo período de agonía, en el cual los funcionarios responsables le negaron el acceso a la salud”, se lee en la misiva.

¿Por qué fue detenido?

Salvador Franco era uno de los 13 detenidos a finales de 2019 luego de ser señalado de participar en el asalto a dos instalaciones militares en el estado Bolívar.

Tras la detención, fueron acusados de terrorismo, sustracción de armas de fuego y municiones en resguardo.

Las organizaciones señalan que los abogados del Foro Penal y Amnistía Internacional, han indicado que los indígenas, “una vez detenidos”, fueron sometidos a cincuenta días de incomunicación y aislamiento. De igual modo, han denunciado torturas y malos tratos a lo largo del proceso de encarcelamiento.

Para las organizaciones religiosas, con estos hechos, el Estado Venezolano ha violado los artículos 5 la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establecen que “nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

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Igualmente, en el comunicado recalcaron que se realice una investigación exhaustiva y objetiva que lleve a determinar quiénes son los auténticos responsables de los hechos acaecidos en diciembre de 2019, donde un grupo de personas asaltaron un comando militar en el estado Bolívar.

Organizaciones firmantes:

Comisión de Justicia Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana 

Red Eclesial Panamazónica Venezuela (Repam) 

Vicariato Apostólico del Caroní 

Departamento de Misiones, indígenas y Afroamericanos (Demis CEV) + Consejo Misionero Nacional (Comina) 

Conferencia Venezolana de Religiosas y Religiosos (Conver) + Consejo Nacional de Laicos de Venezuela 

Fundación Centro Gumilla. 

Red de Acción Social de la Iglesia (Rasi) 

Universidad Católica Andrés Bello.

Centro Monseñor Arias Blanco de la Arquidiócesis de Caracas.

JRS Venezuela. 

Red de Casas Don Bosco. 

Vicaría Episcopal de los Derechos Humanos de la Arquidiócesis De Caracas. 

Fundación Itaka.

Arcores de Venezuela. 

Grupo Social Cesap. 

Directora Avesoc y Parque Social Santa Inés.

Casa Hogar Virgen de los Dolores.

Con información de Efecto Cocuyo

Prensa Frontera Viva

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