Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres venezolanas se hallan reconocidos en distintos instrumentos legales del país, pero su existencia en el papel no es sinónimo de garantías. Así, capturadas por un territorio sumido en el retroceso social, la libertad de las féminas sobre su cuerpo y salud se diluye en una espiral dramática.

Frontera Viva inicia -con este primera cobertura- un recorrido por la vulneración de los derechos en materia de salud de las ciudadanas venezolanas bajo la luz de especialistas en el área junto a organizaciones feministas.

El terreno a pisar

Fatales consecuencias enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres en la actualidad, pues el inclemente azote de la crisis instalada en la nación caribeña rezagó al olvido sus urgencias. De acuerdo al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la escasez de anticonceptivos en Venezuela alcanza el 80 % y las muchachas entre 15 y 19 años son blancos de embarazos precoces.

Las cifras son afianzadas en el último informe de ENCOVI (Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida), elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello, en el cual recalcan que el riesgo de ser madres a temprana edad crece a medida que la adolescencia avanza, siendo los 19 años la edad promedio en que una joven debuta como madre.

Si bien la red pública de salud distribuye anticonceptivos en los diferentes centros de salud del territorio, como parte del convenio entre el Ministerio de Salud y el UNFPA en el marco del plan de respuesta humanitaria, la información sobre el acceso gratuito a métodos anticonceptivos no es de dominio público.

La regularidad de la dotación tampoco está asegurada, por lo tanto, la ausencia de campañas informativas sobre disponibilidad y entrega de anticonceptivos, más la escasez de los mismos, reduce las opciones para impedir un embarazo no deseado y evitar enfermedades de transmisión sexual (ETS).

“Más de una década atrás, la mayoría de las venezolanas podía adquirir el método anticonceptivo de su preferencia, pero esa posibilidad llegó a su fin con el desabastecimiento, mientras las jóvenes son víctimas de la criminalización o el prejuicio si compran esta clase de medicación”, expone Magdymar León, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA).

Mujeres fuera de foco

Una emergencia más se suma a la crítica realidad: las leyes de salud pública en Venezuela carecen de perspectiva de género, es decir, permanecen desprovistas de una visión exclusiva orientada al tratamiento de las mujeres.

El valor de posicionar a las féminas en el centro de las legislaciones sobre salud, reproducción y sexualidad radica en consolidar como fundamental la protección de sus necesidades específicas. Asimismo, busca reconocer que la condición biológica no es el único determinante en la atención médica, también depende de otros elementos, siendo el género uno de los más importantes.

Cuando no gozan de tales derechos, el proyecto de vida de las mujeres resulta alterado. Al encontrarse privadas de elegir si desean ser madres o no, cuántos hijos planean y cuándo prefieren concebirlos, sus planes a futuro y oportunidades potenciales de aprender un oficio o nutrir su desarrollo profesional terminan cercenados.

De hecho, apenas el 8% de las madres adolescentes concilian la maternidad y los estudios, una consecuencia directamente proporcional a la maternidad temprana, plantea ENCOVI 2021.

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León explica que, dicha situación “no afecta de igual modo a los hombres, en tanto, el embarazo no ocurre en sus cuerpos. Además, percibir a las mujeres como las únicas con el deber de cuidar el hogar perpetúa una cultura y estereotipo capaces de impactar en su salud”.

El Estado les falla

La ausencia de educación integral sobre sexualidad, el poco o nulo acceso a los servicios de salud, métodos anticonceptivos, exámenes médicos femeninos, tratamientos retrovirales para las embarazadas a fin de prevenir la transmisión vertical y otras deficiencias son manifestaciones de la vulneración a la mujer.

La ONG feminista AVESA mantiene un derecho de palabra ante la comisión de la Asamblea Nacional responsable de la reforma a la Ley Orgánica de la Salud con el propósito de incorporar perspectiva de género, interseccional y de derechos humanos, explica León.

Frente a una posible reestructuración de la legislación, la también psicóloga clínica, destaca cuatro puntos álgidos a tomar en cuenta: las mujeres pueden ser discriminadas -además por su género- por su condición socioeconómica, discapacidades y raza. Por lo tanto, “la salud debe ser entendida como proceso y no como resultado” en el cual inciden tal clase de factores.

El segundo aspecto es la incorporación de los derechos sexuales y reproductivos a un capítulo concreto de la ley, pues se encuentran diseminados en diversos artículos de distintas legislaciones, pero, hasta el momento, no se hallan como bloque o conjunto.

Bajo la insignia #SaludParaTodas, la organización persigue incluir en la reforma el acceso y gestión de insumos menstruales (toallas sanitarias, tampones, copa menstrual y medicamentos referentes) con el objetivo de que también sean contemplados como fármacos esenciales.

En Venezuela, el paquete de toallas sanitarias más económico cuesta un dólar, el equivalente a un kilo de harina o arroz, y aunque parezca poco, para el 76 % de la población es inalcanzable debido a la pobreza extrema, tabulada por la encuesta ENCOVI.

La no instrumentalización de la anatomía femenina es la siguiente meta. Establecer la diferencia entre el aprendizaje y la práctica médica de la utilización de los cuerpos para prohibir que con una mujer en proceso de parto -por ejemplo- varios estudiantes de medicina aprendan a efectuar tactos, pues esto constituye un tipo de abuso.

Por último, a juicio de León, es igualmente de suma importancia que los programas de salud contemplen la preparación de médicos, enfermeros y demás personal hospitalario en temas de violencia de género contra las mujeres.

La desinformación general respecto a los tópicos mencionados es ocasionada de manera directa por el cerco informativo gubernamental, quien es el responsable de proveer insumos y datos para el desarrollo pleno de prácticas sexuales y reproductivas responsables.

Estos ejemplos de violación a los derechos de salud sexual y reproductiva de las venezolanas ocurren ante la inoperatividad del gobierno al ignorar el diseño e implementación de políticas públicas consistentes, con presupuesto asignado, monitoreo y supervisión en coordinación con las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil.

Hablemos de sexo, la conversación ausente

Sin la activación de campañas y diálogos oportunos sobre sexo y sexualidad en la agenda pública venezolana, la orientadora familiar María Helena González recomienda generar un canal de comunicación en el hogar, donde los padres propicien un ambiente de confianza que lleve a los menores de edad a la aceptación y la comprensión de su cuerpo y sus funciones.

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El primer paso a tratar son las heridas pasadas, aún por sanar, de los padres. Estos últimos deben atender su propia salud mental porque puede incidir en la de sus hijas e hijos. Los capítulos de vida inconclusos o los conflictos sin resolver son capaces de provocar situaciones similares en los pequeños.

“Si no es una prioridad, corren el riesgo de obviar ciertas alarmas en los hijos. Un adulto con sanidad emocional, tendrá hijos felices”, recalca González.

Un tema inicial para abrir la conversación sería enseñarles a las niñas y niños la correcta higiene de sus genitales, así es inculcado el sentido de responsabilidad personal sobre sus órganos sexuales, recomienda.

Los progenitores deben estar en absoluta disposición a escuchar y prestar especial atención a las palabras manifestadas por los niños, niñas y adolescentes. Sus sentidos tendrán que activarse como un radar a fin de notar, según las ideas expresadas por los menores, para qué tipo de conversaciones se encuentran listos.

Bromas doble sentido, chistes sexuales, comentarios elevados de tono, vocabulario avanzado para su edad e -incluso- la forma cómo visten pueden revelar que han estado en contacto con alguien que les hizo sentir su sexualidad o comenzaron a recibir información a través de otros medios como la pornografía.

González aconseja que, el acceso a alto contenido sexual es un tópico a abordar en lugar de evitarlo. Explicar con detalle a las chicas y chicos las implicaciones de un vídeo de esa índole es imprescindible: la pornografía implica a dos personas desarrollando un trabajo, no son una pareja, no mantienen un vínculo sentimental y no todo lo practicado a la mujer en el material le produce placer en la vida real.

Aclarar las concepciones entorno a la pornografía transmite la importancia de la conversación al mantener relaciones sexuales con otras personas para conocer qué desean, qué no y cuáles son sus límites. Así es posible inculcar el valor del consentimiento y el respeto por el cuerpo de los demás.

Sobre esta misma línea se halla la virginidad. La orientadora exhorta a despojar al asunto de cualquier visión rosa o satanizada con el objetivo de crear un criterio sólido en las hijas e hijos -no solo- respecto al inicio de la actividad sexual, incluso sobre la homosexualidad y el racismo.

La salud asociada a la masturbación también es otro tópico a tratar. Dado que no está dictaminada la edad para iniciarse sexualmente, la experta indica que la sospecha de esta práctica no debe ser catalogada como una enfermedad o como un acto prohibido, de hecho, recalca que con la masturbación se retrasa el encuentro sexual y, por ende, el riesgo de embarazos precoces o contagio de infecciones de transmisión sexual.

Al obviar las conversaciones sobre salud sexual y reproductiva, el Estado, las entidades educativas y los padres exponen a los niños, niñas y adolescentes a diversos escenarios: castrar su sexualidad por miedo, inseguridad, violencia de género y desconocimiento de leyes capaces de ampararlos. La desinformación puede derivar en una vida sexual prematura hasta la promiscuidad.

Si necesitas orientación sobre derechos, cuidado y protección de las mujeres, puedes contactar al servicio de consulta activa YEI (Yo estoy informada) al +58 0424-166-22-20. AVESA también tiene consultas en línea a través de Comtok, un WhatsApp de atención segura. En caso de precisar ayuda psicológica, puedes comunicarte con la psicóloga familiar María Helena González.

Prensa Frontera Viva

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