Las ONG en Venezuela son eximidas de presentar un listado de sus miembros y fuentes de inversión ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, tras la eliminación del artículo seis contemplado en la providencia que les exigía tal documentación.

También fueron suprimidos los lapsos para inscribir y evaluar los recaudos de las ONG, así como la norma penal por el incumplimiento planteado en la disposición. Sin embargo, aun deberán indicar con cuáles organizaciones tienen alianzas.

La modificación de la polémica resolución, impuesta por el régimen de Nicolás Maduro, fue revelada este jueves por Acceso a la Justicia.

“Hay que aclarar que la providencia 002-2021 es publicada como consecuencia de una reimpresión “por falla en los originales”, dado que esta había aparecido impresa de manera incompleta en la Gaceta Oficial 42.116 de fecha 29/4/2021”, explicó la organización en Twitter.

Igualmente, esta nueva providencia es inconclusa respecto a cuáles fueron las fallas y tampoco explica que se trata de una modificación de la anterior, aclararon.

Acceso a la Justicia advirtió “es una situación que no brinda seguridad jurídica”.

La ley aún conserva la entrega de actas constitutivas y de nombramiento de la Junta Directiva, debidamente registrada, y los estatutos sociales.

Asimismo, las ONG permanecen obligadas a entregar todos los recaudos a fin de obtener credenciales, las cuales les permitirán al representante legal de la persona jurídica cumplir con sus respectivas funciones.

Un paso peligroso del chavismo

Le puede interesar.  Dejan mensajes intimidatorios en casas de dirigentes opositores en la frontera

La norma implica una acción amenazadora por parte del gobierno de Maduro contra las instituciones encargadas de la documentación y denuncia de violaciones de los derechos humanos en Venezuela.

La exigencia parte de la presunción que las asociaciones sin fines de lucro y las ONG pueden cometer delitos de corte terrorista, según señalan en un comunicado más de 600 organizaciones en solicitud de anulación de la ley.

“Exigimos su derogación inmediata y el cese, por completo, de las políticas de criminalización y persecución”, aseveraron, entre ellas la sección para Venezuela de Transparencia Internacional.

La presión ocurre en medio del aumento de la presencia de actores humanitarios en el territorio por la autorización del Programa Mundial de Alimentos, la oficina de las Naciones Unidas abocada a la atención nutricional de poblaciones vulnerables.

De acuerdo a las estipulaciones contenidas en la Constitución Nacional, la decisión tomada por el régimen madurista viola el derecho humano a la libertad de asociación, la presunción de inocencia y legalidad.

Prensa Frontera Viva

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí