El reporte elaborado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para actualizar la evolución de sus planes de ayuda, expone la generalización de las fallas en el surtido del combustible como un riesgo para la población, en la reciente actualización del Plan Intersectorial de Preparación y Respuesta al COVID-19 en Venezuela. Sin embargo, las irregularidades en la distribución de gasolina acumulan más de tres años en algunas regiones. La deficiencia se generalizó a la par pandemia.

“Parte de la población enfrenta dificultades para acceder a los servicios de atención de la salud debido a varios factores, como la escasa cobertura del transporte, la falta de combustible y la falta de recursos económicos. Estas circunstancias afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables y aisladas. Incluidos los ancianos, los niños en situación de riesgo, las personas con discapacidad y las comunidades indígenas”, detalla el informe.

Más obstáculos

La ONU señaló que el problema impide la labor humanitaria. Esta limitación aumenta los obstáculos que comprometen la capacidad de respuesta, pese a la llegada de insumos. Es decir, pese a que el régimen agradeció la llegada de suministros, estos no se han podido entregar de forma oportuna.

Ante esto, el organismo insistió en la necesidad de flexibilizar las sanciones que pesan sobre la industria petrolera venezolana.

“En el contexto venezolano es particularmente importante aumentar las posibilidades de importar combustible y/o diluyentes para su producción, a fin de aliviar la escasez de gasolina como un obstáculo importante para el acceso humanitario. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachellet, también señaló que los países objeto de sanciones debían adoptar medidas que ofrecieran a las organizaciones nacionales e internacionales las garantías necesarias para llevar a cabo sus actividades humanitarias sin injerencias”, reiteró el organismo en el informe.

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El retorno

El retorno de emigrantes venezolanos desde naciones de la comunidad andina fue otro de los puntos que abordó el informe. El organismo urgió implementar medidas sanitarias adecuadas y un alojamiento temporal seguro a las miles de personas, incluidos niños, que abandonaron los países de acogida por el deterioro de las condiciones, resultado de la crisis global por el COVID-19.

Con información de RunRunes

Prensa Frontera Viva

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