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Carlos Ramírez

Dr. Carlos Ramírez. Abogado litigante con más de 40 años de experiencia. Especialista en Derecho Procesal, Penal, Civil y Derecho Constitucional. Diplomado en Litigación Penal Internacional. Escritor y articulista de varios periódicos.

Tarek William Saab ha estado entrado y saliendo de la Corte Penal Internacional “como perro por su casa” (del refranero venezolano), esto sin tener cualidad legal pues no ostenta ninguna designación ni venezolana ni de esa Corte para ello, y allí nadie le dice nada, se le admite a litigar en el caso sin objeciones, su abusiva actividad solo está dirigida a consolidar la impunidad para los crímenes lesa humanidad que vienen ocurriendo por años en Venezuela. Busca obtener el cierre de las decenas de denuncias que desde 2014 se vienen acumulando en las herrumbrosas gavetas de ese tribunal. Su mas reciente maniobra ha sido la de una queja que consignó por ante la Sala de Preliminares exigiendo que se limitaran las actuaciones de investigación que se realizaba desde la fiscalía de Bensouda, esto lo exigió mediante un “recurso confidencial para el control de actividades” alegando que ésta se estaba excediendo en sus atribuciones.
Ellos conforman la Sala de Cuestiones Preliminares 1 que es uno de los tribunales de base de la Corte cuya función es ejercer el control sobre los actos de la fiscalía a partir de la apertura formal de la investigación penal, que no durante el examen preliminar pues esa actividad solo está concebida para constatar la veracidad de las denuncias.
Cuando se creó la CPI mediante el Tratado denominado “Estatuto de Roma” se instituyó la forma como los Estados Parte se comunicarían con ese tribunal. Esto aparece determinado en el artículo 87.1 a), y allí expresamente se dispuso que eso se debería hacer “vía diplomática o por cualquier otro conducto adecuado que haya designado cada Estado Parte.” El gobierno de Venezuela designó para eso a una funcionaria específica que fue Haifa el Aissami lo cual consta en Gaceta Oficial 39.589 del 7 de enero de 2011 donde le asignó el título de “Embajadora” ante la CPI, cargo que ejerció muy activamente hasta que en fecha reciente Nicolás Maduro la sustituyó por Gladys Gutiérrez según consta en Gaceta Oficial 42.110 del 21 de abril del 2021. De manera que esta otra persona que viene ejerciendo esa representación del país ante dicho tribunal, Tarek William Saab, es un intruso, no es el conducto legal para ello, y la afiebrada actividad que viene realizando respecto al proceso que allí se adelanta denominado “Venezuela 1” es una intromisión indebida que viola el referido dispositivo del Estatuto de Roma por lo que debe ser rechazado “in limine” por no ajustarse a la regla específica que para ello se estableció y que constituyen una usurpación de funciones que no debe ser permitido.
Mientras Maduro a través de su funcionario Tarek William Saab trata de engañar a la Corte Penal Internacional diciéndole que en Venezuela existe un sistema judicial independiente idóneo e imparcial capaz de investigar y juzgar debidamente las violaciones a los derechos humanos que en el territorio nacional ocurran, mantiene las cárceles atestadas de prisioneros políticos en condiciones infrahumanas, torturados e imposibilitados de ejercer derecho a defenderse, uno de los mas prominentes de esos casos es el que vive quien fuera ministro de la Defensa, el General Raúl Baduel que bien pudiera tomarse como emblemático por ser uno de los mas antiguos y crueles.
La muy alta expectativa que hay sobre lo que pueda decidirse en los terrenos de la CPI mantiene alerta sobre la prosecución de la causa que por ante ella cursa por crímenes de los que se acusa a Nicolás Maduro y su cadena de mando, expectativa alimentada por la desesperación que en los últimos tiempos ha mostrado el régimen respecto al caso como lo demuestran los siguientes hechos:
Por años Colombia viene siendo escenario de una sangrienta guerra que ejecutan las FARC y el ELN y cuyo objetivo es tomar el poder para sustituir al estado democrático por uno dictatorial comunista y para lo cual cuentan con el apoyo del gobierno de Nicolás Maduro en continuación del que decretó Hugo Chávez, apoyo declarado, abierto, sin disimulo, por lo que no se entiende la falta de una adecuada respuesta militar defensiva. Es una cosa de supervivencia, o Maduro acaba con el Estado democrático de Colombia, o Colombia acaba con el régimen despótico de donde se alimenta la guerra en su contra.
¿Sería posible que entre los más de 5 millones de venezolanos de una de las migraciones más numerosas del mundo pudiéramos encontrar gente para formar un ejército libertador con su respectivo Estado Mayor para salir definitivamente de la tragedia que sufre nuestra patria?
El interés “in crescendo” que entre los venezolanos ha venido generando el tema de la Corte Penal Internacional es demostrativo de la razón de mi persistente afirmación de que la salida es judicial. Ahora estamos ante un nuevo episodio en las luchas que se libran en ese escenario, y es que la segunda persona que ha ocupado el cargo de Fiscal en ese tribunal mundial, Fatou Bensouda, ha repetido la actuación de su antecesor Luis Moreno Ocampo de dejar pasar el tiempo, 9 años cada uno de ellos, simulando ocuparse de perseguir el crimen mientras obtienen jugosas prebendas para al final irse a una jubilación dorada ejecutando ellos mismos un crimen, el de mediante la impunidad favorecer al delito que debieran haber perseguido.
Cuando Hugo Chávez accedió al poder estaba en plena efervescencia el proceso para la creación de la Corte Penal Internacional. Él se percató de la importancia que tendría ese organismo y de inmediato se dispuso a meter las manos tejiendo una red con el gobierno de Argentina en manos de los Kirchner y con unas tiranías africanas para infiltrarla. Fue gracias a aquella conspiración que en su arranque ese tribunal tuvo a dos ciudadanos de ese país a la cabeza, la Dra. Silvia Fernández de Gurmendi como presidente y el abogado Luis Moreno Ocampo de fiscal. La representación africana se la repartieron a un país -Gambia- gobernado por el tirano Yaya Jameh quien colocó a la persona que se desempeñaba como fiscal de su régimen, la abogada Fatou Bensouda a quien asignaron el cargo de fiscal adjunta. Por su parte Hugo Chávez además de sus influencias con los argentinos, infiltró a Haifa el Aissami, primero como embajadora ante los Países Bajos (La Haya) y luego Maduro la formalizó como embajadora ante esa CPI, caso único por cierto pues ningún otro país tiene la representatividad de un embajador ante ese tribunal. Esa atención de Chávez y de Maduro sobre la CPI nunca la disminuyeron, ellos retiraron a Venezuela de la OEA, también de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero nunca de la Corte Penal Internacional.
Decimos que la salida del drama venezolano es judicial pues tenemos cerradas las otras en las que en un principio ilusamente creíamos como fueron la intervención militar, así como un proceso electoral verdaderamente democrático. En cambio, una determinación de esa fiscalía certificando la ocurrencia de crímenes contra la humanidad y acusando a Nicolás Maduro y sus colaboradores como autores materiales e intelectuales, y emitiendo órdenes de captura para su enjuiciamiento tendría un efecto demoledor pues de los 193 países que integran la ONU, 123 forman parte del Tratado fundacional denominado Estatuto de Roma que es el que rige a la Corte Penal Internacional lo cual indica que Maduro quedaría vetado de toda representatividad no solo ante los países que integran dicho Estatuto sino también en el propio seno de la ONU.

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