fbpx
Inicio Opinión Carlos Ramírez

Carlos Ramírez

Dr. Carlos Ramírez. Abogado litigante con más de 40 años de experiencia. Especialista en Derecho Procesal, Penal, Civil y Derecho Constitucional. Diplomado en Litigación Penal Internacional. Escritor y articulista de varios periódicos.

En la población de Altagracia de Orituco, estado Guárico vivía el abogado Jhon Vidal y su esposa Lilly Guevara Parra y sus dos menores hijos Leticia y Sebastián actualmente de 5 y 4 años respectivamente. El 19 de abril de 2018 él llegó al pequeño apartamento alquilado donde vivían, ella le abrió la puerta, le preguntó dónde estaba y la respuesta que recibió fue que no tenía porqué darle explicaciones, seguidamente con una gran agresividad la agarró a golpes, le dio una paliza descomunal en la que le partió la cara, le tumbó un diente, la tomaba por el pelo y la batía contra la pared. Aquello fue un gran escándalo que llamó la atención de los vecinos que fue lo que detuvo la agresión. Ella se trasladó a al CICPC a denunciar el hecho y allí se abrió expediente penal K-18-0088-00216 donde consta lo antes expuesto, así como también el dictamen de Medicatura Forense sobre las lesiones recibidas. Al ser interrogada sobre los motivos ella solo atinó a decir que su esposo “parecía drogado”. Así consta en al acta.
La Junta Administradora de PDVSA Ad Hoc que es el equipo designado por Guaidó para dirigir a la empresa, o por lo menos a la parte de esta que no está bajo el secuestro de la tiranía, emitió un comunicado donde informa que el 14 de enero de 2021 la Corte del Distrito de Delaware ordenó un proceso de consultas respecto a la venta de las acciones de CITGO para pagarle a Crystallex el monto de la condena que dictó el CIADI por 1.200 millones de dólares, y que el objeto de dichas consultas consiste en buscar un mecanismo que minimice el impacto que dicho pago produzca sobre el control que hasta ahora mantenemos sobre CITGO. Dicho comunicado evidencia que la única opción que se considera es que hay que pagar la mencionada sentencia, que estamos rendidos ante la arbitrariedad, ante el asalto, que ella significa.
El sistema de justicia en Venezuela está tan o más devastado que la industria petrolera lo cual ya es mucho decir. La democracia puede sobrevivir sin petróleo, pero imposible que lo pueda hacer sin justicia.
Juan Vicente Gómez gobernó a Venezuela durante 27 años en los cuales hizo 15 hijos en dos matrimonios y 70 fuera de ellos, el resto del tiempo lo ocupó mayormente en sofocar rebeliones a punta de plomo y cárcel y para esto mandó elaborar un instrumento legal que denominó Código de Justicia Militar y Naval que activó el 21 de julio de 1933 en el cual se reservó la autoridad como el gran juez de jueces, el jefe de los procesos al que se sometieran todos los insurrectos bien fueran militares o civiles. Ese dictatorial propósito de mantener en el poder ejecutivo las atribuciones como el gran castigador legal de la disidencia política se ha sostenido en el tiempo. Aún hoy tenemos no solo a militares víctima de ello, sino también a estudiantes, amas de casa, trabajadores, dirigentes sindicales, periodistas y demás, solo que ahora ese instrumento fue adornado con un título rimbombante, se denomina “Código Orgánico de Justicia Militar”. Actualmente Nicolás Maduro mantiene aquella línea gomecista de nombrar jueces y fiscales militares, a unos directamente y a otros indirectamente para a través de ellos penalizar a quienes se le opongan.
“El odio es la venganza de un cobarde intimidado”. Esta frase de George Bernard Shaw podría tenerse como el resumen de la dramática relación que hubo entre Hugo Chávez y Raúl Isaías Baduel y que luego prosiguió con Nicolás Maduro, pero en éste predominando la cobardía que se manifiesta en la diabólica saña que no se limita a mantenerlo encarcelado por años sin atención a regla legal alguna, sino que la extiende a los hijos del prisionero en la mayor demostración de maldad y cobardía que se haya visto en la historia política venezolana.
El gobierno de Estados Unidos por medio de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incautó la suma de 342 millones de dólares que el BCV de Maduro tenía depositados en el Citibank de New York. Ese dinero fue transferido a la Junta Directiva del BCV que usted nombró presidente Guaidó, y de allí usted pidió que mediante un contrato de préstamo le acreditaran 80 millones de dólares para las operaciones del Estado bajo su mando, y para ello en fecha 5 de agosto de 2019 la OFAC le acordó la Licencia general Nº 31 con la que autorizó a celebrar el mencionado contrato. El 4 de enero del 2021 esa Licencia fue prorrogada bajo el número 31A.
Venezuela luce judicial y financieramente arrinconada por la amenaza de ejecución de varias sentencias condenatorias que ha emitido el tribunal de arbitraje internacional CIADI en numerosos juicios motivados a las expropiaciones dictadas por Hugo Chávez, trágica situación en la que ha contribuido grandemente la persona a quien la Asamblea Nacional y el presidente interino Juan Guaidó designaron para el cargo al que corresponde nuestra defensa, el Dr. José Ignacio Hernández, quien en algún momento deberá ser llamado ante un tribunal para que responda por sus actos.
Al terrible legado que nos dejaron Chávez y Maduro de una larga lista de demandas en tribunales internacionales se suma el desastre que se está acumulando en la gestión de Juan Guaidó en relación con la defensa que ha encomendado primero a José Ignacio Hernández quien después de una oscura gestión renunció ante el gran cúmulo de denuncias y críticas, y luego a Enrique Sánchez Falcón de quien no se sabe nada de lo que hace o deja de hacer pues ha preferido una actitud secretista. A cada uno en su momento se les invistió de autoridad como defensores de la república a título de “procuradores”, por supuesto, siempre dentro de la política de reparto de cargos entre los 4 partidos que dominan la escena en la Asamblea Nacional.
En tribunales suizos se libra una batalla por el rescate de una gran suma de dinero que han cuantificado desde 10 hasta 40 mil millones de dólares que fueron robados durante 10 años a PDVSA entre los años 2004 y 2014. Es la saga del famoso caso “US PDVSA Litigation Trust” un juicio que se inició en Miami y se extendió a Ginebra, Suiza donde los implicados llevaron ese dinero para ser lavado utilizando el sistema financiero de aquel país. Este caso presenta varias aristas, una es la lucha por esa fortuna que es reclamada tanto por el gobierno de Maduro como por el de Guaidó. Otra es la conversión impune de Suiza en un centro mundial de blanqueo de capitales producto de la corrupción.
Carlos Ramírez López   @carlosramirezl3 Rememorando mi carta a Patricia Janiot El proceso electoral que finalmente dio como ganador a Joe Biden ha sido uno de los más reñidos en...

Más vistos

Destacados del día