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Carlos Ramírez

Dr. Carlos Ramírez. Abogado litigante con más de 40 años de experiencia. Especialista en Derecho Procesal, Penal, Civil y Derecho Constitucional. Diplomado en Litigación Penal Internacional. Escritor y articulista de varios periódicos.

Carlos Ramírez López @CarlosRamirezL3 En resumen, Guyana se está adueñando del territorio en disputa a pesar de que en el Acuerdo de Ginebra del 17 de noviembre de 1973 de...
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Carlos Ramírez López   @CarlosRamirezL3 Ante la Corte Internacional de Justicia cursa un proceso incoado por Guyana cuya exigencia es la adjudicación formal y definitiva –pues la informal ya la ejerce– del territorio en...
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El sueño de cualquier escritor ha de ser que el presidente de Estados Unidos diga o haga cualquier cosa para que no se le publique un libro pues dará credibilidad al contenido así sea un montón de mentiras y generará gran interés para comprarlo. El gran negocio. Y si el disgusto presidencial llega hasta poner una demanda en un tribunal buscando una sentencia en ese sentido, será el éxtasis del autor como en este caso ocurre con John Bolton quien ya ha recibido un adelanto de la empresa editorial Simon&Schuster por la suma de dos millones de dólares por su libro.
En el extraño mundo venezolano hay duplicidad de instituciones, unas nombradas por el dictador Nicolás Maduro y otras por la Asamblea Nacional. Así tenemos dos directivas del Banco Central de Venezuela (BCV) que ahora mismo protagonizan una batalla en tribunales de Londres por las toneladas de oro de las reservas internacionales ilegalmente sustraídas por el tirano, unas las puso como garantía de un préstamo en la sucursal del banco alemán Deutsche Bank y otras ordenó esconderlas en el Banco de Inglaterra para allí tenerlas a disposición, pero el movimiento le ha resultado mal pues el banco temiendo las sanciones norteamericanas se ha negado entregárselas.
En la incesante retahíla del saqueo continuado a que estamos sometidos se suma el caso del Deustche Bank AG de Alemania donde Maduro hizo depositar 20 toneladas de oro para garantizar un préstamo de 750 millones de dólares que tomó en el año 2016, acto absolutamente ilícito ya que no cumplió con el requisito constitucional de someterlo al control previo del legislativo. Aquel préstamo se contrató bajo una modalidad muy compleja denominada Swap o permuta financiera que permitió al banco la ejecución por mano propia por incumplimiento, es decir, sin necesidad de entablar un juicio para quedarse con el oro dado en garantía.
En nuestra política judicial internacional hemos venido dando trompicones, el típico y mas reciente ejemplo lo configura el caso Crystallex donde fuimos condenados a pagar 1.400 millones de dólares y ante el agotamiento infructuoso del último disparo que nos quedaba, el recurso ante la Corte Suprema, en vez de reconocer que estamos en un serio aprieto perdiendo CITGO, se esgrime el engañoso argumento de que igual estamos protegidos por la orden ejecutiva del gobierno que prohíbe la ejecución de la sentencia por la que se nos condenó, verdad relativa que induce a proseguir en la línea equivocada.
Una extraña actividad mueve afiebradamente los hilos del poder que maneja la Asamblea Nacional respecto a la recuperación de activos robados durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que en una estimación conservadora se encuentran en los 500 mil millones de dólares. En nuestro Parlamento se han presentado desordenadamente cuatro textos legales para la misma materia: 1) Una ley aprobada. 2) Otra ley en situación de anteproyecto. 3) Un Acuerdo legislativo aprobado y 4) Otro proyecto de Acuerdo presentado. Estos textos están montados unos sobre otros, sin derogatorias ni aclaratorias por medio.
No tengo duda de que la trama “Gedeón” constituye un monstruoso hecho delictivo programado por el régimen de Nicolás Maduro con dos objetivos: 1. Atacar la imagen del gobierno norteamericano como fundamental soporte internacional de las luchas libertarias venezolanas 2. Profundizar la represión homicida como principal línea de acción de la dictadura genocida. En esto se encuentran involucrados como ejecutores del delito el militar pieza de la dictadura Cliver Alcalá Cordones y el norteamericano Jordan Goudreau utilizando como herramienta una empresa suya registrada en Miami denominada Silvercorp.

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