lunes, octubre 18, 2021
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Carlos Ramírez

Dr. Carlos Ramírez. Abogado litigante con más de 40 años de experiencia. Especialista en Derecho Procesal, Penal, Civil y Derecho Constitucional. Diplomado en Litigación Penal Internacional. Escritor y articulista de varios periódicos.

Preso emblemático que tras años sin debido proceso judicial muere en prisión tras la aplicación forzada de una inyección de sustancia desconocida y que apresuradamente el fiscal del régimen sale a anunciar como producto del Covid sin mediar procedimiento de investigación alguna.
Una verdadera bomba internacional de consecuencias civiles y penales es lo que ha estallado con ocasión de la denuncia del general Carvajal (el pollo) ante la Audiencia Nacional de España y que involucra a Baltasar Garzón, a la Fiscal General de España, Dolores Delgado, y al gigantesco bufete Squire Patton Boggs asentado en Washington D.C que representa al gobierno de Maduro, a PDVSA, etc.
En reciente comunicado de la procuraduría del gobierno interino dice que no se han hecho acuerdos comprometedores del patrimonio público en favor de la empresa ConocoPhillips con respecto a causas que mantienen en Cortes de Estados Unidos; que han informado transparentemente sobre el estatus de cada causa o ataque de acreedores como ConocoPhillips, Crystallex y OIEG contra CITGO; que la gestión de Juan Guaidó a través de la procuraduría ha venido defendiendo desde marzo de 2019 los derechos e intereses del Estado Venezolano en el extranjero participando en múltiples procesos judiciales y arbitrales y que esa defensa ha logrado la protección de CITGO.
El reciente pronunciamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió por unos meses mas la protección a nuestra empresa petrolera CITGO pero a la vez advirtió que durante la primera mitad del 2022 re evaluaría esa política, esto implica que entre enero y junio del próximo año podría permitir su ejecución judicial mediante el remate sentenciado a favor de la firma Crystallex y otras, así como también de los propietarios del malhadado Bono PDVSA 2020. Es decir, que estamos ante el riesgo inminente de perder a nuestra “joya de la corona”.
Después de los últimos acontecimientos nadie puede albergar esperanzas de que el gobierno de Maduro acceda sin fuerte, o fortísima presión, a devolvernos el país. Cada paso que dan demuestra que están por jugárselas todas para mantenerse en el poder. Solo se pueden vislumbrar dos alternativas para que se vayan en paz, una sería 1) que se les ofreciera impunidad total dentro o fuera del país a la camarilla dictatorial, o, 2) la actuación plena, fuerte, y sin tanta tardanza de la justicia internacional. Ellos están jugando a solo dejarnos con la primera. Les es vital acabar, destruir, demoler la segunda pues en eso les va la vida. Ojalá y la dirigencia política de la oposición oficial advirtiera esta situación y actuaran en consecuencia prestándole más atención, atención real.

La única salida que nos quedaba

La tormentosa situación venezolana viene clamando por un cambio, por la recuperación de libertades, por el disfrute de una economía que permita la producción y la importación de bienes y servicios suficientes para cubrir las necesidad de la población, de la convivencia sostenida en reglas y leyes de cuyo cumplimento se encargue un sistema de justicia independiente, capaz, honesto, atributos estos que se nos han arrancado a pedazos desde el aciago momento en que el socialismo de Hugo Chávez tomó el poder y luego se lo dejó en herencia a Nicolás Maduro. Ahora vivimos soñando en como recuperar aquello que perdimos, sueño que a veces se torna en pesadillas ocasionadas por la obstinación de quienes mantienen al país bajo secuestro y en oportunidades con la colaboración de algunos de los secuestrados.
Se ha insertado entre los primeros Acuerdos el embrión de un programa para la evasión del proceso que se tramita por ante la Corte Penal Internacional, esto mediante la apariencia de un retorno a un sistema de justicia nacional independiente y eficaz para juzgar los crímenes enmarcados dentro del concepto de Lesa humanidad que están siendo objeto del examen preliminar que se adelanta en La Haya.

HA MUERTO EL TSJ EXILIO ...

El gobierno de Estados Unidos por medio de la OFAC se ha negado a autorizar el pago de salarios a los magistrados del TSJ en el exilio lo cual implica un desconocimiento a su legalidad que no es mas que la consecuencia del desconocimiento que le ha dado casi desde un principio la Asamblea Nacional.
Después de mi denuncia sobre la oscura operación por la cual Nicolás Maduro y Tarek el Aissami dieron en venta el paquete accionario de la refinería dominicana REFIDOMSA, paquete propiedad de PDVSA, a una empresa fantasma -PATSA- registrada en el paraíso fiscal Islas Vírgenes poniendo como precio una suma mucho menor por el de la compra y sin el cumplimiento de los requisitos constitucionales para ello, denuncia en la que incluí reclamo al interinato para que dijera e hiciera algo, varios diputados se comunicaron conmigo para hacerme saber que la Asamblea Nacional sí se había pronunciado y me facilitaron el texto del “Acuerdo mediante el cual se rechaza la transacción realizada por el régimen de Maduro con las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo PDV. SA propiedad de PDV Caribe. Filial de PDVSA”.
El preocupante silencio del gobierno interino venezolano lleva a la interrogante de si esta relajación de las sanciones guarda relación con el proceso de dialogo que adelanta la Plataforma Unitaria y el régimen de Maduro en México

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