Por Carlos Ramírez López @CarlosRamirezL3
La foto que ilustra la noticia golpea la vista, es Pedro Carreño designado por Nicolás Maduro como presidente de una “subcomisión especial anticorrupción” para engañar, o para...
Maroil Trading AG, empresa propiedad de Wilmer Ruperti y que está registrada en Ginebra, es la responsable de la mayoría de las exportaciones del material que se denomina "coque" producido por la petrolera estatal venezolana. Está bajo investigación el hecho de que dicha firma compra a PDVSA la tonelada de ese material por 45 dólares y la vende en a 220 dólares. El diferencial es de 175 dólares por tonelada que PDVSA pierde a favor de la empresa de Ruperti, quien ni siquiera paga esos bajísimos precios por los que le ponen el producto, actualmente adeuda cuatrocientos veintitrés millones de dólares (US$ 432), inclusive se comprometió a pagar, y no la hecho, 138 millones de dólares en reparaciones de la infraestructura de uso para la carga de los barcos en una terminal clave en la costa este de Venezuela.
En el desenvolvimiento del más recientes de los muchos episodios del saqueo continuado con implicaciones conspirativas del terrorismo islámico que se ejecuta contra el patrimonio público desde los tiempos de Hugo Chávez para acá resulta necesario algunas precisiones.
El país está observando el inusual fenómeno de la destitución y hasta encarcelamiento de personas del Poder Judicial de Nicolás Maduro, tanto funcionarios administrativos como jueces de quienes trasciende la autoría de deleznables actos de corrupción así como de gravísimas violaciones a derechos humanos y a las normas que rigen la actividad de administrar justicia en Venezuela.
Visto el fracaso de gestiones pacíficas de negociación, el presidente Bukele estaba desarrollando una fuerte actividad ante el Parlamento y la Corte Suprema de El Salvador para unir a los tres poderes del Estado en un plan para enfrentar a las organizaciones delictivas que durante años martirizaban al país, pero, en respuesta las pandillas unidas emitieron una orden de ataque contra la población para demostrar su poder y hacer desistir de esos planes. Así fue como éstas emprendieron una oleada de ataques contra la población asesinando a hombres, mujeres y niños todos los días habiendo llegado al más alto nivel el 26 de marzo de 2022 cuando el país fue sumergido en un mar de sangre. Ese solo día mataron a 62 personas.
En la República de El Salvador está en curso un proceso de gran trascendencia nacional e internacional. El presidente Nayib Bukele ha puesto en práctica una actividad inclemente para llevar paz y seguridad a sus ciudadanos en un país azotado por la violencia impuesta por pandillas criminales que ningún gobierno ha podido someter. Ahora Bukele lo está haciendo. En corto período de tiempo reina la paz, la seguridad ciudadana, esto a costa de fuertes medidas contra esas pandillas ahora apaciguadas, pero a contraparte hay una oleada de reclamos por los derechos humanos de los pandilleros.
El Diputado emérito Walter Márquez, en nombre de la Fundación El Amparo quien por años ha venido desempeñando un fuerte trabajo en pro de los Derechos Humanos, ha concluido un informe dirigido a la Corte Penal Internacional sobre crímenes Lesa Humanidad que bajo responsabilidad gubernamental se han venido ejecutando por años en Venezuela.
Carlos Ramírez López @CarlosRamirezL3
Esta es la segunda parte de la historia iniciada en mi anterior artículo: https://www.fronteraviva.com/la-impactante-historia-de-la-suprema-corte-de-estados-unidos-1/
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Como el nombre lo indica, Estados Unidos...
Carlos Ramírez López @CarlosRamirezL3 @DrLeyCRL
Años atrás asistía a un curso de Estudios Avanzados de Derecho Constitucional en la UCAB en Caracas, y en la cátedra que impartía el Dr. Jesús María Casal nos habló del...
La denominada “Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica” es un mecanismo de control del Estado que promueve el proselitismo político en las escuelas y liceos del país. Esto ha sido denunciado por la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes. Se trata de un instrumento de apariencia legislativa que solo persigue liquidar la lucha que los educadores vienen dando por salarios que les permita vivir y sostener a sus familias. Quieren sustituirlos por muchachos liceístas para incorporarlos como activistas del gobierno y acallar las multitudinarias y sostenidas protestas que se escenifican en todo el territorio nacional.
