En emergencia se declaran empresas de carga internacional ante las sumas millonarias en bolívares, convertidas en moneda virtual que deben pagar para habilitar sus vehículos. El pasado 27 de julio, se vencieron los permisos vigentes y tanto empresas como transportistas manifestaron no contar con los recursos para la renovación, además que desde febrero de 2019, el cierre de fronteras mantiene inoperativo el transporte internacional, al menos por la frontera del Táchira
Por Rosalinda Hernández C.
Como si fuera poco la paralización del transporte de carga internacional desde febrero de 2019, luego del cierre de frontera, los aranceles que a partir del 27 de julio deberán pagar transportistas y empresas transportadoras de carga para ser habilitadas por el sistema, representan sumas millonarias que aseguran no poder cancelar.
Vladimir Tovar, director de la Cámara Social de Transporte de Carga del fronterizo estado Táchira, ubicado al oeste de Venezuela, informó sobre la situación en la que se encuentran las empresas de transporte de carga internacional, autorizadas por el Ministerio de transporte terrestre,
El directivo precisó que desde el pasado mes de julio, se ha complicado el panorama para los transportistas porque el desempeño de estas empresas está sujeto a tener en vigencia los permisos para su operatividad.
El denominado “certificado de idoneidad”, es indispensable y cada vehículo de transporte que haga cruces de fronteras o transporte internacional entre Venezuela y Colombia debe tener la respectiva notificación, conocida como habilitaciones.
“En estos momentos las empresas de transporte internacional tienen una emergencia porque el pasado 27 de julio, se vencieron los respectivos permisos vigentes y tanto empresas como transportistas no han podido realizar la renovación porque desde febrero de 2019, tras el cierre de fronteras no se ha podido realizar transporte de carga internacional”.
Paralizados
Alrededor de 40 empresas de transporte internacional están paralizadas desde febrero de 2019, lo que aniquila la generación de ingresos y la capacidad financiera para cumplir con las obligaciones previstas para la renovación exigida por el Ministerio de Transporte, detalló Vladimir Tovar.
Se ha generado el pago obligatorio de tasas arancelarias por parte del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, equivalentes a 20 petros, (333.646.377,20 bolívares, al cambio del día) para renovar certificado de idoneidad y cinco petros, (83.524.292,65 bolívares), por cada vehículo para renovación de flota a ser habilitada para transporte internacional, precisó.
El nuevo pago arancelario ha provocado que los transportistas tengan bloqueada toda la permisologia ante el sistema aduanero y ante cualquier oportunidad de realizar operaciones con Colombia.
“Años anteriores se había cumplido con estas renovaciones y los pagos generados que eran calculados de acuerdo a la unidad tributaria y timbres fiscales, antes de convertir al petro como indicador referencial para las tasas. Esto significa un considerable incremento para un sector que actualmente no tiene capacidad de pago”.
Piden reconsideración
Los involucrados han remitido planteamientos para reconsiderar dichos pagos han sido presentados a diversos organismos como Consejo Legislativo del estado fronterizo, al Instituto de Transporte Terrestre, Ministerio de Transporte, a fin de tomar medidas que reconsideren este proceso de renovación para operar como transporte de mercancía internacional por carretera.
La flota que se encuentra paralizada no es menor a 200 unidades de carga. Les ha tocado realizar unas pocas operaciones de transito nacional, a pesar que su principal negocio es el transporte internacional que no se ha podido ejecutar por el cierre de frontera, informó el representante de la Cámara de Transporte.
“Hacemos un llamado a las autoridades y solicitamos dar un tratamiento especial, bien sea exoneración total o parcial, cumpliendo ciertos mecanismos para que tanto empresas y transportistas puedan cumplir con las obligaciones y puedan ser reactivadas las habilitaciones, certificados de unidad en los sistemas aduaneros venezolanos y plataformas aduaneras del lado colombiano”.
Se pidió prorroga de un año para cancelar certificados de idoneidad y habilitaciones, tomando en cuenta las afectaciones financieras del sector de transporte de carga internacional.
“Con condiciones de trabajo y con la frontera abierta, generándo intercambio internacional, el sector transporte estaría laborando, pero no es así. Se trata en estos momentos de pequeños transportistas, empresas familiares que desde febrero de 2019, ven afectada su oportunidad de trabajo”.
Se trata de un sector sensible que atraviesa una problemática social que se incrementa ahora sin condiciones para el funcionamiento ante una eventual reactivación aduanera, agregó Tovar.
