El Arco Minero del Orinoco (AMO) nació como un proyecto de desarrollo estratégico nacional creado por el chavismo en 2016. Está conformado, en su mayor extensión, por el Norte del estado Bolívar y, en menor medida, por Amazonas y Delta Amacuro. Es la zona más rica en minerales de toda Venezuela; oro, cobre, diamante, hierro, torio y coltán son algunos de los minerales que son explotados por el régimen de Nicolás Maduro, el crimen organizado y grupos irregulares extranjeros mediante la minería ilegal.

El chavismo como sistema político es a grandes rasgos una máquina eficaz de generar violencia, impunidad, corrupción y muerte. Y esto fue lo ocurrió con el Arco Minero del Orinoco (AMO). Vieron la oportunidad idónea para impulsar la minería ilegal para financiar sus proyectos criminales.

La explotación del arco minero ha traído una deforestación que, en un tiempo cortísimo, se convirtió en un ecocidio sin precedentes; hizo que las violaciones a los derechos de los indígenas sean todavía mayores; viene provocando un etnocidio sistémico; y ha generado una serie de actividades ilícitas que ha transformado el territorio en una zona de terror.

El hampa común y las guerrillas se disputan la zona, oprimiendo a los pueblos originarios y a muchos venezolanos que han encontrado en la minería ilegal una vía para sobrevivir. Todo bajo el amparo y la mirada cómplice de las fuerzas de seguridad de la tiranía. La única ley que existe es la que impone la criminalidad, creando una cultura de la violencia que solo ha traído muerte y crimen.

Pero todo esto debe ejemplificarse con testimonio y estudio, porque las consecuencias del AMO tienen muchísimas vertientes que merecen ser denunciadas. Entre las más importantes está el cómo utiliza el régimen de Maduro la minería ilegal como un arma económica, política y geopolítica, luego viene lo que esto ha generado: ecocidio, etnocidio y crimen; quiénes manejan el arco y quiénes se los permiten; su fachada legal y lo más importante: cómo esto está siendo vital para sostener al régimen mediante la comercialización ilegal del coltán, oro y los intereses en los recursos naturales venezolanos por parte de sus aliados ideológicos y políticos: China, Rusia, Irán, Cuba, Turquía y las guerrillas colombianas.

La fachada legal del chavismo que hizo proliferar a la minería ilegal

La Asociación Civil Kapé-Kapé publicó en su informe sobre la minería ilegal 2020, algunas de las crudas realidades que viven las personas que habitan en la zona; mencionan la situación con respecto al hampa y la ocupación de grupos irregulares; así como también las actividades criminales que se están desarrollando en la zona. Pero una de las cosas que, particularmente, llama la atención, es cómo el Estado venezolano ha promulgado decretos y resoluciones con el objetivo de hacer la minería del AMO una “actividad legal”, pero con mecanismos notoriamente insuficientes y con toda la intención de que así lo sea.

Existen minas con el “amparo legal correspondiente” para ser trabajadas, también se han aprobado autorizaciones a empresas de carácter mixto, pero su aporte al fisco nacional ha sido prácticamente inexistente. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente, porque no hay inversión de capital extranjero. Ninguna empresa se animaría a invertir y trabajar en las minas en Venezuela. ¿Las razones? Elija: inestabilidad política, económica y social; la inseguridad jurídica y física (violencia); las expropiaciones y la poca contraprestación son algunas de las razones para que no haya inversión. El único capital extranjero que puede llegar a esta zona es gracias a razones políticas y provienen de Moscú, Teherán, La Habana y Pekín. Como pueden deducir: es una zona diseñada para que la ilegalidad y la criminalidad sea la norma.

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La ausencia de un Estado venezolano con “reglas claras” conjuntamente con un régimen totalitario en Miraflores (Palacio Presidencial) que sólo le interesa el enriquecimiento ilícito, el apoyo político y el control social ha generado la proliferación a gran escala de la minería ilegal en el AMO. El fondo del meollo es simple: al chavismo jamás le interesó crear un sistema legal para controlar la extracción responsable de minerales preciosos y estratégicos para la nación; ellos solo querían el recurso y lo iban a obtener a como dé lugar. Así que la pobre fachada legal se desmorona con los hechos.

La estructura delincuencial chavista en el arco minero y sus aliados internacionales

Una de las empresas que funge como explotadoras es Wall Marketing, que se encarga de trabajar el Coltán a cielo abierto. Este mineral, hasta ahora, no ha aportado un solo centavo de dólar al fisco nacional pese a que lleva años explotándose. Misma situación ocurre con el diamante. El que sí aporta algo de dividendos es el oro, que reporta al Banco Central de Venezuela a través de la empresa estatal CVG Minerven.

Lo primero que hay que destacar con respecto al oro azul – como se le conoce al coltán – es que el que maneja el negocio es nada más y nada menos que Nicolás Maduro Guerra, el hijo del tirano Maduro. El diputado de la Asamblea Nacional, Américo de Grazia (que ha hecho una gran labor denunciando los crímenes que se perpetran en el AMO), lo denominó como “El Zar del Coltán”, básicamente, el cabecilla intocable de todo el negocio. Esto ejemplifica como funcionarios o allegados del régimen en Venezuela manejan y tiene intereses económicos en la zona.

Sobre el contrabando del Coltán y para tener una idea de las cantidades que se contrabandean desde Venezuela: en el año 2018 se incautó cinco toneladas de coltán en el puerto de Trieste en Italia; el proceso fue realizado por la fiscalía de Italia y todavía está bajo el signo de la investigación.

La explicación del por qué el oro si reporta al fisco y, el diamante y el coltán no, es bastante simple: las dos últimas no tienen concesiones, pero la primera sí, y está ubicada en El Callao perteneciendo exclusivamente a CVG Minerven.

Lo interesante de esto es que CVG la está operando Mibiturven, que es minería binacional turca venezolana. Américo De Grazia aseguró en conversación con el PanAm Post que “de turca no tiene absolutamente nada, el propietario es Alex Saab, solo que la registró en Turquía (…) y usan a Turquía como mascarón de proa para sacar al oro de Venezuela”.

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Hay que recordar que Alex Saab es uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro, un hombre vital para el régimen que actualmente enfrenta un proceso de extradición a los Estados Unidos mientras es retenido por la justicia de Cabo Verde. Otras de las compañías del testaferro del régimen es una empresa de carbón en el Zulia, Carboturven, y una de madera llamada Mavetur que está en Monagas, Anzoátegui, Aragua, Barina, Bolívar y Apure.

El proceso de extracción del oro en la región de El Callao ha generado en la zona un contexto social terrorífico. La inseguridad es uno de los grandes males que afecta a los habitantes, pero un dato relevante es como la explotación laboral se ha vuelto cotidiana y cómo están utilizando a los jóvenes como parte del proceso.

De hecho, según el periodista Ebus Bram, en su estudio «Venezuela Paraíso para los contrabandistas», reseña que aproximadamente un 45 % de los mineros en la región de El Callao son niños y adolescentes. Estos jóvenes, al igual que todos los mineros de la zona, están sometidos a condiciones laborales precarias y extremadamente dañinas para la salud por las sustancias químicas utilizadas. El mercurio es un claro ejemplo.

Pero no son solamente funcionarios y allegados del régimen quiénes tienen intereses económicos con la minería ilegal y la explotación de recursos naturales del arco minero. Según indicó el diputado De Grazia, el régimen de Maduro, en calidad de sus propios intereses geopolíticos, ha facilitado la ocupación de la zona para sus principales aliados internacionales.

A todo esto, debe agregarse que en el arco minero operan distintos grupos armados en favor del régimen, el primero de ellos, y es el que les proporciona un paragua a todas las partes interesadas con la tiranía, es el Cartel de los soles que maneja la droga y el contrabando de estupefacientes en el territorio.

Pero la ocupación extranjera no es únicamente un factor económico-político, sino también ideológico-criminal. En el arco minero, actualmente, las guerrillas de ideologías marxistas, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), trabajan y operan libremente en el AMO. Según cuenta De Grazia, estos grupos guerrilleros trabajan como filiales de Cuba para conseguir recursos económicos y financiar actos de terrorismo en la región.

Luego están las milicias pro iraníes representadas en los grupos terroristas de Hezbollah y Hamas, quiénes velan por los intereses del régimen de Teherán y son franquicias de Irán protegidas por el exvicepresidente de Venezuela y actual ministro de Petróleo, Tareck El Aissami.

En menor medida, en el eslabón final de la cadena alimenticia, se encuentran los sanguinarios colectivos, que son una serie de grupos armados venezolanos que están por y para la tiranía de Maduro. A un nivel similar se encuentran los sindicatos y el hampa común, que son provenientes de las cárceles y que se introdujeron en las minas durante el régimen de Chávez con promoción y amparo de Francisco Rangel Gómez cuando fue gobernador y presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para monitorear las actividades auríferas en la región.

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