Desde el año 2014, ha sido consecuente la denuncia y documentación de la persecución política en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro; un patrón sistemático que ha demostrado el hostigamiento del gobierno de facto en contra de la disidencias venezolanas y que, a su vez, se agudiza a la par de la crisis socioeconómica.  

Ahora, en un contexto de emergencia sanitaria agravada por la pandemia de Covid-19 y que ha llevado a declarar un estado de alarma nacional, el régimen ha aprovechado para vulnerar aún más los derechos fundamentales de los venezolanos.

Lejos de darle prioridad a las condiciones de vida de los ciudadanos y de atender la crisis en el sistema de salud, continúan y se agudizan los ejercicios de persecución en contra de los líderes democráticos con el fin de ejercer un control total.

Los métodos de intimidación del régimen

Encarcelamientos

Por otra parte, las privaciones ilegitimas de la libertad y la vulneración del derecho humano al acceso a la justicia y al debido proceso es otro de los patrones que el régimen aplica continuamente para silenciar a la disidencia, así pues, desde el inicio de la cuarentena (16 de marzo de 2020), se ha revelado un incremento en la cifra de presos políticos respecto a los meses anteriores durante la cuarentena.

De acuerdo con estas cifras, el director de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, asegura que Venezuela sigue siendo el país con mayor número de presos políticos de todo el continente, superando a Nicaragua y Cuba.

Torturas

El año 2017 marcó un período de multitudinarias y constantes protestas en contra de las políticas de la cúpula chavista que han llevado al deterioro de la calidad de vida de los venezolanos.

Asimismo, fue un año con un alto índice de detenidos, principalmente estudiantes y dirigentes políticos. Hasta abril de ese mismo año, 5.400 personas fueron detenidas en el contexto de manifestaciones.

Los organismos de seguridad del Estado atacan a cualquiera que intente oponerse a las políticas impuestas por quienes usurpan el poder en Venezuela. Foto cortesía.

Sin embargo, también hubo detenidos civiles por filmar en las manifestaciones, tal como ocurrió durante la represión de 2014.

A menudo, no se informó a los detenidos sobre los motivos de su arresto, y a veces ni siquiera se les dijo qué autoridad estaba realizando la detención. En algunos casos, las detenciones fueron llevadas a cabo por miembros de pandillas armadas partidarias del gobierno llamadas “colectivos”, que luego entregaron a los detenidos a las fuerzas de seguridad.

Ante estos hechos, los cuerpos de seguridad han mostrado la posibilidad y su voluntad de llegar al límite de cometer hechos degradantes e inhumanos en contra de quienes luchan por un país democrático, crueldades que han alcanzado el grado de tortura.

Según detalla el informe conjunto, preparado por Human Rights Watch y el Foro Penal de 2017, miembros de las fuerzas de seguridad han cometido abusos como detonar cartuchos de gases lacrimógenos en espacios cerrados donde había personas detenidas, mantener a grupos de detenidos por períodos prolongados en celdas de confinamiento minúsculas, y negarles acceso a alimentos o agua u obligarlos a comer pastas crudas mezcladas con excrementos u otros alimentos contaminados deliberadamente con cenizas de cigarrillos o insectos.

Asimismo, a algunos detenidos se  les ha negado acceso a tratamiento o atención médica ante patologías preexistentes o lesiones sufridas durante la detención.

La mayoría de estos abusos  que hasta el día de hoy siguen perpetrando, ocurren  en bases de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) o en sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Al coronel Mejías Laya lo mantuvieron amarrado y con los ojos vendados durante 30 días. Foto cortesía.

Estas acusaciones han sido denunciadas reiteradas veces por familiares de los privados de libertad en manos del régimen y por organizaciones defensoras de derechos humanos como el Instituto Casla, que en su informe anual presentado en enero de 2020, reafirmó tales prácticas inhumanas.

De igual manera, han insistido en la advertencia y denuncia de la injerencia de militares cubanos en los cuerpos de seguridad venezolanos, participando en la planificación y actuación en crímenes de tortura.

Asesinatos y  “suicidios” en la impunidad

Desde que en el 2004 el fallecido expresidente Hugo Chávez y sus aliados en la Asamblea Nacional de entonces tomaron el control político del Tribunal Supremo de Justicia, el poder judicial ha dejado de actuar como rama independiente del Estado; dejando de fungir como freno ante los abusos de poder por parte del gobierno de facto y como garante de derechos fundamentales.

Bajo esta cúpula de corrupción y conveniencia, se maquillan casos de asesinato, ejecución y presuntos suicidios de quienes el régimen acusó de “traición a la Patria” por revelarse en contra de la más catastrófica situación que ha azotado a Venezuela.

Ejecución del disidente al régimen Oscar Pérez

El hombre que sobrevoló los cielos en un helicóptero sobre la sede del Tribunal Supremo de Justicia TSJ quedó en la memoria de todos los venezolanos luego de su asesinato el 15 de enero de 2018. Óscar Pérez era funcionario y ex-piloto del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC)cuando comenzó a pronunciarse en contra de las políticas del usurpador  Nicolás Maduro. Fue uno de los que llamó a la rebelión por medio de la aplicación del artículo 350 de la Constitución Nacional de Venezuela.

El sobrevuelo de Óscar Pérez. Foto cortesía.

Óscar Pérez, había permanecido en la clandestinidad, luego de que el 27 de junio de 2017 llevara a cabo aquella maniobra desde el helicóptero que sobrevoló el TSJ.

El lunes 15 de enero de 2018 el mundo miraba asombrado y horrorizado el asesinato de Óscar Pérez, producto de la “Operación Gedeón”, una masacre llevada a cabo por funcionarios de inteligencia militar comandados por GNB, SEBIN, DGCIM y PNB en el kilómetro 16 de El Junquito. Allí se dio captura al expiloto del CICPC, quien era uno de los hombres más buscados por el régimen.

Por más de cuatro horas, desde varias zonas de El Junquito, se escucharon las detonaciones provenientes del sector El Cujicito, en el que alrededor de las 10:30 am, se produjo una explosión  provocada por un lanzacohetes antitanque RPG-7.

En fotografías suministradas por funcionarios que estuvieron involucrados en los hechos y que ahora son perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro, se observa como a pesar de que la víctima se rindiera ante el ataque de los funcionarios enviados aquel día de la masacre, su cuerpo presenta evidencias flagrantes de un ataque que viola todos los derechos humanos

El mundo condenó el genocidio de Pérez y otras siente víctimas que acompañaban al líder de los sublevados.  Una de las primeras personas públicas en pronunciarse fue la exfiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz quien denunció en la Corte Penal Internacional CPI, a Nicolás Maduro y a dos altos funcionarios del Gobierno por “masacrar” al grupo del exagentes.

Países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Uruguay, Alemania, España, Italia y Francia, fueron escenarios de diversas manifestaciones de rechazo a la masacre cometida contra Óscar Pérez y su grupo.

Tortura hasta la muerte del capitán de corbeta Acosta Arévalo

El capitán de corbeta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Rafael Acosta Arévalo, fue una de las víctimas de desaparición forzosa (acción que se explica como toda detención o privación arbitraria de la libertad, por parte de agentes estatales, seguida por la negativa de brindar información sobre el paradero de la persona, manteniéndola incomunicada, y la no presentación de dicha persona ante una autoridad judicial competente en un margen de 48 horas desde que ocurre la detención inicial).

Capitán Rafael Acosta Arévalo. Foto cortesía.

Acosta fue acusado por el régimen de “conspirar para llevar a cabo un intento de golpe de Estado”. Tras su detención, el 21 de junio de 2019, fue sometido a torturas por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Video de denuncia de desaparición forzosa por parte Waleska Pérez, esposa del capitán Acosta

La tortura a la cual fue sometido Acosta se evidenció cuando fue presentado ante el tribunal 3ero de control militar. Según dijo en un comunicado la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, cuando el capitán acudió a la corte estaba “en silla de ruedas, con la mirada absolutamente perdida y con evidentes signos de fuertes torturas”.

Según esta ONG, su condición “era tal que le era prácticamente imposible hablar, solo pudo pedirle ‘auxilio’ a su abogado defensor, también se denunció que no tenía coordinación motora y no podía levantarse de la silla”.

Estas condiciones produjeron la muerte de Acosta Arévalo el 29 de junio de 2019. A un año de su deceso, Waleska Pérez, esposa del capitán, mantiene la lucha por la criminalización internacional a los abusos de poder de los funcionarios a órdenes del régimen.

Presunto suicidio del concejal Fernando Albán

La muerte del concejal del municipio Libertador, en Caracas, sobresaltó a toda Venezuela debido al escenario que enmarca su muerte.

Pocos días antes de su deceso, Fernando Albán fue detenido y acusado de participar en el presunto plan para acabar con la vida Nicolás Maduro, y otros personeros del régimen, con la explosión de unos drones durante un desfile militar el 4 de agosto de 2018.

Concejal Fernando Albán. Foto cortesía.

¿Cómo ocurrió el fatídico hecho? El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, indicó que Albán, encarcelado al llegar a Venezuela proveniente de Estados Unidos, se suicidó lanzándose desde el décimo piso del Servicio de Inteligencia (Sebin) en el centro de Caracas cuando iba a ser trasladado a tribunales.

Según Saab, Albán solicitó ir al baño “y estando allí se lanzó al vacío”. Por su parte, Néstor Reverol, señaló que Albán se encontraba “en la sala de espera” de la sede del Sebin y “se lanzó por una ventana de las instalaciones, cayendo al vacío”.

Ante las incongruencias, el partido Primero Justicia rechazó las declaraciones de la Fiscalía, alegando que el concejal era una persona de “profundos valores cristianos”, por lo que, en un comunicado, aseguraron que el político fue “asesinado en manos del régimen de Nicolás Maduro”.

PJ también denunció que el régimen quería incinerar el cuerpo del concejal para ocultar las evidencias del “asesinato”, pero minutos después informaron que el cadáver fue entregado a sus familiares “sin procedimientos mínimos forenses y obstaculizando el camino hacia la verdad”.

Sin lugar a dudas, la muerte del concejal provocó no sólo la reacción de los distintos partidos y dirigentes democráticos de la oposición venezolana, sino también de los organismos internacionales pro derechos humanos.

Estos casos representan sólo la punta del iceberg formado por la conducta criminal de una cúpula que mantiene secuestrado el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos consagrados en la constitución nacional.

Durante estos años, se ha evidenciado una etapa de persecución en la que se supera el nivel de violencia y arbitrariedad por parte del régimen, vulnerando derechos como el debido proceso, la participación política, el respeto a la integridad física, la libertad de opinión y manifestación, entre otros.

Lo anterior denota que el transcurso del tiempo y la agudización de la crisis que hoy existe en Venezuela, que se acentúa más con la propagación del covid-19, han profundizado las prácticas ilegales de control y erradicación de la política disidente venezolana.

Prensa Frontera Viva

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