El creciente aumento de trata de personas, incluso durante la cuarentena por pandemia, que involucra a la población migrante venezolana radicada en Colombia, encendió las alarmas entre profesionales de diferentes ámbitos que compartieron los esfuerzos que se están haciendo en el país neogranadino para combatir este delito.

En la conversación virtual Un Tinto con la ONU, que fue propiciada por la Organización de las Naciones Unidas, participaron Adriana Sabogal, directora del Proyecto Migración Venezuela; Milton Mora, coordinador del grupo de Migración Laboral del Ministerio del Trabajo; Claudia Piedad González, Fiscal Delegada; y Jakeline Vargas Parra, docente universitaria y miembro del observatorio y centro de investigación ObservaLaTrata.

Entre otros aspectos se debatió sobre el rol fundamental de los medios de comunicación en la difusión de campañas de prevención para mitigar el delito de la trata de personas, así como también el papel de la academia en la formación de jóvenes y las acciones que han venido ejecutando entidades del Gobierno y desde la Fiscalía. 

“Las redes sociales son el mecanismo donde se da mayor captación de personas víctimas de trata”, afirmó Milton Mora, funcionario del Ministerio del Trabajo, quien aseguró que a través de estas plataformas las personas vulnerables tienden a ser ‘presa fácil’ a través de ofertas de trabajo engañosas, que posteriormente desencadenan en trata con fines de explotación laboral o sexual.

Las mujeres son las más afectadas con la trata, sobre todo las que van 15 y 24 años, a quienes atraen con falsas propuestas laborales. De acuerdo con el Ministerio del Interior, la explotación sexual fue la finalidad del 74 por ciento de los casos de trata de personas con migrantes venezolanos en 2019. De ese total, el 87 por ciento eran mujeres.

En este sentido, Mora recomendó estar alerta si en la oferta de empleo se les solicita a las personas pagar trámites administrativos, dormir en el mismo sitio de trabajo o si les retienen los documentos de identidad para optar al puesto.

Por el confinamiento en Venezuela, el traslado entre municipios de cualquier estado se limita a quienes tengan salvoconductos. Los militares desplegados en las alcabalas deben garantizar que se cumplan las restricciones. Sin embargo, cuando más control hay en las carreteras venezolanas, los delitos de tráfico y trata se mantienen.

Por ende, para Beatriz Mora, presidenta del Instituto Tachirense de la Mujer (Intamujer) resulta incoherente que en medio de la militarizacón de todas las vías de acceso y en especial de la frontera con Colombia, se permita el paso de menores de edad en vehículos particulares con adultos con quienes no tienen parentesco y sin permiso formal.

Con información de MigraVenezuela

Prensa Frontera Viva

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