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El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha presentado su quinto informe periódico sobre Venezuela, destacando una serie de preocupaciones alarmantes sobre el tratamiento a los detenidos y opositores por parte de las autoridades estatales en el país sudamericano.

El informe, basado en informes presentados por ONG venezolanas, detalla casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Menciona específicamente la existencia de sitios de reclusión no oficiales o casas clandestinas donde se violan los derechos humanos.

Uno de los puntos críticos resaltados en el informe es el “persistente uso de la tortura y malos tratos en lugares de investigación y detención por parte de las autoridades estatales”. Se señala que esto se utiliza como represalia o castigo para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno, e incluso para obtener confesiones falsas.

El Comité enfatiza la necesidad de que todas las personas privadas de libertad sean recluidas solo en establecimientos oficiales y gocen de garantías jurídicas completas. También insta al Estado a investigar sin demora y de manera imparcial todas las acusaciones de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y uso ilícito de la fuerza, asegurando que los responsables sean llevados ante la justicia.

Además, el informe subraya la importancia de investigar de manera rápida e independiente todos los casos de tortura y malos tratos, así como proteger a los denunciantes de represalias.

El texto también aborda otros temas relacionados con los derechos civiles y políticos, como la libertad de asociación, participación en asuntos públicos, libertad de expresión, derechos de los pueblos indígenas y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Estas áreas se presentan como sugerencias para que el Estado venezolano cumpla con los estándares establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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El Coordinador de Litigio Internacional de Defiende Venezuela, Ezequiel Monsalve, ha afirmado que las recomendaciones y conclusiones del Comité son fundamentales para orientar a Venezuela hacia un Estado de derecho sólido que respete y garantice los derechos humanos. Destacó la importancia de las recomendaciones sobre la independencia del Poder Judicial, libertad de expresión y participación en asuntos públicos, considerándolos críticos en el contexto actual del país.

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