Ph.D. Tomás Páez
Las recientes declaraciones de los Ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y Venezuela dejan un amargo sinsabor; a su manera, cada uno rezuma desprecio y aporofobia. Leyendo las declaraciones de la Canciller colombiana extraño las palabras de Holmes Trujillo en 2018 en un encuentro internacional promovido por la Universidad del Rosario y la Konrad Adenauer.
Lo expresado por la Ministro, Marta Lucía Ramírez, asombra y resulta inexplicable por igual a ciudadanos colombianos y venezolanos, discrepa de la política trazada por el Estado Colombiano para acoger e integrar a la diáspora venezolana, antes con el PEP y ahora con el ejemplar instrumento de integración; el Estatuto de Protección Temporal. Afirmó, “Colombia non puede aceptar uno más y (para colmo, añadimos nosotros) le “tocó” la parte más pobre y menos preparada de la migración… los menos pudientes y menos calificados” a diferencia de Estados Unidos, Canadá o España”
Las desconcertantes afirmaciones de la Canciller despachando un fenómeno tan diverso y de tantas aristas es, por decir lo menos, una simpleza. La mayoría de los migrantes, como la casi totalidad de los venezolanos, han sido sumidos en la pobreza, pero ello no desdice de sus competencias técnicas, sus habilidades y su capacidad para trabajar y emprender. Así lo demuestra su efecto positivo sobre el PIB de ese país, por solo apuntar uno de sus múltiples impactos.
Toda diáspora contribuye al desarrollo, y el mejor ejemplo de ello lo encontramos en países como Argentina, Brasil, Estados Unidos y Venezuela, y aquellos países con importantes volúmenes de emigrantes saben de sobra el impacto positivo que producen allí donde son recibidos. Los migrantes estimulan la demanda agregada y un primer paso para ello es precisamente la política de regularización adoptada en Colombia, clave para la integración y el desarrollo. En su momento, Venezuela regularizó a los ciudadanos en situación de irregulares durante los gobiernos de Luis Herrera y Caldera y contó con el aval de los dos grandes partidos democráticos. Una enorme mancha en la historia de Venezuela ocurrió, para pesar de todos, en 2015, con la decisión del Gobierno del Sr. Maduro de expulsar a ciudadanos colombianos y, peor aún, marcar sus casas.
También sorprende lo manifestado por el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Pasencia, quien acusa al Gobierno Colombiano de “seguir manipulando a la comunidad internacional”, “utilizar el tema migratorio” para beneficio propio”, y dedicarse “solo a abultar las estadísticas migratorias para echar a andar sus cálculos financieros de cuánto pueden recolectar aquí y allá, aunque todos sabemos que esos fondos irán a parar a destino incierto”. Reiteró su petición de realizar una auditoría internacional de inmediato” para conocer el destino del dinero que ha recibido para atender a los migrantes venezolanos. En noviembre, el Ministro denunció ante el Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) al gobierno de Iván Duque de “estafa agravada contra la comunidad internacional”.
Estas declaraciones y acciones son coherentes con el discurso inaugurado por este régimen hace 23 años: se inscriben en la estrategia del odio y la xenofobia: desinformación y desconocimiento de la existencia de la diáspora. Al acusar al gobierno colombiano de adulterar las cifras incluye, no sabemos si de manera velada, a los organismos internacionales OIM/ACNUR, sobre los cuales recae el complejo trabajo de cuantificación y seguimiento del éxodo venezolano, además del realizado por las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan del tema
La acusación adolece de respaldos. Acusar de adulteración de datos sin aportar los propios es, por decir lo menos, un acto poco responsable. Nos preguntamos cuál es el número que suministraría ¿el que dice el Sr, Maduro de 600 mil? o el de el Sr. Tarek W.Saab, quien afirma que ha retornado un millón? o será que este último abulta las cifras? Debería decirle al mundo: Venezuela no dispone de cifras oficiales y si las posee las oculta de manera consciente. Por cierto, no es éste el único ámbito en el que el gobierno oculta información de interés público. Las otras acusaciones sin dato alguno, resultan temerarias e irresponsables.
Las declaraciones destilan desprecio hacia quienes atienden y acogen a los ciudadanos venezolanos. ¿Es consciente el representante del régimen venezolano de esta situación? ¿Conoce las necesidades de la diáspora? ¿Ha habido algún gesto, algún recurso para atender a sus compatriotas? No hablamos de la estrategia de mercadeo de un avión o una embarcación para llevar de vuelta a migrantes “inexistentes”.
Las diferencias han enceguecido la razón, cuando en realidad se necesitarían gestos de profundo agradecimiento a los gobierno y ciudadanos de los países de acogida (Colombia como primer receptor), a los organismos multilaterales, a las asociaciones diaspóricas que operan gracias a un extraordinario voluntariado, por la atención que brindan a los venezolanos. En la continuación del trabajo con los retornados y sus descendientes de países latinoamericanos y europeos encontramos hermosas palabras de agradecimiento a Venezuela, país que los acogió en momentos difíciles.
No le pedimos que se ocupe de la diáspora, no es posible atender lo negado una y mil veces. Tenemos si, el derecho a exigir información acerca de la migración venezolana: desde dónde han migrado, hacia dónde, cuáles son sus perfiles. El Estado posee la información: planillas en puertos y aeropuertos, jubilados y pensionados (a quienes niega el derecho a su pensión desde el año 2015), la información de los consulados, solicitudes de pasaporte, fe de vida, etc.
La cancillería es la primera interesada en conocer la realidad de su diáspora, en promover estudios exhaustivos del éxodo venezolano. Cualquier Estado serio se esfuerza en conocer el número de sus ciudadanos, dónde se encuentran, su perfil sociodemográfico, sus problemas, inquietudes e iniciativas. Nos permitiría conocer a ciencia cierta el número de niños y jóvenes estudiantes, el número de parturientas, los grados de desnutrición que llevan consigo, los niños apátridas y el denodado esfuerzo de cofradías religiosas y el tupido tejido de asociaciones diaspóricas que atienden a la diáspora. Hace un par de semanas sostuvimos en Colombia reuniones de trabajo con muchas de estas asociaciones, gremios, investigadores y periodistas que documentan el proceso. Sin esta información es difícil hacer política internacional seria o refutar datos.
Mientras el régimen venezolano acusa al colombiano, niega y se desentiende del éxodo forzado por el “socialismo del siglo XXI”, los gobiernos de Colombia y el mundo, los organismos multilaterales y las asociaciones de la sociedad civil y organizaciones religiosas buscan recursos para atender a los migrantes venezolanos: albergues, educación, vestido, calzado, alimentación a los migrantes pendulares y en tránsito y atienden a los fallecidos.
La relación del régimen con la diáspora propiciada por ellos ha estado signada por el desprecio. Han debido migran empobrecidos, desnutridos y sin documentos de identidad o con pasaportes vencidos y los países receptores han dispuesto mecanismos “adhoc” para acoger a los venezolanos. Esfuerzos de muchos que empañan las balas que segaron la vida de un niño, de apenas un año, hecho avalado por el Primer Ministro de Trinidad y repudiado internacionalmente.
Ya antes, en 2018 el Sr, Maduro expresó en Naciones Unidas un argumento similar, “Se ha fabricado una crisis migratoria para justificar una intervención militar”, y en su exposición calificó de mentira el flujo migratorio de los venezolanos (cualquier parecido no es mera casualidad); se trata de una justificación para desviar la atención de las verdaderas crisis migratorias que hay en el mundo”. Los representantes de los países receptores, atónitos, no podían dar crédito a semejantes palabras.
Se atrevía a hacerlo después de que en el año 2017 se estableciera el Grupo de Lima, conformado por 12 países, cuya primera declaración anunciaba el propósito de hacer seguimiento y buscar alternativas a la crisis humanitaria en Venezuela. Aunque sus efectos hayan sido muy tímidos, rescatamos el producido en la gestión migratoria a favor de la diáspora venezolana. El mismo año 2018 en el que el Sr. Maduro negaba la existencia de la diáspora, 13 países se reunieron con el fin de intercambiar puntos de vista y establecer mecanismos de coordinación regional para atender la migración venezolana recogida en la “Declaración de Quito”.
El guion es anterior, se inició con aquella frase “ quien no esté de acuerdo con el régimen que se largue”, queriendo decir solo nos interesan quien ofrezca “likes” o no consentimos la pluralidad. Luego J.V. Rangel, Canciller y Vicepresidente, se vió obligado a admitir lo obvio, la existencia de la diáspora de la que dijo estaba integrada por tontos que huían del cielo para viajar al infierno y el maltrato. Más tarde, el entonces Vicepresidente Arreaza, definía a la diáspora como un “robo de cerebros” de los países neoliberales. Posteriormente, diputados y exministros no han sido pichirres en palabras para agredir a la diáspora: engañados por el imperialismo, lavaretretes, armas bioterroristas o, actuando como okupas decían “no deberían regresar al país”. Por arte de magia publicitan descaradamente el programa vuelta a la patria y el retorno. Si eso no es xenofobia elevada a la ‘n’ se le “parece igualito”.
Se hace necesario un manejo serio de un tema humano como el de la migración, con efectos muy diversos en todos los ámbitos. Es inaceptable la ausencia de estadísticas de un fenómeno que involucra a un quinto de la población venezolana. Para universidades, gobiernos locales y regionales, gremios y para todo el tejido empresarial es fundamental conocer y contar con información apropiada de la diáspora, sus organizaciones y proyectos y de su decidido compromiso con la reconstrucción de Venezuela.
La cuantificación del fenómeno no resulta sencilla. Son muchas las dificultades a enfrentar; discrepancias en los datos de acuerdo a la fuente, costos de los censos y las encuestas, etc. Ocurre con la migración colombiana. En la Fuerza Armada se hablaba de 4 millones, el Sr, Maduro aproxima el número a 6 millones, mientras los datos de demógrafos y estadísticos de ambos países la sitúan por debajo de los 2 millones. Las discrepancias se solucionan cuando se abordan de manera seria y fundamentada.
@tomaspaez @vozdeladiasporavene
[…] Accede al artículo haciendo clic aquí. […]