Carlos Ramírez López      @CarlosRamirezL3

El 11 de septiembre de 2001 el grupo terrorista Al Qaida cuyo centro de operaciones estaba radicado Afganistán ejecutó el atentado sobre el World Trade Center en New York donde murieron 3.500 personas. El gobierno norteamericano de inmediato pidió la entrega de Osama bin Laden, líder de la organización terrorista y quien fue identificado como el jefe responsable del atentado lo cual rechazó el gobierno de aquel país por lo que el entonces presidente George W. Bush ordenó una intervención militar que tuvo respaldo de la OTAN.

INEXIGIBILDAD DE OTRA CONDUCTA

Ante el brutal ataque terrorista y la negativa afgana de entregar al jefe de la banda terrorista que lo ejecutó resultó obviamente justa la respuesta militar norteamericana y la cual fue también confrontada militarmente por Afganistán. El saldo fue trágico para todas las partes involucradas, pero Fatou Bensouda se empeñó en enjuiciar a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional.

UNA PRIMERA SENTENCIA RECHAZÓ PETICIÓN DE BENSOUDA

El 20 de noviembre de 2017 Fatou Bensouda acudió ante la Sala Segunda de Cuestiones Preliminares demandando la apertura de un proceso contra EE.UU. por la mencionada guerra lo cual le fue negado por sentencia de del 12 de abril de 2019 de dicho tribunal.

LA SENTENCIA FUE APELADA

Fatou Bensouda apeló y el caso pasó a la Cámara de Apelaciones la cual en fecha 5 de marzo 2020 anuló dicho fallo, y en vez de devolver el expediente a primera instancia para que se dictara una nueva sentencia como sería lo procesalmente procedente, la dictó ella misma y ordenó la apertura del proceso pedido por la fiscal, quedando así claro el interés de los jueces de esa Cámara de Apelaciones en favorecer el propósito de la fiscal en contra de Estados Unidos de Norteamérica.

LA REACCIÓN NORTEAMERICANA

El gobierno de Estados Unidos reaccionó denunciando el proceder de Bensouda y de los jueces de la apelación y dictó medidas sancionatorias en contra de ellos.

LOS CASOS CONTRA MADURO QUE DUERMEN EN LA CPI

117 denuncias por los crímenes cometidos por el régimen de Maduro duermen en las gavetas de la fiscalía de la CPI, sueño apenas interrumpido momentáneamente por un anuncio que hizo Fatou Bensouda el pasado 2 de febrero de 2018 sobre la apertura de una fase preliminar para ver si abre una investigación, y que hoy mas de dos años y medio después no ha dado resultado alguno. Eso ha sido una burla a las víctimas.

EL CASO DE LA DENUNCIA DE 7 PAÍSES CONTRA MADURO

Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, y Canadá también denunciaron a Maduro. Esta denuncia por ser presentada por países miembros del Estatuto de Roma no tenía que pasar por las manos de la fiscal, por lo que el 28 de septiembre de 2018 fue remitido y asignado a la Sala Primera de Cuestiones Preliminares.

LA MANIOBRA DE MADURO CON LA FISCAL

El 13 de febrero del 2020 Jorge Arreaza, canciller de Maduro, compareció ante la fiscal Bensouda ante quien denunció a Estados Unidos por las sanciones dictadas contra el régimen lo cual calificó como crímenes de lesa humanidad. La fiscal mostrando gran interés de inmediato le pidió al presidente de la Corte que le quitara a la Sala Primera el expediente de los 7 países y lo reasignara a la Sala Tercera y que también a ésta le asignara la denuncia de Maduro contra Estados Unidos porque “ambas denuncias se sobreponían geográfica y temporalmente” lo cual obviamente, además de retrasar aún mas la causa contra Maduro arroja sospechas de parcialización de la Bensouda con dicha Sala Tercera.

EL PRESIDENTE DE LA CPI EN CONSPIRACIÓN CON LA FISCAL

Casi de inmediato a la actuación de Arreaza, apenas 6 días después, El 19 de febrero del 2020, el presidente de la Corte, el nigeriano Chile Eboe-Osuji, con sospechosa prisa resolvió a favor de la petición de la fiscal Fatou Bensouda y le acumuló ambos casos (el de los 7 países contra Maduro y el de Maduro contra Estados Unidos) a la Sala Tercera.

Nada en beneficio de la justicia se puede esperar de esta trama entre la fiscal Fatou Bensouda, el presidente de la CPI y esa Sala Tercera.

Ver sentencia:

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RESUMEN DE LA SECUENCIA DE LOS HECHOS

1. El 8 de febrero de 2018 la fiscal Bensouda anunció la apertura de un examen preliminar sobre las denuncias presentadas por los crímenes ejecutados por el régimen solo a partir de abril de 2017, las anteriores las cerró abruptamente y sin procesarlas el anterior fiscal Moreno Ocampo.

2. Casi 3 años después la fiscal no ha presentado conclusión alguna respecto al citado “Examen preliminar”, pero en ese tiempo sí pudo tramitar sus actuaciones contra Estados Unidos.

3. El 26 de septiembre de 2018 siete países denunciaron a Maduro ante la CPI lo cual obligaba la apertura del proceso por lo cual el trámite se le encomendó a la Sala Primera de Cuestiones preliminares.

4. El 13 de febrero del 2020 Maduro a través de su canciller Jorge Arreaza presentó denuncia contra Estados Unidos ante la CPI por las sanciones que ha tomado contra la dictadura.

5. Apenas seis días después, el 19 de febrero del 2020 el presidente de la CPI, Chile Eboe-Osuji atendiendo apresuradamente la petición de la fiscal Bensouda ordenó unir los dos procedimientos, tanto el demandado por 6 países contra Maduro como el que este demandó contra Estados Unidos y los asignó ambos a la Sala Tercera de Cuestiones Preliminares.

Ahora tenemos dos procedimientos abiertos contra Estados Unidos en esta CPI y ninguno contra la tiranía que azota a Venezuela.

…CONTINUARÁ

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