Carlos Ramírez López @CarlosRamirezL3

Tenemos dos escenarios de alta peligrosidad judicial para la recuperación económica del país, uno en el CIADI que es un tribunal de arbitraje creado por el Banco Mundial, el otro es en las Cortes de Estados Unidos. En ambos cursan demandas en contra nuestra que de materializar sentencias a favor de quienes nos demandan quedaremos quebrados. Es la cruda y dolorosa verdad, y por el camino que vamos tal amenaza se convertirá en realidad.

En mi artículo anterior describí el caso Crystallex donde nos condenaron por 1.400 millones de dólares en un proceso donde el jefe de nuestra defensa, el Procurador José Ignacio Hernández previamente trabajó para esa empresa y le suministró la herramienta jurídica con la que nos sentenciaron en contra. Ahora vamos a otro caso mas grave aún, el de ConocoPhillips donde nos condenaron por la suma de 8.700 millones de dólares.

El caso principal de ConocoPhillips contra Venezuela

Hugo Chávez expropió tres concesiones que había dado a esta ConocoPhillips denominadas Petrozuata; Hamaca y Golfo de Paria. La empresa demandó resarcimiento de daños y perjuicios ante el CIADI, caso ARB/07/30, el cual fue sentenciado el 8 de marzo de 2019 condenando a Venezuela al pago de 8 mil 700 millones de dólares más intereses que correrán hasta el cumplimiento efectivo.

LA DEFENSA DE VENEZUELA

La constitución, art 247, manda que corresponde al Procurador la defensa de los derechos e intereses patrimoniales de la República. Su nombramiento lo hace el presidente con autorización de la A.N (art 249). La última persona que ocupó legalmente ese cargo fue Cilia Flores quien renunció el 11 de marzo de 2013. En esa misma fecha ésta nombró encargado a Manuel Galindo quien no fue autorizado por la A.N por lo que su gestión fue absolutamente ilícita. Para profundizar tal anormalidad éste Galindo renunció el 22 de diciembre de 2014 y ese mismo día dejó como encargado a Reinaldo Muñoz Pedroza. De manera que los procesos ante el CIADI se quedaron sin representación legal de la demandada República Bolivariana de Venezuela desde la renuncia de Flores.

Venezuela está siendo condenada sin tener defensa legal

Toda decisión de condena nacida de un proceso contradictorio requiere para su validez el más absoluto respeto al derecho a la defensa, eso es elemental y universal. Venezuela viene siendo procesada en ese tribunal de arbitraje CIADI sin estar representada legalmente y en tal condición está esa monstruosa sentencia condenatoria que por 8.733.046.155 dólares se dictó el 8 de marzo de 2019 en el expediente ARB/07/30 así como también otras 15 que están en trámite e igualmente 31 que se nos han dictado anteriormente.

Los graves errores que comete el procurador nombrado por Guaidó

El Dr. José Ignacio Hernández que es nuestro Procurador legítimamente designado por Guaidó y autorizado por el Asamblea Nacional no presentó de inmediato, como correspondía, esa defensa tan clara y se ha ido por otra vía, la de cuestionar los montos. Su primera reacción fue pedir una rectificación de la cantidad de la condena en vez de atacar su validez de fondo, y hasta tenía la posibilidad de decir, y la perdió, como lo hacemos los abogados litigantes: “Objeto la validez de esta sentencia la cual es nula porque mi defendida no estuvo dotada de representación legal en este proceso, y a todo evento, para el supuesto negado contrario denuncio que ese fallo presenta errores de cálculo”.

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La primera reacción del Dr. Hernández ante la sentencia fue simplemente pedir una rectificación de la cantidad de la condena argumentando errores de escritura y de cálculos, lo que en el proceso norteamericano se denomina “Clerical error”. Eso fue el 16 de abril 2019. Tres días después los abogados de Maduro presentaron un escrito diciendo más o menos lo mismo. Rápidamente, el 20 de abril los abogados de la demandante ConocoPhillips aceptaron que se procediera a la rectificación. Obvio que esto les favorecía puesto que, aunque les bajaran un poquito el monto de la gigantesca condena implícitamente se convalidaba el pronunciamiento de fondo, es decir, la condena y todo otro defecto del trámite.

Procurador (e) J.I. Hernández y el usurpador Muñoz actuaron a duo

La parte demandante -ConocoPhillips- eufórica por haber ganado el juicio por 8 mil 700 millones de dólares no quería que se les complicara peleando por esos errores de cálculo denunciados por las dos representaciones de Venezuela: José Ignacio Hernández y Reinaldo Muñoz Pedroza, pues aunque por separado, ambos decían lo mismo, no iban al fondo del caso y ninguno de los dos cuestionaba la validez de la representación del otro con lo cual se evadió el debate procesal sobre cual es el gobierno legítimo de la demandada República Bolivariana de Venezuela y por tanto sobre la legalidad de un proceso tramitado bajo una representación ilegal de la parte demandada.

De una vez ConocoPhillips aceptó que a la condena le rebajaran 227 millones para quedar la sentencia en 8 mil 505.945.292 millones lo cual todos aceptaron como una gran victoria, pero a los efectos de Venezuela ha sido un gravísimo error pues nos quitó la oportunidad de discutir sobre la nulidad de todo el juicio bajo el alegato de nuestra falta de representación legítima. Así fue como el Dr. José Ignacio Hernández convalidó aquella monstruosidad. El fallo se puede ver en este enlace.

Sobre los abogados contratados

La representación jurídica de Venezuela como parte demandada estuvo en manos de la firma de abogados norteamericanos Curtis, Mallet-Prevost contratada por el ilegal procurador de Maduro, pero sorpresivamente esa misma firma de abogados alegando haber sido contratados por nuestro procurador José Ignacio Hernández -de quien consignaron un poder firmado ante Notario-  fue la que consignó el escrito pidiendo la rectificación numérica del fallo, es decir, estos abogados repentinamente cambiaron de representar al régimen de Maduro a representar al gobierno de Guaidó. Por su parte el No-Procurador de Maduro, Reinaldo Muñoz Pedroza, se mantuvo con su segundo bufete que tenía contratado, el denominado “De Jesús & De Jesús”. Es decir, los dos bufetes que tenía contratado el régimen siguieron actuando en el caso, solo que uno siguió como representando al gobierno de Maduro y otro al de Guaidó lo cual planteó una incorrecta visión sobre que ambos son “la misma cosa” tal y como en otras palabras lo dijo la sentencia el parágrafo que seguidamente se copia.

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Lo que dijo el tribunal

La nueva sentencia estableció que: “…el tribunal no se enfrenta a ninguna posición o manifestación en conflicto. En primer lugar, como ambos representantes afirman actuar en nombre de la Demandada, no hay disputa de que representan a la misma Parte: la República Bolivariana de Venezuela. No hay otro individuo o firma de abogados que reclame un poder similar en nombre de Venezuela. En segundo lugar, no existe conflicto sobre el fondo de las cuestiones sujetas a rectificación del Tribunal. De hecho, en el caso de las dos firmas que afirman actuar en nombre de Venezuela, la Solicitud de Rectificación es idéntica a la Solicitud de fecha 16 de abril de 2019. Por lo tanto, el tema relacionado con la designación correcta de los representantes de la Demandada no es relevante y no requiere decisión alguna del Tribunal….Más aún, no se ha solicitado en nombre de alguna de las Partes que el contenido y los efectos de los poderes de representación sean considerados como una cuestión sometida al Tribunal con el fin de que este Tribunal requiera decidir …Por lo tanto, la lista de ‘representantes de las Partes’ incluida en esta Decisión no implica una decisión con respecto a una cuestión legal sometida a este Tribunal. Por lo tanto, esta Decisión establece esta lista al incluir la identidad de las Partes, firmas y abogados que han participado en este procedimiento y, por lo tanto, acepta que recibirán notificación de esta Decisión, sin tomar ninguna decisión sobre la validez de los poderes de representación presentados.”

EL FINAL FELÍZ

El tribunal rebajó 227 millones a la sentencia que entonces quedó en mas de 8 Billones lo cual fue celebrado como un gran éxito por el procurador José Ignacio Hernández quien eufórico de inmediato publicó un engañoso tuit donde copiado textualmente dijo: “La República logra una victoria en el caso ConocoPhillp, al lograr la rectificación del laudo dictado en su contra y obtener así un ahorro superior a 200 millones de dólares.La oficina del Procurador Especial sigue trabajando en la defensa del Estado.”

Como se diría bajo el influjo de la preclara inocencia de El Principito de Saint Exupery. “La inmensa alegría que produce salvar un granito de arroz de todo un costal que se pierde”

El doble y costoso error del procurado Hernández

Con esta sentencia del CIADI Venezuela resultó condenada a pagar mas de 8 MIL MILLONES DE DÓLARES que nuestro procurador implícitamente convalidó, así como también convalidó la ilícita actuación del usurpador procurador de Maduro en este y en los demás procesos al haber actuado a la par de él sin que se le reclamara su ilegitimidad como representante de Venezuela…VAMOS EN CAÍDA LIBRE.

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