Por: Humberto González Briceño @humbertotweets 

En las democracias de partidos el financiamiento de las organizaciones políticas es un tema tabú sobre el cual poco a nada se habla porque pondría a la luz pública conexiones entre políticos e intereses moralmente objetables. En teoría, las finanzas de los partidos deberían ser el producto de los aportes directos de sus militantes o de otras actividades que con tal propósito realice la organización. En la práctica, los miembros del partido aportan cuotas insignificantes e insuficientes y la mayor cantidad de los recursos provienen de poderosos grupos económicos, banqueros, contratistas o simplemente del asalto a las arcas de cualquier instancia de gobierno que el partido esté controlando.

En Venezuela no opera un Estado de partidos propiamente dicho sino un Estado chavista de partido único con unos socios minoritarios que legitiman, sostienen y justifican un régimen político que dicen combatir a cambio de pequeñas concesiones en privilegios o dinero. Aquí no hay diferencias entre el tesoro nacional, las finanzas del PSUV y los bolsillos de los operadores chavistas, porque todos se mezclan y confunden indistintamente.

Un operador promedio, civil o militar, del chavismo puede tomar dinero y recursos del cargo que esté ejerciendo bien para financiar el clientelismo del PSUV o para su propio beneficio sin más limitaciones que el debido porcentaje al capo de la mafia a la cual pertenece. El ejercicio del poder de cualquier instancia del gobierno parece llevar implícita la inmunidad para saquear el tesoro nacional. Sabemos que el chavismo opera así. Pero ¿de dónde sacan recursos y dinero los partidos de la falsa oposición para financiar su proselitismo y sus respectivas clientelas?

Al igual que el chavismo y el PSUV, los partidos de la falsa oposición disponen de los llamados “activistas” (los que hacen el trabajo) y operadores (los que coordinan) todos los cuales reciben una contraprestación, en forma de dinero o prebendas, por hacer su “trabajo político”. El momento de mayor producción es la temporada electoral porque aumenta la actividad y la necesidad de contratar más efectivos. Esta actividad proselitista cuesta mucho dinero que solo se podría medir en dólares y no bolívares devaluados. Al chavismo le basta con meter la mano en las arcas de la nación, pero ¿y la falsa oposición?

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Quienes se han atrevido a preguntar de dónde sacará dinero la falsa oposición para pagar por sus elecciones primarias, solo han recibido el silencio como respuesta y reproche a la impertinencia. Independientemente de que le entreguen la organización y la logística al CNE chavista o lo hagan por su cuenta, estaríamos hablando de unos cuantos millones de dólares.

¿Quién pagara por eso?

Se podría especular que los recursos vendrían de los países que aún apoyan a la falsa oposición, opción improbable por las limitaciones legales que tendrían que enfrentar esos gobiernos para una operación de esta naturaleza. Algunas organizaciones internacionales como la OEA también podrían pagar por la faena aunque su papel hasta ahora se ha limitado a mantener becados a algunos operadores de la falsa oposición y muy difícilmente vaya más allá.

Por supuesto, hay quienes con orgullo militante aseguran que las primarias de la falsa oposición podrían ser pagadas con recursos provenientes de los activos que tiene Venezuela en el exterior y que el grupo de Juan Guaidó maneja y dispone a su antojo (CITGO, Monómeros, etc.).  Quienes proponen esto no reparan en que precisamente el Interinato de Guaidó existe no a pesar del chavismo sino porque conviene al régimen. El Estado chavista no pondría trabas para traer esos dineros a Venezuela porque a fin de cuentas se trata de financiar las primarias y la campaña de los partidos que buscan legitimar ese régimen político.

De una u otra forma la factura por el costo de las primarias de la falsa oposición será pagada por el principal beneficiario del evento: El propio régimen chavista. A nadie más que al Estado chavista conviene que la falsa oposición realice unas primarias “democráticas” y luego con un candidato conveniente al régimen participe “democráticamente” en las elecciones de 2024, donde se reconocería el triunfo “democrático” de Nicolás Maduro y se legitimaria a la manera chavista, una vez más, a la Constitución de 1999 y su régimen político. Sin duda el chavismo tiene poderosas razones para celebrar la fiesta electoral de la falsa oposición y pagar por ella.

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Las transferencias de grandes masas de dinero es lo que le permite al Estado chavista regular la actividad y controlar la agenda de la falsa oposición. Esto lo veremos con mayor claridad en las próximas semanas cuando los precandidatos falso opositores con discurso beligerante pero estrictamente amarrado a la retórica de la Constitución de 1999 serán quienes tendrán más recursos y cobrarán más notoriedad.

La intervención o no del CNE chavista en las primarias de la falsa oposición es un asunto de segunda importancia. Lo que le importa al régimen es que la falsa oposición escoja un candidato en un laureado evento electoral para ser parte del fraude de 2024, cuando, desde ya podemos anticipar, el candidato de la MUD podrá protestar pero finalmente como han hecho todos los anteriores reconocerá los resultados. El show burdo y electorero de las primarias de la falsa oposición cuesta mucho dinero y solo el chavismo dispone de los recursos para pagar por ello.

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