La legislación venezolana no contempla la pena de muerte dentro de sus leyes, sin embargo, esta es la condena que pende silenciosa sobre quienes ameritan de un trasplante de órganos en Venezuela.

Jeandel Silva es uno de los trágicos casos pediátricos que enlutan a las familias venezolanas y tiñen de rojo las manos de un Estado indolente. El pequeño pasó dos años hospitalizado en el Hospital Militar de Caracas aguardando la oportunidad de recibir un trasplante que nunca llegó.

Como Jeandel, existen cerca de 960 personas, de las cuales 150 serían niños y adolescentes, que han dejado de recibir trasplantes de órganos a causa de la suspensión del Servicio de Procura de Órganos, dependiente de la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), adscrita al Ministerio de Salud del gobierno de Nicolás Maduro.

Cuatro años han pasado desde que la fundación anunció el cese “temporal” de los trasplantes de donante cadáver, la operación de trasplante más realizada en Venezuela, dejando sin oportunidades a cientos de pacientes que tuvieron que resignarse a una baja calidad de vida o que se vieron obligados a huir del país para salvarse.

La representante de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV), Lucila Velutini recuerda que los problemas comienzan en 2016 con la desaparición progresiva de los inmunosupresores, medicamentos de alto costo suministrados por los Estados cuya función es evitar que el cuerpo del paciente trasplantado rechace el nuevo órgano.

Al año siguiente, específicamente el 1 de junio, el anuncio de la suspensión de inmunosupresores por dos meses llega a las unidades de trasplante de los centros de salud en el país, de la mano de la confesión del Estado de no poder garantizar los medicamentos que deben ser tomados de por vida y que rondan un valor, por caja, entre 100 a 300 dólares.

Dos meses que se han convertido en cuatro largos años en los que muchos pacientes trasplantados han perdido sus operaciones, han dejado Venezuela o se han visto en la necesidad de pedir dinero para mantener su frágil salud, mientras otros han muerto.

Cerca de mil oportunidades perdidas

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Actualmente, solo clínicas privadas efectúan el procedimiento de trasplante de órganos y sólo de donante vivo. Velutini señala que esto deja sin posibilidades de recibir atención a cerca del 98% de la población que amerita de la intervención.

Trasplantes de córnea, hígado, medula y riñón eran las más comunes en Venezuela, siendo esta última la más efectuada. Entre el 5% y el 10% de los pacientes renales podrían ser aptos para trasplante. Para 2016 existían en el país entre 15.000 y 16.000 personas en diálisis.

Los altos costos de la operación y los tratamientos pre y post-operatorios, ascienden a 70 mil dólares americanos en los centros privados, imposibilitando a la mayoría de la población venezolana, que sobrevive con un salario deficiente, el tener acceso al derecho a la salud y la vida.

La Ley venezolana estipula desde 2011 que “toda persona mayor de edad, civilmente hábil, a quien se le haya diagnosticado la muerte, se presumirá donante de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, salvo que existiese una manifestación de voluntad en contrario”, de acuerdo al artículo 27 de la Ley sobre Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células en Seres Humanos.

De cada donante que fallece se pueden salvar hasta 11 vidas, por lo que la representante de la ONTV, reitera que 960 personas han quedado sin la posibilidad de una mejora en su salud. A ellos la vida se les escapa de las manos.

¿Hasta cuándo?

La directora de la ONG Prepara Familia − organización dedicada a acompañar, asistir y defender los derechos de los niños y adolescentes hospitalizados con patologías crónicas y sus familias − Katherine Martínez, ve con preocupación que tras cuatro años de paralización del servicio de procura de órganos no exista ningún tipo de plan o protocolo para su reactivación.

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Las listas de espera por órganos que solían llevarse en los centros de salud han desaparecido, pues no pueden dar falsas esperanzas a una población cuyas vidas cuelgan de un hilo. La activista recuerda que los niños en el servicio de nefrología del Hospital J. M. de los Ríos tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas que han sido ignoradas por el gobierno de Maduro.

La realidad que se presenta en esta unidad de hemodiálisis es un pálido reflejo de la crisis que ahoga los servicios de salud venezolanos. Más aún cuando se trata de una unidad especializada en la atención de niños pequeños que en el interior del país no pueden ser atendidos.

Sin importar lo que fundaciones, gremios, empresas o personas naturales con la disposición a ayudar puedan aportar, esta situación debe ser atendida de la mano del gobierno nacional. Estas personas no requieren de un cuidado paliativo, sino de una solución definitiva, expresan las activistas de la ONTV y Prepara Familia.

Defensores de los Derechos Humanos elevaron sus voces a través de las redes sociales al cumplirse el cuarto aniversario de la peor noticia que muchos de los pacientes pudieron haber recibido. En un comunicado más de 90 fundaciones exigieron la reactivación de los trasplantes en Venezuela y refirieron la triste y alarmante realidad a un país ahogado por los problemas y con gobernantes que parecen sin voluntad.

A pesar de los clamores, allí continúan los pacientes crónicos, a la espera de ser dignamente atendidos y tímidamente empezando a recibir las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus, tras varios comunicados en demanda de la inmunización por parte de las instituciones que los defienden.

Prensa Frontera Viva

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