El fiscal anticorrupción de España, Ana Cuenca ha decidido reactivar su investigación sobre el patrimonio oculto en el extranjero del ex embajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo, quien presuntamente percibió de forma irregular fondos procedentes de PDVSA.
La cantidad de dinero que percibió el diplomático socialista de la estatal petrolera venezolana, asciende a 5,46 millones de euros, que estarían “carentes de toda justificación real y lógica comercial”, según la denuncia del Ministerio Público.
Las investigaciones están dirigidas a Morodo pero también a su círculo familiar, puesto que Alejo Morodo, hijo del señalado, los percibió aprovechándose de los contactos políticos de su padre, amigo personal de Hugo Chávez.
La Hacienda española hace ver en la causa que los pagos cesaron con el fallecimiento del exmandatario venezolano en 2012.
Así llegó el dinero de PDVSA a España
La fiscal Cuenca afirma que el exembajador y su familia desarrollaron una “compleja estructura societaria” con empresas panameñas y bancos radicados en Portugal, Suiza y España.
De esta forma dificultaron “el seguimiento del dinero recibido que, además, fueron traspasando entre distintas cuentas bancarias abiertas en entidades españolas y del que dispusieron, principalmente, mediante cheques al portador y extracciones en efectivo”, detalló Cuenca.
El nuevo impulso a las investigaciones busca aclarar el panorama que ensombrecieron este grupo de empresas interpuestas, aprovechando la reactivación de los plazos procesales que habían sido detenidos a razón del covid-19.
La solicitud que hace la fiscal al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz es concreta: que libere nuevas comisiones rogatorias a Suiza y a Panamá, en busca de pruebas de las actividades ilícitas de Morodo, en asociación con el líder socialista, Hugo Chávez.
La imputación sobre Morodo, su esposa Cristina Cañeque y el hijo de ambos, Raúl Morodo, se mantiene, también contra Ana Catarina Varandas, esposa de este último, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, por corrupción en transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Por su parte, la Fiscalía con jurisdicción en este caso, cifró en 16,7 millones de euros las inversiones inmobiliarias de los ex funcionarios de PDVSA Carlos Prada y Juan Carlos Márquez, que fueron quienes contrataron los servicios de Alejo Morodo, realizaron en España entre 2009 y 2018, a través de sus empresas y su círculo familiar.
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