Ph.D. Tomás Páez @tomaspaez @vozdeladiasporaven

En la reciente Cumbre de las Américas, realizada en la ciudad de los Ángeles, se llevó a cabo el lanzamiento de la Red Global de la Diáspora de Venezuela. Previamente se había hecho en la ciudad de Washington y unos días después en la ciudad de Miami. Se presentaron los resultados del trabajo realizado por los accionistas y propietarios de la Red Global: las organizaciones de la diáspora.

El momento no pudo haber sido más propicio. La migración y en particular el éxodo venezolano, el mayor conocido por la región en toda su historia, ocupó la atención de los países de las Américas. Las conclusiones se plasmaron en la “Declaración sobre migración y protección”, una respuesta continental al fenómeno migratorio y una hoja de ruta para los países receptores de migrantes.

En la declaración resalta la necesidad de la gestión humana de las fronteras y la obligación de destinar recursos para atender a los migrantes, sobre el principio de responsabilidad compartida. Particular interés se prestó a las respuestas de emergencia, indispensables para hacer frente al creciente éxodo regional y a las ayudas y recursos para acompañar los diversos flujos migratorios, cuya administración será necesario blindar a fin de evitar el uso inadecuado de los mismos. Además, se puso de relieve la urgencia de desmantelar las redes de contrabando de drogas y personas en Latinoamérica. La “Declaración de los Ángeles” es el mayor logro de la cumbre.

La diáspora venezolana fue uno de los focos de atención. Su situación se abordó con enorme interés y preocupación. Instituciones internacionales, organismos multilaterales, ONGs y gobiernos VISIBILIZAN la realidad de millones de venezolanos desparramados en 17 países latinoamericanos. Entretanto, el régimen venezolano, en un acto mayúsculo de xenofobia, intenta invisibilizar a sus propios ciudadanos.

La visibilización contó con un importante aliado, Iván Duque, presidente de Colombia, país que acoge a más del 25% de la diáspora venezolana. Pese al costo político de las medidas de regularización, que no dudó en aceptar, nos dice, “no podíamos ser indiferentes con los venezolanos que han perdido todo lo que tenían”. La invisibilidad impide abrir cuentas bancarias, salir de la informalidad, acceder a los sistemas de salud y educación, en definitiva, “convertiría a la diáspora venezolana en una comunidad sin futuro”.

En su intervención añadía, “los dos fenómenos más peligrosos son la xenofobia y la indiferencia y yo creo que hemos logrado vencer los dos”. Hay un sentimiento mayoritario de la población de respetar esta medida fraterna”. Aludía directamente a la indiferencia xenófoba del régimen venezolano.

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La ejemplar estrategia asumida por el gobierno colombiano ha sido adoptada por otros países, el más reciente Ecuador, cuyo presidente se encontraba en la Cumbre. Mientras la región visibiliza, regulariza e integra a la diáspora el gobierno venezolano excluye, niega el acceso a los documentos de identidad y cercena los derechos sociales y políticos de sus ciudadanos, por ejemplo, el de registro electoral y el derecho a votar.

Nos asombra y, consideramos inadmisible, el silencio consciente del gobierno venezolano ante la diáspora, consecuencia de sus políticas y su modelo. El asombro se agudiza cuando leemos declaraciones y argumentos usados por quienes adversan al régimen. Nos alejamos de las anécdotas y el cotilleo para centrarnos en los aspectos sustantivos de la reflexión y el debate político.

Utilizamos las declaraciones para ilustrar la necesidad de recuperar el ejercicio de la POLÍTICA. Como por ejemplo “ojalá y puedan votar los venezolanos que viven fuera del mapa que todos conocemos” o “el derecho votar está supeditado a la negociación”, equivale a decir “ojalá y puedan salir los presos políticos”, frases que revelan que ambos temas no ocupan un espacio importante en su agenda. La política no es posible ejercerla como espectador o analista.

En ambos casos es preciso exigir, presionar hasta lograr la liberación de los presos y garantizar el ejercicio de los derechos sociales y políticos a los ciudadanos. Desde exigir información oficial, propiedad de todos, pasando por el derecho a acceder a los documentos de identidad y el de actualizar sus datos en el registro electoral.

El desconocimiento, desatención y desdén con el que mira la realidad coloca la política en el reino de “Narnia” y conduce de manera directa al diseño de políticas erróneas, carentes de fundamentos y formuladas para realidades inexistentes y desconocidas o simplemente imaginadas: de ello tenemos una inmensa ristra en nuestro haber.

El ejercicio de la política exige conocimiento de la realidad y gestión de la información. En el caso de la diáspora es importante averiguar sus dimensiones y distribución geográfica más allá de la escala país, sus organizaciones, expectativas, áreas de interés y problemas: al interior del mapa por todos conocido y a lo interno de la Nueva Geografía; número de nuevos votantes, número de personas con papeles y sin ellos, número de “ciudadano sin patria” creados por el régimen, situación del registro electoral, datos de participación y abstención real y un extenso etcétera.

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Poseer información es clave en cualquier negociación. Sin ella, quien negocia lo hace en condiciones de minusvalía. Es preciso, por tanto, encontrar medios que permitan superar esta debilidad. Resulta inexplicable e inaceptable que el país carezca de información oficial en todas las áreas: epidemiológica, dimensiones de la deuda, desempeño de los principales indicadores económicos y sociales y por supuesto de las dimensiones y ubicación geográfica de los ciudadanos en el mundo.

El éxodo, las trabas para acceder a los documentos de identidad y al registro electoral, afecta los derechos sociales y políticos de los ciudadanos y la calidad y transparencia de la información electoral. Los primeros interesados en salvaguardar la confianza en el ámbito de los derechos políticos son los responsables de la dirección del CNE y, por supuesto, los partidos políticos.

De acuerdo a las proyecciones del censo el país tendría hoy una población de más de 34 millones de ciudadanos, al que le restamos los más de 7 millones de ciudadanos habitando la Nueva Geografía, lo que arroja un saldo de aproximadamente 27 millones de ciudadanos en el mapa por todos conocido.  Cifras y realidad que afectan la cuantificación del número de votantes, la situación del registro electoral, los índices de abstención y participación, entre otros muchos aspectos.

La Nueva Geografía es un continuo dinámico de ciudadanos venezolanos circulando en el planeta, cuyos derechos sociales y políticos es necesario salvaguardar. La defensa de los derechos obliga a identificar a los ciudadanos privados de su nacionalidad y en condición de apatridia, excluidos del registro electoral e imposibilitados de hacer los cambios en el mismo.

Organizaciones y asociaciones de la sociedad civil llevan años trabajando estos temas y poseen valiosa información e impulsan una agenda de trabajo centrada en la defensa de los derechos sociales y políticos, los cuales trascienden cualquier evento electoral. Ya lo hicieron en la consulta de 2017. Organizaciones que han construido relaciones basadas en la confianza y la credibilidad, tienen reservado un papel fundamental en la renovación de la motivación y la esperanza y en la defensa de los derechos sociales y políticos de los ciudadanos.

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