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La presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, fue arrestada el viernes 9 de febrero por la Policía política de la dictadura chavista mientras intentaba salir de Venezuela. La detención se enmarca en una investigación sobre presuntos planes golpistas contra el régimen de Nicolás Maduro, según informó la organización Provea a través de un mensaje en la red social X.

La ONG denunció el arresto de San Miguel como un hecho muy grave, resaltando el acoso, persecución y discriminación que la activista ha enfrentado por parte del Estado venezolano. La detención de San Miguel pone de manifiesto el progresivo cierre del espacio cívico y la represión contra voces críticas, según la organización.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón también se pronunció sobre la detención, expresando su preocupación por el paradero desconocido de San Miguel más de 24 horas después de su detención, calificándola como arbitraria.

Vente Venezuela, el partido de la líder de la oposición María Corina Machado, condenó la acción, señalando que el régimen continúa arremetiendo contra la sociedad civil como parte de un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos.

La detención de San Miguel está vinculada a las investigaciones del régimen venezolano sobre casos de conspiración denunciados por Maduro durante la presentación de su memoria y cuenta en la Asamblea Nacional el pasado 15 de enero. Hasta el 24 de enero, se contabilizaban 36 personas detenidas y 22 solicitadas por la Justicia chavista en relación con estos hechos, según el fiscal general designado por Maduro, Tarek William Saab.

La periodista de Infobae, Sebastiana Barráez, también fue señalada por la dictadura chavista en este contexto, una acusación rechazada por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), considerándola un “grave atentado al derecho a la libertad de expresión, la libertad de información y al debido proceso”.

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El CNP repudió la criminalización de reporteros y defensores de Derechos Humanos, denunciando el incumplimiento por parte de algunos funcionarios de alto nivel de la Fiscalía y autoridades judiciales de recomendaciones y protocolos de la ONU sobre la libertad de expresión.

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