FacebookXTelegramWhatsAppMessengerPinterestEmailCopy LinkShare

Bajo señalamiento por “traición a la Patria” y presuntas “conspiraciones”, el régimen de Maduro no ha dado tregua a los ataques y persecuciones contra activistas de Derechos Humanos, políticos opositores y periodistas.

La oleada de embestidas en lo que va de año inició con el anuncio -por parte de la Asamblea Nacional alineada al régimen- de la consulta pública sobre el proyecto de Ley ideado para fiscalizar el financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), la cual ha sido altamente criticada por diversos sectores desde 2023 cuando fue aprobada su creación.

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), adelantó el pasado miércoles, en la transmisión de su programa “Con el mazo dando” transmitido en el canal del Estado VTV, que la ley será muy severa.

El considerado número dos del chavismo, afirmó que «la mayoría» de las organizaciones no gubernamentales del país «están conspirando», por lo que, una vez aprobada y promulgada la ley, estas «tendrán que registrarse» y «rendir cuentas» sobre el origen de «la plata (dinero) con la cual están conspirando».

Decenas de ONG han rechazado la propuesta y sostienen que sólo pretende criminalizar y restringir las iniciativas para ejercer la libertad de asociación -amparada por el derecho internacional- para la defensa de derechos humanos y asistencia solidaria a la población venezolana sumergida en una crisis de servicios públicos prolongada, con un salario mínimo que no supera los 4 dólares (180 bolívares) y un represivo espacio cívico.

Sumando presos políticos

El escenario represivo se refleja con 258 presos políticos que sufren torturas a manos del régimen venezolano por expresarse en contra de las constantes violaciones de DD.HH.

Denunciar la situación de precariedad y desvalorización que enfrentan los docentes venezolanos, quienes según la FVM los maestros venezolanos reciben salarios que oscilan entre $3,5 y $15 mensuales, lo que representa apenas el 3 % de la canasta básica alimentaria estimada en $522, convirtió al sindicalista Víctor Venegas en blanco de la cúpula chavista.

El pasado 17 de enero, el presidente de la seccional Barinas de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (Fenatev) fue detenido arbitraria y violentamente por el Sebin.

El hecho ocurrió en un marco de protestas nacionales por parte de educadores activos y jubilados exigiendo salarios dignos, siendo el principal reclamo de las más de 1.000 manifestaciones registradas en 2023 por el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical.

Le puede interesar.  Un venezolano entre los desaparecidos de naufragio en Honduras

Según un comunicado del Ministerio Público, Venegas «está involucrado en el desarrollo de actividades contra la paz de la República y formaba parte de un grupo que pretendía convertir al estado Barinas en epicentro de acciones violentas».

La Fiscalía agregó que esta detención se enmarca en «la más reciente conspiración develada» y que las autoridades trabajan para desmantelar al grupo que está detrás de estos planes.

Conspiraciones e intento de magnicidio

El pasado 19 de enero, Nicolás Maduro acusó a la «ultraderecha» de tener un «plan conspirativo» y «golpista» y aseguró que los miembros de la llamada revolución bolivariana están «preparados para responder» a conspiraciones, por lo que ordenó activar en todo el país la llamada “Furia Bolivariana”, un plan en el que civiles, militares y policías tendrán la tarea de «combatir cualquier intentona terrorista» y «defender el derecho a la paz».

Esta es la segunda vez que Maduro utiliza la furia bolivariana como estrategia de intimidación. En el año 2020, con el inicio de la cuarentena por la pandemia de Covid-19, el llamado de Maduro promovió un patrón de violación de derechos contra personal de la salud, periodistas activistas y líderes políticos.

La narrativa se repite bajo el presunto desmantelamiento de un plan de magnicidio contra Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López. Así lo aseguró el fiscal Tarek William Saab en las más recientes declaraciones a la prensa.

«Todos los detenidos están convictos, confesos y han develado información sobre los planes en contra de la mayoría del pueblo venezolano y la sociedad democrática», dijo el fiscal general, Tarek William Saab, en una declaración ante la prensa. «No habrá contemplaciones legales, jurídicas contra ninguno de estos sujetos».

Saab, de línea oficialista, detalló supuestos planes conspirativos develados a lo largo de 2023 y a principios de 2024, por los que además se emitieron órdenes de captura contra otras 11 personas, incluidos militares en el exilio, activistas y periodistas.

La CIA, la DEA y el Ejército colombiano han sido mencionados como cómplices de la oposición en las supuestas “conspiraciones”, una acusación frecuente por parte del chavismo.

Le puede interesar.  Presidenta (E) de Bolivia anuncia convocatoria a elecciones en las próximas horas

Los 5 planes de Saab

Según declaraciones de Saab, el primero de los planes desmantelados se reportó en mayo, con 11 detenidos y tres órdenes de búsqueda, por cargos de «conspiración, traición a la patria, revelación de secretos militares, tráfico ilícito de armas y municiones».

En el segundo, con tres detenidos, «se determinó que un grupo de civiles y policías estaban operando en coordinación con miembros de una organización de inteligencia extranjera» para «acceder a información confidencial relacionada con la seguridad presidencial».

«Siempre tienen la obsesión de un magnicidio contra el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, una obsesión que no les ha dejado dormir», añadió el fiscal.

El tercero buscaba presuntamente atentar contra la vida de Maduro y Padrino. Hubo cinco detenidos.

El fiscal precisó que el cuarto caso develado -con cinco arrestos y dos buscados- estaba relacionado con «presuntas actividades de espionaje y terrorismo» que buscaba información militar «para remitirla a la CIA».

Y el último, que fue bautizado «Brazalete Blanco», buscaba «iniciar una escalada de actos terroristas para atentar contra la vida» de Maduro al comienzo del año. Siete personas están detenidas y seis solicitadas, incluida Tamara Sujú, abogada de derechos humanos exiliada en República Checa, y Sebastiana Barraez, una periodista especializada en la fuente militar.

Personas vinculadas a la candidata de la oposición para las elecciones presidenciales, María Corina Machado, también han sido víctimas de la “justicia” venezolana y de la “furia bolivariana” en los últimos días.

Tres jefes de campaña del partido Vente Venezuela que abandera a Machado fueron detenidos en las últimas 24 horas por agentes del régimen. Juan Freites, jefe del comando de campaña en Vargas; Luis Camaro, director del comando de campaña en Yaracuy; y Guillermo López, jefe de campaña en el estado Trujillo, son las últimas “fichas” del gobierno de Maduro, así como el vandalismo a varias sedes del partido y de organizaciones de la sociedad civil con el mensaje “FURIA BOLIVARIANA”, la cual parece no tener freno.

Prensa Frontera Viva

FacebookXTelegramWhatsAppMessengerPinterestEmailCopy LinkShare

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí