A través de un comunicado publicado en redes sociales del Ministerio de Relaciones Interiores, este miércoles 20 de septiembre fue anunciada la intervención al Centro Penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua, lugar que por años ha sido el centro operacional del “Tren de Aragua”.
Con la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro, que involucra a 11.000 agentes de las fuerzas de seguridad del Estado (policías, militares, guardias nacionales y de la policía científica CICPC), el gobierno de Maduro pretende desarticular a las bandas criminales que desde este lugar gestan acciones criminales en toda Venezuela y varios países de América Latina.
Es información pública que desde hace años la cárcel de Tocorón está en poder de las propias bandas armadas de delincuentes de alta peligrosidad y bien armados, inclusive con armas de guerra, como fusiles y granadas.
Desde allí controlan abiertamente el tráfico de drogas, de personas y de armas, extorsiones, secuestros, asesinatos por encargo, robo de ganado en propiedades rurales y robo de vehículos. En sus instalaciones funcionan varias facilidades recreacionales que incluyen discotecas, estadio, mangas de coleo y hasta siembras de marihuana, según testigos y familiares de los presos.
Según denuncias de vecinos, de pobladores de comunidades pobres, de varias ONG y ex agentes policiales, el régimen chavista ha tolerado desde hace lustros la existencia de esta especie de poder paralelo cuyos cabecillas están plenamente identificados.
El gobierno de Maduro ha recibido inclusive presiones desde Colombia para que actúe contra la cárcel de Tocorón, pues es la sede principal del Tren de Aragua, la gran banda trasnacional que ha extendido sus tentáculos activamente a Bogotá, Lima, Santiago de Chile y otras grandes ciudades de América del Sur.
«La historia del modelo de gobernanza híbrida desarrollado por el Tren de Aragua empieza en Tocorón. La prisión está bajo control del grupo y su líder, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño» Guerrero, desde la década de 2010, cuando una ola de violencia en cárceles de todo el país llevó al Estado venezolano a ceder parte del control sobre las prisiones a las bandas carcelarias para disminuir las muertes», señala una investigación en los archivos del centro de estudios de violencia Insight Crime.
