Sofos de Mileto

La crisis de la ley

Ya antes de la Constitución republicana se comenzó a hablar de la crisis de la ley, fenómeno al que Francesco Carnelutti, eminente jurista italiano del siglo XX, atribuía como causas la multiplicación de relaciones y realidades, de conflictos y de necesidades, su devaluación cualitativa, de la que derivan incertidumbre y desafección, y la falta de idoneidad de las personas llamadas a legislar.

En las últimas décadas, para responder a los impulsos múltiples, variados y sectoriales de una sociedad intrínsecamente diversificada y en impetuoso crecimiento, la regulación legislativa o, en general, la regulación, resultó siempre más desordenada, abundante y, por tanto, excesiva. A cada situación una ley. Profusión de leyes y poca efectividad de ellas.

En este sentido, no se habla solamente de “crisis de la ley”, sino también de “ley de la crisis”, como problema, del ser y deber ser de la ley, esto es, de la norma que ella misma puede llevar a la sociedad al desorden y crecimiento conflictivo, por la desagregación a una recomposición racional o razonable. Pero —más allá de los presagios— la ley de la crisis es, en el estado en que se encuentran las cosas, también ley en crisis. Se trata de la crisis de la ley de la sociedad actual intrínsecamente diversificada, también con varias categorías. Estamos en presencia de la pérdida de la centralidad de la ley.

La ley ha perdido —a esta altura definitivamente— el papel de guía del sistema, que tradicionalmente le correspondía como fuente primaria por excelencia. La ley perdió al mismo tiempo su función exquisitamente reguladora como norma general y abstracta, y su eficacia erga omnes. Todos iguales ante una ley general.

El cúmulo de tareas asignadas a la ley parlamentaria conllevó una paradójica “clasificación” de la misma ley formal que, en el caso venezolano, se diferencia y se tipifica en leyes orgánicas, leyes especiales y leyes ordinarias, por mencionar la clasificación típica. Pero no olvidemos la ley habilitante y ahora la que fue parida de manera ilegítima, que llaman “ley constitucional”.

Todo esto se agrava por la siempre creciente deparlamentarización de su producción primaria por el órgano llamado constitucionalmente a ello. Nada menos que ya se anunció la presentación de un proyecto de “Ley de Parlamento Comunal, que obligue a la Asamblea Nacional a consultar a las comunas todos los proyectos y temas que tengan en debate para su decisión, a fin de que le den rango legal al Parlamento Comunal.”

Recobrar la finalidad y características de la ley

Toda sociedad requiere de la regulación de las conductas de sus miembros para lograr su estabilidad y permanencia, rigiéndose así por el Derecho, que limita y rige los comportamientos o manifestaciones externas. El derecho impone normas; la sociedad se ajusta a ellas.  Por ello, el derecho contribuye al logro de la seguridad jurídica y del orden.

¿Cómo se imponen normas para dar seguridad jurídica? A través de la ley, en su sentido amplio. ¿Cómo se logra armonía y sociabilidad en el conglomerado? A través del orden. La ley busca el bien común y el orden busca el bienestar colectivo.

Pero retomemos el concepto que la doctrina jurídica en su mayoría ofrece de la ley. Es un precepto o conjunto de preceptos, dictados por la autoridad, mediante el cual se manda o prohíbe algo acordado por los órganos legislativos competentes, dentro del procedimiento legislativo prescrito, entendiendo que dichos órganos son la expresión de la voluntad popular representada por el Parlamento o Poder Legislativo.

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Desde el punto de vista jurídico es una norma jurídica en que el Estado se dirige a sus administrados para fijar entre ellos y él mismo los límites de lo permitido. Los atributos principales de la ley son: 1) la bilateralidad, 2) imperatividad y, 3) la coercitividad.

Es bilateral porque debe considerar que la relación jurídica ha de darse, necesariamente, entre dos sujetos, uno activo y otro pasivo, o sea, uno investido de una facultad a la que corresponde una obligación de otro.

La imperatividad, llamada autarquía de la norma jurídica, refiere a que ésta se sobrepone a la voluntad de los sujetos cuya conducta encauza, independientemente que la voluntad de éstos pudiera ser contraria a la ley.

Finalmente, es coercitiva, porque la norma se impone por una voluntad superior, el Estado, y significa la capacidad de la norma para hacerse obedecer, contra y sobre las actitudes en contrario de los sujetos cuya conducta someten, para garantizar su cumplimiento. Esto quiere decir que si sus mandatos no son cumplidos espontáneamente por los obligados, es legítimo usar la fuerza para que sean observados puntualmente. De esta forma, la capacidad coercitiva de la norma genera su inviolabilidad.

La sociedad mundial requiere con urgencia el restablecimiento del imperio de la ley. Es ella, y no intereses perversos, totalitarios y sesgados, la que debe regular el destino de la humanidad.

En el caos profundo

Oxford Languages define el “deep state” (estado profundo) como un “cuerpo de personas, típicamente miembros influyentes de las agencias de gobierno o militares, de quienes se sospecha están implicados en maniobras secretas para manipular o controlar las políticas del gobierno”. A esto agrega que “el deep state y su política de permitir el florecimiento de ideologías extremistas puede ser un asunto de preocupación”.

El deep state está últimamente en la boca de gobernantes, analistas, periodistas, profesores y personas que participan en las redes sociales, especialmente en Twitter. Mandatarios han usado regularmente el término para referirse a la conspiración que tanto fuera como desde la misma estructura del gobierno de Estados Unidos, estaría en marcha para deponer la autoridad legítima e instaurar una suerte de liderazgo único, con macabros tentáculos de dominio.

Las protestas y saqueos que estallaron a partir de asesinatos de ciudadanos afroamericanos por parte de policías blancos han dado pie para que el deep state cobre fuerza, a lo que se agregaría, según parece, una patraña conspirativa electoral del partido demócrata, que ha puesto en entredicho a la imperturbable democracia norteamericana.

Pero a esto se suma el llamado Nuevo Orden Mundial, dentro de la agenda globalista, caracterizado  por movimientos de protesta y de llamado a la violencia que le ha acompañado, como un esfuerzo coordinado por varios factores para debilitar a gobiernos de derecha, democráticos, que ya tienen bastantes problemas por la pandemia de COVID-19 y sus devastadores efectos sociales y económicos, para generar el dominio de una élite, que vendría ya manejando voluntades, minorías, grupos radicales de izquierda y movimientos alternativos de exigencias de derechos. Constituyen una élite estrecha que pretende superponerse a los gobiernos electos y soberanos de las naciones desarrolladas y controlar los organismos transnacionales a través de sus fideicomisarios.

En particular ese Nuevo Orden Mundial y los movimientos progresistas, estarían actuando en alianza con factores y redes de organizaciones de ultraizquierda, y con el financiamiento de multimillonarios del mundo financiero y tecnológico. A esto se adjunta la supuesta participación de revoltosos profesionales con apoyo logístico y financiero pagado por regímenes comunistas y socialistas como el cubano y el chavismo, incluso el ruso, con influencia del Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla que facilitarían su infiltración en numerosas protestas para producir caos, desorden, saqueos, provocando destrucción y alteraciones del orden, y pretendiendo desestabilizar políticamente a la región latinoamericana.

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Hemos entrado en un período de caos del sistema-mundo, tal como se conocen, de hecho, las principales tendencias en curso (militarización, declive de la hegemonía estadounidense y ascenso de China, obligatoriedad de una identidad legal digital a todas las personas, moneda única, religión global, un solo líder mundial, violación de libertades individuales con ocasión del COVID-19). Son procesos de largo plazo, que se están acelerando en esta coyuntura.

Del imperio del caos al imperio del orden

Es apremiante salir del imperio del caos y recuperar uno de los fines primordiales del derecho, como es el orden. Hay que reencontrarse con la paz interna del país y la externa del individuo, en una palabra, el llamado bien común, que comprende todos los beneficios que se pueden recibir en una sociedad organizada jurídicamente. Sin este orden, acaso sería imposible la vida social; acaso se originaría el llamado estado de naturaleza que imaginó Hobbes; acaso sería el hombre el lobo del hombre. Sin un régimen jurídico, el débil quedaría sin amparo ante la ambición y la saña del fuerte; no habría paz ni sosiego; los hombres vivirían en una eterna lucha sin descanso. En la vida del hombre y con el desorden, no hay bondad, ni belleza, ni verdad, ni justicia, Y en el caso de que lo hubiera estos valores culturales no podrían tener el mismo desarrollo que en la tranquilidad y la paz.

El derecho, en consecuencia, tiene como fin esencial el aseguramiento de todas las condiciones necesarias para la vida social de la persona. El orden público está representado por la tranquilidad y paz social que proviene del respeto generalizado al ordenamiento jurídico. El primer paso de integración del hombre se produce en el grupo familiar, pues este satisface las necesidades básicas y contribuye de forma necesaria al primer estado necesario de la sociabilización humana, favoreciendo su inclusión en otras unidades superiores como la comunidad política. Seguidamente, la conducta humana se convierte en conducta social mediante la relación del hombre con los demás, configurándose la conducta de cada uno en función de la de los demás. En muchos casos, como ocurre en el actual escenario, se anhelan elementos materiales y poder, conduciéndolos a una continua situación de guerra, y sin otra seguridad que la que le proporciona su propia fuerza física y su habilidad para conseguirla. En este sentido, la paz o el orden se presenta como la única solución, la primera ley natural, mediante la cual los seres humanos acuerdan derivar toda su fuerza y derechos a un solo centro, soberano o consejo, que interviene como catalizador de todas las voluntades, y que además se constituye como poder común capaz de proteger a cada uno frente a todos los demás. Estos preceptos básicos de la ley y el orden urge recuperarlos en un plazo inmediato. Solo así haremos nuestra convivencia con sentido.

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