Serán los tribunales colombianos los que tendrán en sus manos una “papa caliente”. Por un lado, las denuncias hechas en un portal con sede en Miami sobre los presuntos hechos de estafa a través de organizaciones de atención a venezolanos en Colombia en donde estarían involucrados los juristas Alejandro Rebolledo, Gonzalo Oliveros y el abogado Gerardo Aponte.
Por el otro: las acciones emprendidas por Oliveros ante la justicia colombiana por difamación e injuria en contra de sus denunciantes y la búsqueda de la verdad, según sus propias palabras, para defender su honor y credibilidad “ante el ataque de la canallesca internacional”.
Pero lo que dimensiona y convierte este enfrentamiento entre particulares en un tema de notorio interés para los venezolanos y especialmente su diáspora en Colombia es que se enfrentan, nada más y nada menos, que una parte de los 33 miembros del Tribunal Supremo de Justicia nombrado por la Asamblea Nacional y cuyos miembros se encuentran en el exilio.
El Portal Panampost señaló que, a través de unas fundaciones, entre ellas las conocidas AsoVenezuela y Eiuris, se venían ofreciendo a migrantes venezolanos en Colombia servicios de asistencia jurídica para garantizar el acceso, entre otras cosas, a servicios de salud y educación, tramites de Permiso Especial de Permanencia, de refugio, ofrecidos por el Estado colombiano.
Estas asesorías, según el portal, eran pagas y muchas veces innecesarias ya que pudieran haberlas realizado los solicitantes a través de trámites sencillos y sin costo alguno. Las “asesorías”, además de antiéticas, habrían sido una estafa ya que a muchos solicitantes no se les cumplió con lo ofrecido. Además de carecer representatividad al no estar autorizados para el ejercicio del derecho en Colombia ante tribunales por no haber realizado los estudios complementarios exigidos por la Ley para actuar como abogados en este país según, reitera, Panampost.
Lo cierto del caso es que, el sistema de salud pública en Bogotá y otras ciudades, se vio colapsado por cientos de tutelas (como en Colombia se denominan los recursos de amparo) que repetían el mismo patrón: migrantes venezolanos que exigían el derecho a la salud previsto en la Constitución de Colombia.
Detrás de estas acciones estaría el abogado Aponte y se vincularían a ellas los magistrados Rebolledo y Oliveros. A pesar de que el tema venía rodando desde hace meses entre la comunidad migrante venezolana, la denuncia de Panampost puso la cereza a la torta y ha desatado una serie de controversias sobre la autoría y alcances de la presunta estafa, el funcionamiento de algunas fundaciones de asesoría a venezolanos, la legalidad o no de la representación de los señalados como magistrados del TSJ, la presunta difamación e injuria del portal y los aparentes intereses políticos vinculados al destape del tema.
SON CALUMNIAS
El magistrado Oliveros ha hecho precisiones sobre el tema indicando en su descargo y de la organización, de forma reiterada, que AsoVenezuela “presta asistencia gratuita en materia de asesoramiento migratorio, redacción y acompañamiento de acciones de tutela y redacción y radicación de derechos de petición”. Ha negado también que en algún momento se haya hecho a través de AsoVenezuela el trámite para la obtención del PEP y menos que se haya cobrado por eso.
Sobre el origen de la denuncia en su contra afirma que la misma fue anónima y realizada ante la personería de Bogotá (ente para instruir denuncias en representación del Ministerio Público) indicando que “con las pruebas emanadas de los órganos mencionados, se demostró la falsedad de las mismas”.
Con respecto a la captación de donaciones por parte de AsoVenezuela , Oliveros indica que “nunca hemos recibido donaciones de terceros ajenos a ella o alguno de sus integrantes y mucho menos hemos recibido dinero de migrantes que hubiéremos atendido”
Sobre el tema de Euiris afirmó que algunos de sus integrantes forman parte de AsoVenezuela, que su objeto ha sido el área educativa y que, como fundación, no ha tenido actividad alguna desde su constitución en Colombia.
“Asovenezuela solicitó la intervención de la Fiscalía General de la Nación a fin de determinar las responsabilidades en este caso” por lo que el mismo ya se encuentra en curso dentro del sistema judicial colombiano.
¿SON MAGISTRADOS?
Otra de los señalamientos vertidos en el portal de Panampost se refiere a la presunta usurpación que estarían ejecutando los señalados Rebolledo y Oliveros al haber renunciado al nombramiento hecho por la Asamblea Nacional como miembros del TSJ. Es decir, por su renuncia ya no serían miembros del TSJ Legítimo.
Oliveros se defiende. Es contundente al afirmar que nunca ha renunciado al TSJ y que ser miembro del Alto Tribunal es lo que le permitió el acceso a la condición de refugiado que actualmente detenta en Colombia.
Aclara que renunció, por escrito, a formar parte de una Asociación Civil denominada Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio. “Sépase no es el Tribunal Supremo que establece la constitución venezolana, aún cuando a algunos se les hubiere querido ver y hasta lo hubieren creído, burlados en su buena fe”. La no renuncia al cargo por parte de Oliveros ha sido ratificada en escrito público por el también Magistrado Rafael Antonio Ortega, actualmente residenciado en Madrid.
Sin embargo, en comunicado oficial del pasado 18 de julio, el Presidente del TSJ en el exilio, Miguel Ángel Martínez Tortabú, señala que Rebolledo y Oliveros habían renunciado por escrito y públicamente al máximo tribunal del país por lo que no podían ejercer ninguna representación del mismo. Sobre Aponte este comunicado señala que nunca fue designado como magistrado por la Asamblea Nacional.
Oliveros ratifica su posición: son calumnias en su contra y en contra de AsoVenezuela. Es por ello que acudió ante la Fiscalía en Bogotá para aportar nuevos elementos en la investigación y precisar nombres de sus detractores. En manos de la justicia colombiana está la estabilidad del TSJ en el exilio (Alans Peralta)
