Sofos de Mileto

En el Estado Social, ideología promovida inicialmente por el economista y sociólogo alemán Lorenz von Stein, y que fuera introducido por el difunto Chávez en la Constitución de 1999, se refleja un sistema socio-político-económico que pretende fortalecer los servicios considerados esenciales, para mantener un nivel de vida suficiente, que le permita a los ciudadanos participar como miembros plenos de una sociedad.

El Estado Social de los servicios públicos.

En un Estado Social los gobernantes y administradores públicos asumen el compromiso de atender con la mayor eficiencia y eficacia la asistencia sanitaria y la salud, la educación pública, la cooperación social, el ejercicio de los derechos sociales y los servicios públicos esenciales. No existe el propósito de transformar al Estado en propietario de los medios de producción y de servicios, es decir, un Estado netamente controlador, sino que su intervención activa es para asegurar la participación de grupos o sectores que actúan en representación de clases, como sindicatos, gremios, agrupaciones empresariales, juntas vecinales, a fin de acceder a niveles de decisión político-administrativos. Contrario a lo anterior, el régimen comunista que usurpa el poder actualmente en Venezuela se apoderó de los mecanismos de actuación del Estado Social, para aniquilar cualquier resultado favorable en la prestación de los servicios públicos.

El Estado Social lo soporta el Estado de Derecho y por ello, en la propia Constitución, en su Artículo 117 se propugna, como derecho económico, que todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños causados y las sanciones correspondientes por la violación de esos derechos.

Servicios públicos colapsados.

Recientemente, Cedice Libertad presentó su informe de julio 2020, sobre Calidad de Vida en Venezuela, Servicios Básicos y Poder Adquisitivo. Los resultados más importantes son los siguientes: 1) En cuanto a la percepción de cuatro servicios básicos, el 65 % percibe intermitencia generalizada de Internet; el 68 % realiza largas colas para surtir combustible en ciudades principales; el 41 % y el 33 % reporta la ausencia de suministro de agua potable por más de una semana y su suministro irregular y de baja calidad, respectivamente; y el 65 % experimenta 2 o más apagones prolongados por más de 4 horas y el 34 % por más de una hora; 2) En relación con las fallas del servicio eléctrico y su geolocalización, el Zulia es la entidad federal que reporta más denuncias por ser un servicio muy deficiente, seguido por Táchira, Trujillo y Falcón, que lo reportan como medianamente deficiente. Con el mismo criterio, el servicio de agua es reportado en el Zulia como muy deficiente, seguido de Miranda, Barinas, Trujillo y Falcón, que lo reportan como medianamente deficiente; 3) Si se lleva el registro de tiempo de ausencia del servicio de agua, Zulia lo reporta como ausente por 16 días, Miranda por 14, y Cojedes, Distrito Capital, Falcón y Nueva Esparta por 11. En cuanto a la ausencia de luz, Mérida y Zulia la reportan por 16 horas diarias, Trujillo 15, Táchira 14 y Barinas y Nueva Esparta 10.

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Como complemento de lo anterior, las cifras del Comité de Afectados por los Apagones arrojan que desde enero hasta julio 2020 se han registrado 48.659 apagones o fallas eléctricas en todo el país. Los Estados más afectados, según esta agrupación, son Apure, Mérida, Zulia y Portuguesa.

Servidores públicos incompetentes.

Los funcionarios públicos que desempeñan actividades gerenciales y operativas en la administración pública y particularmente en la prestación de los servicios públicos, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 17 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, deben reunir los requisitos correspondientes al cargo. El mismo dispositivo legal señala, en su Artículo 4, que el Presidente de la República ejerce la dirección de la función pública en el Poder Ejecutivo Nacional, y el Artículo 33 dispone que los funcionarios públicos están obligados a prestar sus servicios con la eficiencia requerida y a cumplir las actividades de capacitación y perfeccionamiento destinados a mejorar su desempeño.

¿Pero qué ha sucedido en Venezuela con respecto a la idoneidad de quienes tienen la responsabilidad de planificar, organizar, dirigir y supervisar los servicios públicos? Muy sencillo. En un plan deliberado, malévolo y comunista, el régimen usurpador, guiado por la mano destructiva de la ideología cubana, se ha dedicado 21 años a acabar con todos –no les queda ninguno a salvo- los servicios públicos, hasta llevarlos al peor estado de deterioro. No pueden alegar que la culpa es del imperialismo, de la guerra económica, de la cucaracha que mutó a un monstruo come-cable de alta tensión o del sabotaje de fantasmas instalados en los depósitos abandonados, estacionamientos de chatarra o salas de máquinas corroídas, desmanteladas, quemadas y obsoletas de las empresas del Estado encargadas del agua, luz, telefonía, gas, refinación de combustible y hospitales públicos.

Se puede esperar mayores niveles de devastación en los servicios públicos, cuando quienes los dirigen tienen un grado de incompetencia vergonzoso, pero a la vez una intención de no realizar ninguna acción en pro de su mejoramiento y restauración. ¿Qué puede hacer un militar, activo o retirado, que no conociéndola en ningún nivel gerencial ni habiéndose capacitado para ello, lo colocan como Director o Presidente de una Empresa del Estado encargada de un servicio público? ¿Qué carrizo hace un delincuente corrupto cometiendo irregularidades como Director en un hospital del Seguro Social, robándose los insumos y medicamentos de alto costo, asignando vehículos oficiales para su uso particular y hasta vendiendo los que tiene en custodia, hechos irregulares reconocidos por el propio régimen? ¿Habrá mayor nivel de incompetencia en un beisbolista y cantante de reguetón que lo colocan a dirigir (“Lo que no sabes tú”) un hospital de campaña para el Covid-19 en el Poliedro de Caracas? ¿Qué ejemplo ofrecen los usurpadores en el alto gobierno que desempeñan simultáneamente cargos de Viceministros y Ministros -prohibido expresamente en el Artículo 148 constitucional-, sin poder atender eficiente y adecuadamente ninguna de esas funciones.

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21 años de cataclismo social.

Por este grado de catástrofe es que, siendo Venezuela uno de los países privilegiados con sus recursos hídricos, con mayores reservas de agua dulce en el mundo, con aproximadamente 90 cuencas hidrográficas, termina con termoeléctricas dañadas, represas monumentales con turbinas paralizadas y tuberías matrices del sistema de acueducto en continuo rompimiento y con parches. Falta de mantenimiento e inversión o el desvío de recursos hacia la corrupción es lo común. Lo mismo ocurre con un sistema de cableado telefónico y fibra óptica saqueado por los mismos técnicos, con el ancho de banda más lento e inestable de Latinoamérica, o con la nula producción  y distribución de gasolina y gas doméstico, a pesar de haber sido Venezuela de las grandes potencias energéticas y de hidrocarburos del orbe.

Los servidores públicos, que no conocen semejante responsabilidad, han convertido a los servicios públicos en lo más inservible que tiene el país. Mientras tanto, aún persisten las protestas de los usuarios que demandan el mínimo de atención y un suministro de calidad, seguro y permanente, aunque sean perseguidos por ser presuntos instigadores al odio, solo por reclamar lo que les corresponde. Un servidor público que debe regirse por los principios de honestidad, decoro, vocación de servicio, eficacia, responsabilidad, transparencia y competencia, en Venezuela lo caracteriza personajes de muy dudosa reputación, preparación y pulcritud administrativa.

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