Según denunció la presidenta de la fundación “Juntos se puede”, Ana Karina García, más de 1.000 venezolanos han sido desalojados de sus viviendas alquiladas en Bogotá en lo que va del mes de julio.

García explicó que la decisión de los arrendadores o dueños de los condominios desobedece a la terminación del decreto 093 emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá el pasado 25 de marzo, que prohibía el desalojo de migrantes durante el aislamiento obligatorio.

El decreto en mención, en su artículo 6, señala textualmente: “El prestador de servicios de vivienda que corresponden a menos de treinta (30) días, según lo previsto en el Decreto 2590 de 2009, se abstendrá de desalojar al usuario en condición de vulnerabilidad por el no pago del hospedaje, durante el término del aislamiento preventivo obligatorio”.

Familias caminantes

Como consecuencia, ha aumentado dramáticamente el flujo de familias venezolanas – con niños, ancianos y mujeres embarazadas – caminando por la Autopista Norte con dirección a la frontera de Cúcuta con Venezuela. Asimismo, la presidenta de la fundación señaló que hay un incremento en las denuncias de familias migrantes que son echadas a la calle.

Y aunque la Fundación Juntos Se Puede ha ayudado a algunas familias con donaciones recolectadas, García dice que no dan abasto. 

“Hemos priorizado los casos más urgentes: niños, mujeres embarazadas y adultos mayores”, dice. La organización, que ya puso en conocimiento las denuncias en la Personería de Bogotá, advierte que muchos de esos procedimientos son irregulares. “Varios desalojos han sido ejecutados por la Policía sin una orden judicial, en especial en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme”, asegura la presidenta.

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Piden más medidas de protección al migrante

Ante la gravedad de la situación, García reiteró la importancia de decretar medidas que atiendan a la población migrante mientras dure la pandemia, entendiendo que la mayoría paga el valor del arriendo con el trabajo diario. 

“La población migrante no tiene cultura de ahorro ni tampoco la posibilidad de ahorrar, pues ganan muy poco: entre 30 mil y 35 mil pesos al día. Se gastan 20 mil en el pagadiario y el resto en comida”, argumentó.

En cuanto a las ayudas para las personas afectadas, la presidenta de Juntos Se Puede resaltó la disposición del Gobierno nacional pero la ausencia del gobierno local.

Por ejemplo, han intentado comunicarse con el Centro de Atención a Migrantes de Bogotá, CIAM, y no les contestan las llamadas. Por eso, está buscando generar conciencia a nivel nacional y local para tomar medidas en contra del desalojo para evitar los retornos masivos de migrantes.

Con información de Proyecto Migración Venezuela

Prensa Frontera Viva  

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