El suicidio de un hombre en Bogotá, un delincuente venezolano con otra identidad en Colombia, fue el inicio de una serie de investigaciones sobre la forma fraudulenta en que muchos extranjeros están obteniendo la cédula colombiana.

El suceso ocurrió en el lujoso conjunto residencial en Ciudad Salitre cuando Damián Arturo de la Cava Iguarán, oriundo del municipio de Galapa, Atlántico, se lanzó del sexto piso tras un altercado con su esposa.

Sin embargo, esto sería el inicio de una historia de corrupción por parte de funcionarios de distintas registradurías del país.

En Venezuela, los medios hicieron eco del suicidio e identificaron a la víctima como Edwin Soto Nava, alias ‘el Mocho Edwin’ colocando en evidencia lo que estaría ocurriendo con la cedulación ilegal de extranjeros en Colombia: mexicanos, dominicanos y especialmente venezolanos. Un migrante dio cuenta de lo que les cobran para conseguir una cédula, sin muchas preguntas y procesos.

Según declaraciones de una fuente, por tramitar una cédula colombiana cobran hasta 6 millones de pesos.

Richard Poveda Daza, investigador y analista de documentos consultado por las autoridades colombianas, explicó cómo es el procedimiento que se realiza cuando el migrante opta por la cédula ilegal.

“Primero tramita un registro civil y ese registro lleva información falsa, se cambian los nombres, fechas y se presentan con testigos que hacen afirmaciones falsas y con esa información, pues el registrador termina expidiendo el documento”, señaló el investigador.

La Fiscalía, el Ejército y Migración Colombia han descubierto varias redes que logran sacar cédulas para ciudadanos de varios países.

Según las autoridades, se han investigado 15 registradurías por estas cedulaciones, entre ellas está la de Galapa donde se expidió la que le encontraron a alias ‘el Mocho Edwin’ y donde, al parecer, desaparecieron los registros de cedulación de 76 venezolanos.

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Detrás de estas organizaciones hay redes completas que no solo expiden cédulas a supuestos delincuentes o a quienes no cumplen requisitos, sino también documentos a traficantes de personas, o de menores de edad.

“Tenemos casos de niñas que pasaban de 14 años a 18 años en el registro civil para sacarlas con el fin de explotación sexual”, indicó Alexander Vega, registrador nacional.

La Registraduría y la Fiscalía no solo busca ahora a quienes se cedularon ilegalmente, sino a aquellos que participaron en el fraude desde dependencias del estado.

Con información de Noticias Caracol

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