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Un tribunal de Caracas condenó este jueves 4 de agosto a entre ocho y 30 años de prisión a 17 personas acusadas de participar en intento por asesinar a Nicolás Maduro con drones cargados con explosivos, en un juicio que observadores y activistas de los derechos humanos dicen estuvo plagado de irregularidades y denuncias de torturas.

Entre los sentenciados se encuentra el ex diputado opositor Juan Requesens y seis militares, incluyendo a tres generales y a un coronel.

El tribunal también ordenó la captura y emisión de solicitud de extradición contra el líder opositor Julio Borges y contra Osman Alexis Delgado, quienes se encuentran en el exterior. Delgado es acusado de haber financiado la operación.

“Requesens fue condenado a 8 años por el delito de conspiración. En las próximas horas me reuniré con su familia para próximas acciones”, indicó en Twitter Joel García, abogado del exdiputado, al término una audiencia que se extendió durante 12 horas.

La decisión fue anunciada en la madrugada del jueves al cumplirse cuatro años del fallido atentado, que sucedió el 4 de agosto del 2018 durante el acto de conmemoración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana.

El ataque propició una ola de detenciones, todas ellas carentes de órdenes de arrestos, y la posterior aplicación de crueles torturas.

El tribunal impuso condenas de 30 años para general Alejandro Pérez Gamez, el coronel Pedro Zambrano y el sargento retirado Juan Carlos Monasterio Vanegas.

La misma pena fue ordenada para los civiles Yanin Pernia, Brayan de Jesús Oropeza Ruiz, Alberto José Bracho Rozquez, Emirlendris Carolina Benítez Rosales, Yolmer José Escalona Torrealba, Oswaldo Gabriel Castillo Lunar y Hennyberth Emmanuel Rivas Vivas.

Asimismo, el tribunal impuso 16 años al general Héctor Hernández Da Costa, 20 años para José Eloy Rivas y ocho años para Requesens, quien había sido arrestado poco después del atentado y luego apareció en un video, con visibles señales de tortura, en la que confesaba su participación.

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Las organizaciones que velan por los derechos humanos en Venezuela, han denunciado que la mayoría de los detenidos fueron sometidos a intensas sesiones de tortura que en ocasiones implicaban, ahogamientos, desprendimientos de uñas, golpes y, en casos de mujeres, violencia sexual.

“Tanto muchachos, muchachas y generales fueron sometidos a terribles torturas”, dijo Tamara Suju, directora ejecutiva de Casla Institute, organización no gubernamental que denunció las transgresiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En las sesiones de torturas estaban presentes los propios fiscales que llevaban los casos, al tiempo que algunos de los detenidos posteriormente dijeron que en los interrogatorios también participaron agentes cubanos.

El contexto

Maduro, quien desde entonces evita aparecer en eventos públicos, daba un discurso transmitido en vivo el 4 de agosto del 2018 delante de cientos de soldados cuando fue interrumpido súbitamente por una fuerte detonación en el aire, a menos de 100 metros de distancia.

El estruendo fue seguido 18 segundos después por una segunda explosión que se produjo a varias cuadras de distancia. Fue esa explosión que impulsó a cientos de soldados a correr despavoridos del evento.

Autoridades del régimen luego dijeron que las detonaciones se trataban de dos bombas compuestas por el explosivo C-4 que estaban siendo transportadas por dos drones comerciales.

Maduro, quien fue retirado a la fuerza por parte de su equipo de seguridad, posteriormente salió por televisión atribuyendo el atentado a organizaciones de derecha ubicadas en Venezuela, Miami y Colombia, así como al gobierno de Colombia.

“Han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo dudas que todo apunta a la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana, y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado”, declaró.

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Un funcionario venezolano es auxiliado tras recibir una herida en la cabeza, luego que uno de los drones cargados con explosivos estallara durante el atentado ocurrido el 4 de agosto.

El atentado fue esa misma tarde asumido por un grupo clandestino conformado por militares venezolanos descontentos con el régimen de Nicolás Maduro.

En un comunicado obtenido por el Nuevo Herald, la agrupación admitió el fracaso de lo que llamó “La Operación Fénix” pero anunció que continuaría luchando por rescatar la democracia en Venezuela.

No obstante, existen dudas de que las 17 personas señaladas en los expedientes fueron realmente los verdaderos responsables del intento de magnicidio, dado las irregularidades del proceso incluyendo los testimonios obtenidos a través de torturas y el incumplimiento con las normas de custodia de evidencias, señalaron los observadores del caso.

El ex fiscal venezolano Zair Mundaray advirtió a través de las redes sociales que el dictamen se trata de una orden dictada desde la cúpula del régimen a la jueza que lleva el caso. “La dictadura ordenó al Sistema de Justicia culminar luego de 4 años, el juicio del llamado caso del dron, el mismo en que el Ministerio Público ya ofreció la condena a Maduro de forma pública desde hace varias semanas. Para complacer al poder pretenden sacrificar a 17 personas”, sostuvo Mundaray.

Con información de El Nuevo Herald

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