Ph.D. Tomás Páez @tomaspaez @vozdeladiasporaven

El día 1 de septiembre comenzó el proceso de regularización de la diáspora venezolana en Ecuador. Antes lo había hecho Brasil con la estrategia de Acogida, USA con el TPS y Colombia, primero con el PEP y luego con el Estatuto, se ha convertido en país referencia global en gestión y gobernanza de diásporas. Acoge un extraordinario flujo migratorio, cuyo número lo sitúa como el cuarto departamento de los 32 en los que se organiza el país, superado solo por Bogotá, Antioquía y Valle del Cauca.

Ecuador convierte en política las ideas medulares del Proceso de Quito y la Asociación de Venezuela en Ecuador celebra la iniciativa y hace un intenso esfuerzo de difusión y monitoreo de dicha estrategia. Giovanni Bassu, Representante de ACNUR en ese país, refiriéndose al proceso de regularización sostiene que el mismo dará la oportunidad a miles de personas de decir: Estoy aquí para aportar, para construir y crear comunidad. Para ejercer mis derechos y cumplir mis deberes como cualquier otra persona”.

Agrega el representante; Las estrategias que favorecen la regularización asumen que el interés de los migrantes es trabajar formalmente, abrir negocios e integrarse a la sociedad; generar recursos para si y para los familiares en la comunidad de origen. Mientras el mundo acoge, regulariza, favorece la integración e intenta visibilizar, a quienes ingresaron por los caminos verdes, irregulares carentes de documentos legales, el gobierno de Venezuela, además de desconocer su existencia es ingrato y desagradecido con los formidables esfuerzos de estos países para con los migrantes venezolanos.

Los responsables de la ejecución de la estrategia de regularización de Ecuador son conscientes de los incentivos perversos que contiene la irregularidad, y que las políticas restrictivas, centradas solamente en el control de fronteras favorece la migración irregular creando así un círculo vicioso que es necesario frenar. Por ello. la puesta en marcha de esta estrategia adquiere mayor significación, pues en contextos en los que reina la anarquía y la migración irregular, merma el respaldo a políticas migratorias liberalizadoras y regularizadoras.

Están al tanto de que la migración favorece el crecimiento del PIB de regiones y países. A escala global este impacto ha sido cuantificado en trillones de dólares. La diáspora estimula la competencia, la innovación y la internacionalización de las empresas. Llevan consigo habilidades que llena los vacíos de la fuerza de trabajo nativa. Asimismo, introduce nuevas ideas y enfoques. Desde la perspectiva del país de origen, como nos advierte Levitt, la diáspora puede desempeñar un importante papel en la consolidación del desarrollo desde fuera.

El reconocimiento de tales contribuciones se ha traducido en políticas y estrategias en países de acogida y origen para relacionarse con la diáspora. Australia, Canadá, España y Alemania mantienen políticas activas para atraer inmigrantes. México, India, Corea del Sur y Colombia, establecen políticas dirigidas a sus diásporas. La relación con la migración como invitación, regularización o como relación, muestran una vez más la agenda política, sin aspavientos, alejados de términos simplificadores y grandilocuentes. La diáspora responde a su manera al silencio y exclusión y su uso como pretexto. Su respuesta es hacer POLÍTICA.

Desearíamos que el gobierno venezolano, en sus distintos niveles, nacional, local, regional y parlamentario, avanzaran en la estrategia de regularización de la diáspora del país. Una condición indispensable para lograrlo es admitir su existencia, sin ello, es imposible comprender los motivos del éxodo, sus efectos e impactos locales y globales. El siguiente paso es disponer de información y datos acerca del número y porcentaje de migrantes por localidad, ciudad y región.

Tal información es un insumo medular, clave para los procesos de planificación de las distintas instancias de gobierno. Para las empresas, instituciones, universidades, gremios empresariales y profesionales, disponer de estos datos es vital en sus procesos de planificación, mercadeo e internacionalización. Interesa conocer no solo el número y localidad de la cual migraron, también dónde se encuentran, en cuáles comunidades, ciudades y países.

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Por esa razón, la sociedad toda, los partidos políticos, los gremios empresariales y el parlamento, debemos exigir al gobierno nacional y al Instituto Nacional de Estadísticas recuperar, procesar y producir información en torno a la diáspora venezolana. Se trata de un bien público cuya ausencia lesiona la democracia. La información y los datos evitan confrontaciones estériles, allanan el camino para debates fértiles y el diseño de mejores políticas y estrategias de parte de los distintos actores e instituciones. Por fortuna, también en este terreno las organizaciones de la sociedad civil y de las Naciones Unidas, han hecho posible llenar el vacío.

El sector privado de cada localidad, ciudad y región, junto con instituciones, universidades y gobiernos locales y regionales, necesitan relacionarse con su diáspora de un modo más sistemático e institucionalizado. Los avances hechos con los gremios empresariales de Carabobo y Zulia y con organizaciones de la sociedad civil, en las esferas de la información, el conocimiento mutuo, el intercambio de ideas y la identificación de proyectos, favorecen la construcción de un sólido entramado de organizaciones que imprima dinamismo a la oferta y demanda de servicios y productos en la nueva geografía de Venezuela. Se establecen las bases para que todos puedan participar en la reconstrucción de un país desvencijado, extenuado y saqueado.

Admitir la existencia de la diáspora y conocer sus dimensiones, sin duda, contribuye a realizar un debate postergado: la necesidad de actualizar, modernizar y adecuar el servicio exterior venezolano a la Nueva Geografía. El servicio exterior fue concebido para un país de inmigrantes y no está preparado para hace frente a una realidad más compleja y plural. Poco o nada se ha hecho para ensanchar la infraestructura física, dotar de personal a los consulados y diversificar los modelos de atención para poder responder a la demanda de servicios que se ha diversificado y multiplicado por millones en la nueva realidad. Ha ocurrido todo lo contrario.

A medida que crece el éxodo se cierran consulados debido a la escasez de recursos, hoy en los bolsillos de los saqueadores quienes se pavonean con sus decenas de propiedades, apartamentos y locales adquiridos con lo robado a los derechos humanos de los venezolanos. En este terreno es mucho lo que el gobierno, el parlamento, los partidos y las organizaciones de la sociedad civil podemos aprender de los países que han actualizado su servicio exterior. Hay iniciativas de enorme calado y gran utilidad.

Reconocer la existencia de la diáspora es un paso imprescindible para poder salvaguardar y defender los derechos sociales y políticos de los venezolanos. Es, además, un ingrediente esencial para la toma de decisiones. En este terreno el CNE y los partidos políticos que hacen vida en el parlamento comparten la misma necesidad de información y la obligación de exigirla a los organismos responsables de producirla. La ausencia de datos sólidos y confiables dificulta la defensa de derechos humanos básicos: como el de identidad, los de los pensionados y jubilados, los derechos a participar y ser incluido en los distintos proyectos de leyes. Viene a mi mente la exclusión de la diáspora en la última versión de la ley de Ciencia y Tecnología, las decenas de miles de niños apátridas, y los obstáculos al registro electoral y el derecho a votar.

Para el CNE, que acaba de coordinar las recientes elecciones y que tiene en puertas otra de mucho interés, el tema la diáspora es relevante. En estas la diáspora tiene el derecho a ejercer el voto. La inclusión o exclusión de la diáspora afecta el comportamiento de las cifras y datos de la participación, la abstención y el registro de electores.

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Resulta inexplicable que mientras los países incorporan a los venezolanos en situación irregular, no se haga lo mismo en el país y, en el caso del CNE, la norma de votación excluya a los ciudadanos que otros países incluyen. Si los países adoptaran una estrategia similar, el porcentaje de deportación y exclusión crecería de un modo extraordinario. Mientras los países dan la bienvenida, el CNE la despedida. Nos preguntamos, ¿no debería ser el gobierno venezolano el primer interesado en resguardar y regularizar los derechos de los venezolanos? si es así, ¿Por qué actúa de esa manera? ¿Se trata de preguntas ingenuas? Las respuestas corresponden al lector.

Celebro y veo con agrado el interés suscitado por el tema de la diáspora en muchas organizaciones y personas. Hemos salido del silencio guardado en torno a la diáspora, por la inmensa mayoría de los candidatos en las recientes elecciones regionales y locales. Actuaron como si la diáspora no tuviese efectos en las localidades en las que se origina. Probablemente obedezca al sentido de oportunidad que ofrecen las próximas elecciones de 2024 y al hecho de que en ellas todos podrían participar. Como de costumbre, es posible encontrar dosis de oportunismo y paracaidismo, pero no podemos dejar de sentir y expresar que ello merece una celebración.

Colocar el foco en la diáspora va a permitir conocer el inmenso trabajo realizado por las organizaciones diaspóricas, su centralidad en la defensa de los derechos humanos, el carácter transnacional de sus redes y poner en valor la confianza, la reputación y credibilidad que han logrado construir. Operan como dendritas de información allí donde operan.

La alharaca del gobierno con el retorno de un venezolano es solo equiparable a la que hace con las cifras que muestran el crecimiento económico de los dos últimos años. Han creado programas para el retorno de la diáspora desconociendo la realidad, sin saber de qué hablan, como llamados a los inversionistas internacionales, en un intento por corregir, de mala manera, los atributos de un modelo confiscador, expropiador, estatizante encubridor de realidades y datos. Ya lo decía Lenin, las revoluciones terminan en fracasos y la advertía A. Tocqueville, el momento más difícil de un mal gobierno ocurre cuando intenta corregirse a si mismo, argumento extensible a todo gobierno.

Pensaba en lo dicho por el difunto cuando, junto al ministro que hoy se enfrenta a la justicia y posible extradición por robos mil millonarios, dijo que eran ellos los llamados recuperar la industria petrolera. Hoy, las acusaciones mutuas y las solicitudes de extradición indican que estamos frente al PRANATO político. Sacan a flote y piden el enjuiciamiento de quienes ya se sabía que habían robado. Recordaba una historia real de un PRAN que, luego de haber cumplido su condena y haber salido de la cárcel, intentó recoger lo que antes le correspondía y fue asesinado por el nuevo PRAN.

Quienes no se pliegan no pueden admitir que persista el silencio acerca de la diáspora, la salud, la economía. Disponer de información confiable y creíble es fundamental para el diálogo y para elevar la calidad del debate, componentes centrales de la POLÍTICA. Es necesario defender el derecho a la información, y ésta es fundamental para la defensa de los derechos de quienes han migrado interna e internacionalmente. Los demócratas del país sabrán agradecer la exigencia de REGULARIZAR a la diáspora venezolana en Venezuela, siguiendo el ejemplo de países como Estados Unidos, Colombia, Brasil y el más reciente, Ecuador.

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