La mayoría de los consultados parte de la idea de que las autoridades no ponen de su parte para combatir la inseguridad. Las dudas y el temor ensombrecen aún más el panorama de la zona.

Según versiones extraoficiales de integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado.

El municipio Pedro María Ureña luce desolado. Por sus calles, y en especial las que bordean el centro y sus adyacencias, ya no suele transitar el mismo número de ciudadanos. El ambiente se respira pesado, la zozobra e incertidumbre se asoman en las miradas de sus habitantes, como si el asedio se hubiera convertido en su sombra.

Solo basta recorrer la plaza Bolívar para palpar lo descrito. Son pocos los que se atreven a hablar sobre temas tan álgidos como la inseguridad. La mayoría reconoce que es su mayor problema, pero un pequeño porcentaje lo discute, lo encara y exige soluciones frente a un escenario que parece ganar terreno sin obstáculos.

Lo que se vive puede sonar paradójico para quien visite la jurisdicción fronteriza, pues varias alcabalas del Ejército y la Guardia Nacional se hallan desplegadas a lo largo y ancho de la ciudad. En el trayecto corto, que va desde Tienditas hasta el central azucarero, se pueden contar dos puntos de control.

Y si el visitante se adentra, puede ver a otros componentes de seguridad, como la policía, circulando por la localidad.  Así, a simple vista, todo parece seguro, tranquilo; sin embargo, al profundizar con sus lugareños, se desprende todo un entramado cuyas raíces socavan la estabilidad de una comunidad que ensordece con su silencio: “¡los grupos irregulares no dan tregua!”

“Están acabando con nuestros jóvenes”

Ilda Vivas, venezolana de 46 años.

Ilda Vivas, de 46 años, manifestó el profundo dolor que oprime su alma cuando se refiere a la inseguridad. “Nos está agobiando, sobre todo a las madres, ya que se han registrado muchos asesinatos”, soltó como si deseara arrancar ese sentimiento que la venía subyugando. “Están acabando con los jóvenes del municipio, gente trabajadora. A nosotras son las que nos duelen”, dijo desde su rol de progenitora.

Recordó que las autoridades existen para velar por el bienestar de las personas, y para hacer que quienes actúen mal, sean castigados por la ley. “No hacen nada. No hay seguridad. Es puro parapeto. Igualito matan a la gente delante de ellos y se queda como `ajustes de cuentas`; nadie agarra a nadie. Es un pueblo sin Ley”, aseguró.

Ante este panorama, dejó claro que la única ley de la “que estamos agarrados, es la de nuestro Dios, quien es el único que puede interceder por el  pueblo. En todos lados hay mucha delincuencia a raíz de toda esta situación económica”. Lamentó que los encargados de hacer las investigaciones, no arrojen resultados positivos. “Nuestras vidas ya no valen nada”, recalcó.

Luis Cruz, venezolano de 50 años.

Para el profesor Luis Cruz, de 50 años y residente del barrio Plaza Vieja de Ureña, la ciudad atraviesa “su momento más deplorable. Vivimos asediados pese al despliegue militar que hay”, alertó, para luego rematar: “El detalle está en que muchas veces, en vez de sentirnos seguros, nos sentimos agraviados por quienes deberían protegernos. Atropellan a la gente”, denunció.

Cruz está convencido que la carencia de gobernabilidad ha originado esa anarquía, sin precedentes. “Extraño la tranquilidad de antaño, donde todo el mundo se conocía y las familias eran respetadas. Ahora, a los padres se les escapa el control de sus hijos, pues debido a la situación económica, muchos tenemos que, además de nuestro oficio o profesión, acudir a trabajos informales que no nos permite compartir con nuestros hijos. Yo soy docente, y como la mayoría de los empleados públicos, no me alcanza el sueldo”, enfatizó.

¿Complicidad o temor?

Geovanny Niño, venezuela de 52 años.

“Hablar de seguridad en el municipio Pedro María Ureña es una falacia”, aseguró Geovanny Niño, minutos antes de ingresar a la iglesia del pueblo. “Aquí los crímenes pasan delante de las autoridades, hay asesinatos y vemos que pese a que el ejército y la GN están desplegados, igual el hampa sigue trabajando”, subrayó.

Niño repudió que los funcionarios solo centren sus fuerzas en acorralar a los motorizados. “En muchas ocasiones los retienen sin ninguna justificación. Mucha gente, ante el calor de la frontera, no usa los chalecos, y los uniformados se aprovechan de su autoridad y se ensañan contra la población ureñense”, dijo.

“Es difícil de entender el comportamiento de las autoridades: o es complicidad, o es temor a la represión contra los componentes militares”, precisó. Evocó la fuerza económica que tenía la frontera gracias al sector industrial y comercial, los cuales, en su mayoría, han cerrado las puertas. “Nos volvimos la frontera más pobre de Latinoamérica”, indicó.

Para Niño, su pueblo se convirtió en una zona de “miseria y hambre”, donde “el caos y el desorden imperan”. “Hay solución con políticas reales, que no sean populistas y que dejen trabajar, producir a la empresa privada. El empresario es el que le da la vida económica a un país”, esbozó quien se niega a cruzar la frontera con intenciones migratorias, pese a que su hija se lo pide a diario, y a que su primogénito ya se encuentra echando raíces en Medellín, Colombia.

Pablo Varela, concejal de partido Acción Democrática (AD)

Entretanto, el concejal Pablo Varela, de partido Acción Democrática (AD), reconoce que su localidad se encuentra consternada,  pues “no tenemos ningún tipo de seguridad: ni social ni jurídica”, apuntó. “Ya uno no sabe ni a quién tenerle más miedo. No vemos respuesta del gobierno cuando ocurren los asesinatos a diario en Ureña”, aseveró.

“Estamos sometidos. El pueblo de Ureña se acabó, los industriales se fueron debido a que no hay garantías para que la gente pueda trabajar. Prácticamente estamos a merced de lo que el señor Jesucristo quiera hacer con nosotros”, expresó, para luego destacar que desde su trinchera, el Concejo Municipal, han sostenido reuniones con los cuerpos de seguridad.

No obstante, dijo,  hay un silencio absoluto. “A uno aquí en la frontera le da hasta  temor dar las declaraciones, ya que no sabemos cuáles represalias se puedan presentar. Con los años, los grupos irregulares han venido cogiendo fuerza. Y el gobierno no se pronuncia. Las autoridades temen, por eso no se atreven y prefieren callar”, señaló.

“Ya ellos (grupos irregulares) tomaron el control. No hay garantía ni para los comerciantes”, sentenció Varela, al tiempo que instó a la ciudadanía a mantener la fe puesta en el cambio.

La vulnerabilidad envuelve al municipio

“No es fácil en nuestra posición. Recuerde que nosotros, más allá de nuestro cargo, somos padres de familia, y en algún momento uno siente temor ante cualquier represalia”,  señaló el alcalde Jhon Carrillo al ser consultado sobre la presencia de grupos irregulares y del escepticismo que hay en la ciudadanía con respecto al papel que juegan las autoridades.

“Pero más allá de eso, hemos hecho lo que nos corresponde: elevar la voz de protesta, generar las alarmas. Yo les he dicho a los organismos de seguridad sobre la importancia de tener permanencia de nuestra fuerza y de las acciones de inteligencia. La idea es que sea permanente, que de alguna manera el Estado se sienta en el municipio”, explicó.

Carillo hizo énfasis en la necesidad de que se realicen trabajos de inteligencia, que “determinen cada una de las particularidades y dificultades que se viven en materia de seguridad”. 

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