Protestas, quema de basura, gritos y reclamos son las constantes que se registran en los Puntos de Atención Social Integral (PASI), ubicados en los estado Táchira y Apure, fronterizos con Colombia. La capacidad de los albergues designados para el cumplimiento de la cuarentena, colapsó y quienes están allí, señalan estar presos, sin poder regresar a casa
Por Rosalinda Hernández C.
Autoridades de Migración Colombia, anunciaron la noche del jueves 20 de agosto que el paso de venezolanos retornados por el puente internacional Simón Bolívar quedaría suspendido el viernes 21 de agosto ante el alto número de ciudadanos que permanecen en el estado Táchira cumpliendo con las medidas de aislamiento motivadas por la pandemia.
Mientras las autoridades realizan el anunció del cierre de pasos legales a connacionales retornados, desde los refugios o Puntos de Atención Social Integral (PASI), los venezolanos retornados gritan: “¡Auxilio, nos tienen presos!”.
Así se escuchaba al otro lado de la línea telefónica, durante el contacto establecido con este medio de comunicación y Raúl Zambrano, un profesional universitario venezolano que retornó el pasado 10 de julio al país y pasados 30 días aún está dentro de un refugio.
La angustia y desesperación por salir pronto del lugar que se ha convertido en una prisión se palpa en la voz del protagonista de una historia tan dramáticas como la misma que lo llevó a migrar de Venezuela.
El arribo al país queda marcado en la memoria de muchos como el peor trauma hasta ahora vivido, así lo reconoció Zambrano.
“Al llegar te desvalijan parte del equipaje. Nos quitan el champú, las herramientas de trabajo, utensilios de cocina y personales”, esto ocurre en la entrada a Venezuela, en el puesto de control de la Guardia Nacional ubicado en El Amparo, reveló con impotencia.
Junto a su esposa e hijo fue llevado luego de aplicarse la prueba rápida para el descarte del Covid19, al Puesto de Asistencia Social Integral (PASI) “Saúl Darío Roa”, ubicado en la población llanera de Guasdualito, en el estado Apure.
Afortunadamente, el cuadro familiar dio negativo en la prueba para coronavirus y así ingresaron al refugio, junto a 174 connacionales más.
Las condiciones del lugar de albergue (PASI) como se ha venido denunciando son pésimas. No hay agua, ni luz, la comida escasea y las altas temperaturas que se deben soportar en los recintos repletos de personas y sin ningún tipo de ventilación, resultan inclementes.
Ley del monte
Los refugios dispuestos para cumplir la cuarentena son administrados por cuerpos de seguridad (Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional) y milicianos, estos últimos son los llamados “Jefes” en el lugar, precisó Raúl Zambrano.
“Ellos (milicianos) tienen el control, ingieren licor en las noches y amenazan. Nos metieron en un salón de unos 30 metros a más de 40 personas. No habían ventanas, ni ventiladores, dormíamos casi unos encima de otros y a quienes protestaban los amenazaban con “la gente del monte” por no portarse bien”.
Las protestas y reclamos por el maltrato al que son sometidos se incrementan conforme pasan los días en el refugio “Saúl Darío Roa” de Guasdualito.
Una noche a los administradores del lugar se les ocurrió fumigar ante la excesiva plaga que asecha, apenas habían pasado unas horas, obligaron a mujeres, hombres y niños a ingresar a las habitaciones donde el olor de los químicos utilizados era fuerte e insoportable. A algunos les dio tos, náuseas y los niños lloraban mucho, recordó Zambrano.
Luego del escándalo provocado por la acalorada protesta, cuando ya se apaciguaron los ánimos y la mayoría dormía, ocurrió algo impensable, dijo el venezolano con voz de impotencia.
“Cerca de la media noche llegaron al PASI, unos 10 hombres encapuchados, con botas de goma, con radios y armas largas. Golpearon a todos, (hombres y mujeres) los planearon. A algunos les cortaron el pelo hasta dejarlos rapados. Ellos decían que eso lo hacían para que aprendiéramos a respetar”.
La acción se ejecutó por orden del miliciano, jefe del PASI, aseguró Raúl.
La dinámica se aplica cada vez que se generaba una protesta o reclamo por parte de los venezolanos que retornar al país en medio de la crisis generada por la pandemia.
El objetivo: denigrar
Quienes ingresan a los PASI, aseguran que allí se borran títulos, reconocimientos, consideraciones porque son tratados como reos, como si estuvieran pagando condena por un crimen.
“Cuando el oficial de la Guardia Nacional, encargado de leer los nombres de quienes serán dados de alta en el PASI, arriba al recinto todo es expectativa. No solo dicta los nombres, también aclara que del sitio solo sale la gente que él quiera que se vaya”.
De dos a tres meses es el promedio de permanencia de los ciudadanos retornados en los lugares donde se cumple la cuarentena. El maltrato es tanto que logran en algunos casos disminuir a las personas a la mínima expresión, dijo el venezolano.
“Es como estar en una cárcel y la única diferencia es que se puede caminar dentro de las instalaciones. A quienes dicen desde afuera de Venezuela que van a retornar les aconsejo que no lo hagan. Les digo que se queden y soporten la tempestad porque aquí el maltrato es la estrategia a aplicar”.
Las porciones de alimentos que sirven son pequeñas, apenas y alcanzan para alimentar a un niño. La situación originó la instalación de unas improvisadas cocinas y cuando consiguen mercado se preparan comidas para no quedar hambrientos.
“Todos no pueden cocinar aquí, son pocos y lo permiten porque quienes administran el lugar son los mismos que comercializan los alimentos que envía el gobierno. El personal del lugar vende la harina pan y demás víveres, todo a precio de pesos colombianos”.
Una barra de hielo sale en 1600 pesos (0.50 centavos de dólar) y solo se puede comprar al personal del PASI. Cualquier otra persona que se acerque con intenciones de vender algo se le cierra el paso.
Lo que están viviendo dentro de los refugios quienes regresan a Venezuela luego de haber migrado es una retaliación y castigo que se acentúa aún más para quienes protestan por las pésimas condiciones en las que se cumple la cuarentena, aseveró Raúl Zambrano.
La periquera
El 80% de las personas que han participado en protestas en el PASI “Saúl Darío Roa” de Guasdualito fueron diagnosticadas como positivas para covid19 y enviadas a un lugar llamado “La Periquera”, antiguo club de los trabajadores de la estatal petrolera PDVSA.
El lugar que ha sido acondicionado con módulos de Acnur para la recepción de connacionales, alberga más de 300 personas en diversas áreas.
No cuenta con energía eléctrica, ni agua potable, tampoco tiene baños, dijo el venezolano retornado en entrevista con Frontera Viva.
Las necesidades se hacen en el monte. Hombres, mujeres y niños, corren a cualquier hora del día a un antiguo potrero para hacer allí sus necesidades fisiológicas, agregó.
Eligen un jefe de grupo por cada módulo y Raúl es quien representa a su grupo. Es el encargado de ir con recipientes a buscar los alimentos a la hora que se anuncia la llegada de la comida.
“Llevó un par de baldes y ahí es donde ponen los alimentos para todos. Luego cada quien se las arregla para tomar una porción”.
No hay platos y menos cubiertos, las tapas de las ventanas son usadas para poner sobre ellas los alimentos. Se come con las manos los frijoles chinos y bayos que son el menú diario, precisó.
Los medicamentos cloroquina y omeprazol son suministrados a los pacientes diagnosticados positivos al covid19, dentro de los PASI, pero no existe un monitoreo por parte de personal médico para tratar a estas personas, “gracias a Dios, nadie ha presentado contraindicaciones”, resaltó el líder del grupo de retornados.
Cuando existen las provisiones el suministro de medicamentos se hace cada doce horas. Cuando no hay, sencillamente no se aplica el tratamiento, o solo uno de ellos, detalló.
“Mi esposa dio positivo y ni a ella, ni a ningún otra persona positiva para covid19, ha venido a verlos un médico, aunque ninguno ha presentado síntomas de la enfermedad la cloroquina produce mareos intensos, náuseas y diarreas”.
Llegó el día 100
Mercedes y su hijo de 10 años, dieron positivas para covid19 en el refugio “Julio de Armas” de Guasdualito y está próxima a cumplir los 100 días interna en el refugio. Ingresaron al refugio el 26 de mayo.
Los maltratos físicos y psicológicos inician desde el primer momento de ingreso, dijo con notable molestia Alberto Arteaga, el esposo quien pasó 60 días en el referido PASI y ya fue dado de alta.
El venezolano señaló que el gobierno de Nicolás Maduro, administrador de los refugios para retornados, “arma una mentira”, cuando entrega el salvo conducto de salida. En el certificado que entregan no dejan evidencia de los días que cada ciudadano estuvo recluido en el lugar.
“En mi caso pusieron que estuve recluido por 21 días cuando eso es totalmente falso, mi permanencia en ese lugar fue de 72 días, dos meses y doce días”, vociferó el hombre.
Arteaga hizo un llamado de atención a las autoridades, solicitó ayuda porque se trata de la vulneración de la condición humana.
“Es una situación inhumana, ¿por qué tanto tiempo encerrados? La realidad es que deben ser 15 días de cuarentena en refugio y luego cada quien retorna a su estado de origen, ¿por qué a mi esposa y a mi hijo no les permiten salir?”
Cada día que transcurre dentro de un refugio, representa vivir los peores días de la vida. No existen condiciones para estar en esos lugares, añadió.
