Aguas Verdes. A bordo de una pick-up, un contingente policial bordea la desolada orilla del río Zarumilla, en la frontera entre Perú y Ecuador, en una estéril lucha contra los grupos mafiosos que operan en la zona, porque los avances que logran de día se evaporan por la noche.

El grupo lo componen siete efectivos armados y se dirigen hacia algunas de las zonas más conflictivas de este espacio limítrofe para patrullar por los porosos pases clandestinos. Allí, las bandas que cobran a los venezolanos que quieren atravesar la frontera construyen pasos improvisados en los alrededores del puente internacional.

En su entorno, confluyen el tráfico de personas y el contrabando de gas, combustible, armas y estupefacientes, entre otros. La actividad policial es constante y, buen ejemplo, es la localidad fronteriza de Aguas Verdes, donde una operación binacional desarrollada a finales de abril con cerca de 600 efectivos y ayuda de maquinaria pesada logró neutralizar una veintena de estos pasos artesanales, erigidos sobre el canal a base de maderas, cañas, neumáticos, sacos de arena, piedras o cemento.

Hoy, varios de estos puentes clandestinos lucen destruidos y reducidos a montañas de escombros, pero hay otros que ya están a medio reconstruir, pues los criminales volvieron a la carga en ese continuo «tira y afloja» con la policía, más propio de una batalla de intimidación que de la eficacia.

A la media hora de la caminata y apenas a unos pasos del río, los agentes ven a lo lejos un grupo de al menos siete adultos y cuatro niños venezolanos descansando bajo las ramas de un árbol que los escuda del sol. La Policía sospecha que cruzaron desde las rudimentarias viviendas del lado ecuatoriano, ubicadas a escasos metros de la orilla, con la ayuda de los coyotes.

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Al comienzo, los migrantes lo niegan. Pero su versión queda rápidamente refutada cuando dos encapuchados, ataviados con pasamontañas, se dejan entrever tras los barrotes de una casa de lado ecuatoriano. «Seguramente van armados», comenta uno de los agentes, mientras el contingente da marcha atrás ante la imposibilidad de intervenirlos por estar en territorio extranjero.

Tras una breve negociación y con Efe como testigo, el grupo de venezolanos acaba reconociendo que, efectivamente, pagó unos 100 dólares, 10 por persona, a los coyotes para poder cruzar y pisar tierra peruana. Tensos, se limitan a seguir las instrucciones de la policía, les entregan sus documentos y suben al patrullero que los llevará hasta la comisaría.

Allí, les harán firmar una constancia donde se notificará que están violando la ley migratoria peruana por haber entrado de manera irregular al país, pero tras superar estos trámites burocráticos podrán seguir su camino. Sin más. Es una escena habitual en esta latitud.

Con información de EFE

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