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Desde hace 25 años los cuerpos policiales y militares de Venezuela cometieron alrededor de 7.893 ejecuciones extrajudiciales, informó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos en una investigación divulgada el miércoles. La organización advirtió que pudiera haber un subregistro, por lo que la cifra aumentaría.

“Las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de lesa humanidad y constituyen una política de Estado contra una parte de la población”, manifestó el activista Marino Alvarado durante la presentación del informe 25 años de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.

“Más letales que nunca”

Expresó que la Policía Nacional Bolivariana se presentó al país como un organismo de confianza y de respeto a los derechos humanos, pero 15 años después, afirmó Alvarado, se ha confirmado el fracaso total de la reforma policial.

“Las policías en Venezuela son más letales que nunca. Los resultados son lamentables, la reforma policial en Venezuela fracasó”, aseguró.

El defensor de derechos humanos Inti Rodríguez señaló asimismo que el Plan Patria Segura se implementó en contra de lo establecido en la reforma policial. Añadió que miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana instalaron campamentos de guerra a lo largo de Venezuela.

Provea estableció que altos funcionarios del Estado venezolano han estimulado la violación del derecho a la vida por los agentes de la fuerza pública. Según, se ha utilizado la excusa de la lucha contra la violencia terrorista.

Se debe investigar y sancionar

Alvarado afirmó que Provea apoya las medidas que impliquen investigaciones y sanciones a los responsables de los crímenes que se han cometido en el país. “Exhortamos al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a que se adelanten investigaciones genuinas sobre los crímenes de lesa humanidad y las miles de ejecuciones que se han cometido en Venezuela”, añadió.

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“25 años de ejecuciones extrajudiciales tiene una gran contribución para poder construir memoria. En Venezuela la violación al derecho a la vida no tiene color ni ideología política. El joven de origen popular no tiene derechos en Venezuela, está condenado a morir a manos de los cuerpos policiales” manifestó el padre Alfredo Infante, párroco de la parroquia La Vega.

La organización, finalmente, recomendó diseñar una política en seguridad ciudadana y  excluir a los militares y a las fuerzas armadas de la seguridad ciudadana. Además de adelantar investigaciones urgentes y genuinas para sancionar a las cadenas de mando.

Con información de El Nacional

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