Por Anselmo Guarino Writer

Desde la separación de Colombia y Venezuela en dos Estados independientes, al disolverse la nación conocida como Gran Colombia, las relaciones formales entre los distintos gobiernos se mantuvieron estables, a pesar de muy tensas situaciones, como aquella desatada en la denominada Crisis de la Corbeta Caldas de 1987, cuando Colombia envió esa nave de guerra a aguas jurisdiccionales del país vecino en el Golfo de Venezuela. En cuanto a los lazos sociales, económicos, políticos, culturales y otros de diversa naturaleza, en especial entre las gentes que hacen vida en la frontera común, siempre han sido estrechos, robustos, hasta el punto que regiones con una intensa dinámica como el Táchira venezolano y el Norte de Santander colombiano, se han articulado en el pasado como una misma región agroexportadora conectada al mundo, independientemente de los pareceres de las respectivas capitales, Caracas y Bogotá.

Esa vinculación entre ambas naciones ha sido gravemente herida por Nicolás Maduro. Ya Hugo Chávez había asestado golpes impensables a las relaciones bilaterales. El militar devenido presidente, exacerbó hasta casi el paroxismo las relaciones con sus homólogos colombianos Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, con la estrategia del garrote y la zanahoria a propio beneficio, proliferando amenazas e improperios cuando fuertes vientos internos soplaban en su contra – ya se sabe, el sempiterno apelar al enemigo externo- o cuando los movimientos en el ajedrez político colombiano no eran de su conveniencia, la misma que lo llevó a pedir el reconocimiento internacional de la beligerancia de los insurrectos neogranadinos. Así, Chávez llegó a los extremos: vociferando arengas de guerra cuando ordenó el desplazamiento de tropas y vehículos militares a la frontera con Colombia y cerrando la embajada en Bogotá en 2008, y tratando de relacionarse directamente con el alto mando militar colombiano en 2007, esto último parado en seco por Uribe. Estos vientos de guerra y altas tensiones causaron impacto en los habitantes y en las dinámicas de la frontera común. En el camino, Venezuela sirvió de veedor en el proceso negociador del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), pero visto lo visto, más pensando en los réditos políticos para la izquierda comunista internacional que en los beneficios que la paz traería a Colombia, y, en consecuencia, a la región.

Así las cosas, Maduro alcanza la presidencia en 2013, un contínuum del proyecto chavista. Dos años más tarde, en 2015, sin conocimiento de la historia ni visión de Estado, decide cerrar a cal y canto la frontera con el país vecino, es decir, prohibió el tránsito de personas, vehículos y mercancías por los pasos formales, con la excusa de atentados a oficiales venezolanos no demostrados al día de hoy, y en medio de una Crisis Humanitaria Compleja que ya hacía estragos, por lo que Colombia se había convertido en el abastecedor de bienes y servicios esenciales para los venezolanos, no solo los de frontera: tratamientos médicos inalcanzables o inexistentes, o comida y medicamentos que escasean o son incomparables en el infierno de la hiperinflación venezolana. En junio del siguiente año, un grupo de mujeres organizadas en Ureña, población del Táchira justo en el límite internacional, logró romper el bloqueo de hambre, desde entonces, se permitió el paso de peatones por los puentes binacionales durante el día. El paso de vehículos de carga y mercancías fue permitido en horario nocturno, para luego ser restringido de manera definitiva desde el año 2018, con excepción del puerto terrestre de Paraguachón en el estado Zulia, que limita al norte con el departamento colombiano de La Guajira.

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A principios de 2019, con el reconocimiento por parte del gobierno colombiano del presidente Iván Duque a Juan Guaidó, presidente del Parlamento, como cabeza legítima del Ejecutivo venezolano, la cólera de Maduro llevó a la total ruptura de relaciones diplomáticas y consulares, así como a la prohibición del paso peatonal, restablecido unos meses después, con el agravante de haberse puesto contenedores, dos por puente internacional entre Táchira y Norte de Santander, símbolos de la barbarie que afrenta a ambos países. En marzo de 2020, la pandemia por el covid-19, ya una realidad en esos lados del mundo, lleva al gobierno colombiano a cerrar sus fronteras, mientras el venezolano se inventa la figura del “acordonamiento”, lo que es equivalente a echar el cerrojo.

A junio de 2021, Colombia ha reabierto sus fronteras, incluida la que comparte con Venezuela, esta última en un proceso gradual, además, avanza en la fase tres de su plan de vacunación, tristemente, al otro lado del límite internacional, se debate en un show digno de circo, entre abrir o mantener cerrados los puentes, según los intereses internos y la pelea a muerte con Duque. Mientras tanto, en el Apure de Venezuela, vecino al Arauca de Colombia, regiones copadas por irregulares en la sección media de la frontera compartida, los enfrentamientos armados entre efectivos militares, facciones de fuerzas insurgentes colombianas y otros grupos armados dejan ver el desinterés de décadas del Estado venezolano por esa zona, y su propia disolución, que también es visible en la tradicionalmente más activa zona fronteriza de Táchira con Norte de Santander, donde la institucionalidad paralela que se ha creado, convive con insurgencias colombianas de distinta denominación y con bandas criminales transnacionales, todas compartiendo territorio y poder, en una entente macabra que solo debilita al Estado y violenta a los ciudadanos.

Toda esta situación es la evidencia de un juego de intereses públicos y privados, a costa de la vida y la dignidad de los ciudadanos de ambos países. Desde Colombia, ha habido frecuente abandono del territorio fronterizo, por cuanto el Estado no alcanza a tener presencia a todo lo largo del mismo, además, no faltan funcionarios corruptos que se relacionan con la delincuencia organizada. De su parte, los sectores económicos de la frontera, básicamente el comercio al detal, han visto mermados sus ingresos por la alta dependencia de los consumidores venezolanos quienes, en migración pendular, viajaban a comprar al país vecino, no así las industrias y los grandes comercios, que son los que mayoritariamente vendieron mercancías por valor de unos US$2.050 millones a Venezuela, $250 millones de manera formal, y el grueso de $1.800 millones por rutas informales, según cifras para el 2020 de la Cámara Colombo Venezolana; todos conocen la forma irregular como transitan hacia Venezuela, nadie es inocente.

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Del lado venezolano, el Estado paralelo existente en las zonas de frontera, aunque no solo, junto con los grupos irregulares, controla todo lo que pasa a través del límite internacional y su distribución en el país, lo que contribuye con la disolución del Estado, pues no es la estructura y organización constitucional la que funciona, sino la impuesta desde el poder. El contrabando, categoría que se queda corta para el país, es un ejemplo: productos legítimamente comprados en Colombia pasan a Venezuela por los caminos irregulares, las conocidas trochas, son registrados por el servicio aduanero (Seniat), se pagan aranceles y tasas de aduana, cuentan con permisos avalados por la oficina de quien representa a Maduro en el Táchira y usurpa las competencias constitucionales de la Gobernación, y finalmente se venden de manera legal, factura en mano, en negocios de toda la zona de frontera y más allá.

Como es evidente, son los ciudadanos quienes terminan siendo violados y vulnerados en sus más elementales derechos, tanto los que hacen vida en la frontera, como quienes se desplazan desde distintos puntos del país para buscar bienes y servicios para su supervivencia en Colombia, como aquellos que huyen de la debacle venezolana y que tienen en la nación vecina refugio o tránsito para su desesperada situación. Ellos son los que padecen el cierre formal de los pasos fronterizos, la violencia de las trochas, los enfrentamientos políticos exacerbados y están a merced de los intereses económicos y de negocios ilegales.

La sociedad civil exige desde 2015 una frontera abierta, como siempre lo ha sido, que vuelva la sensatez, que el tránsito por ella sea seguro, en especial en estos tiempos de pandemia que aún no se controla; en Venezuela particularmente, se clama porque todo esto suceda en un contexto de vuelta a la democracia y el retorno del estado de derecho. Lo fundamental, ahora y siempre, y sobre todo con la reapertura de los pasos binacionales entre Colombia y Venezuela, es el respecto irrestricto hacia las personas por parte de los sectores público y privado, por encima del uso de la frontera común como excusa para sus propios intereses.

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