La ONG FundaRedes presentó “La Curva de la Violencia”, un instrumento de investigación que permite informar los índices de criminalidad en los estados fronterizos: Táchira, Zulia, Apure, Falcón, Amazonas y Bolívar.

“Cuando hablamos de estos estados, pareciera que fueran tierra de nadie, porque la disputa que existe por el control de los territorios por grupos irregulares, hace que las cifras de homicidios sean más rojas cada día”, expresó Javier Tarazona, director de FundaRedes.

Asimismo, explicó que La Curva de la Violencia también servirá para mostrar los desplazamientos internos en dichas zonas como consecuencia de las complejas situaciones en las que viven sus habitantes y por “los descarados enfrentamientos armados por el control de territorios donde las Fuerzas Armadas dicen no estar presentes pero facilitan y cohabitan con muchas de estas organizaciones criminales de origen colombiano como lo son el Ejército de Liberación Nacional, ELN y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC”.

Javier Tarazona, director de FundaRedes

Razones por las cuales Tarazona insistió en que el instrumento surge como una respuesta al silencio del Estado “que se ufana en presentar informes de superación de la criminalidad cuando lo que vemos en el país es la cultura de la muerte”.

Agregó que hay información sobre más de un mil ochocientas víctimas por homicidio, número correspondiente sólo al año 2019; así como un importante número de desaparecidos a causa de los enfrentamientos de grupos irregulares.

Por temas de riquezas minerales, y a pesar de ser el menos poblado, el estado Bolívar figura como uno de los estados más violentos. La explotación genera disputas sangrientas por el manejo y control de las minas “siendo la muerte un factor clave en la consolidación de las operaciones criminales”.

“Las fronteras con Brasil, Guyana, Trinidad y Tobago, con Colombia y las islas del Caribe deben llevar a la región a despertar y ver lo que sucede porque Venezuela ya no es un puente de la fechoría, es ahora un centro de operaciones de la criminalidad”, precisó

Ante las constantes denuncias planteadas por la ONG, Tarazona indicó que no han tenido respuestas por parte del Estado Venezolano, por el contrario, “persecución y negación, que no es otra cosa que el reconocimiento que si existe este problema en nuestras fronteras”.

Astrid Anselmi

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