FacebookXTelegramWhatsAppMessengerPinterestEmailCopy LinkShare

Entre los meses de abril y junio del presente año, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registró 201 casos de persecución y criminalización, modus operandi implementado por el gobierno de Maduro para permanecer en el poder.

“En el mes de abril registramos 38 casos, e igual número en mayo. Mientras que en el mes de junio se evidenció un importante aumento de los casos de persecución y criminalizacióncon 125 actos ejercidos contra periodistas y trabajadores de la comunicación, personas vinculadas al activismo político, oficiales de la Fuerza Armada Nacional y contra la población”, asegura el Cepaz en nota de prensa.

Con esta alarmante cifra, junio se convierte en el mes con más personas perseguidas y criminalizadas en Venezuela durante el año 2022. Esto se traduce en la agudización de la crisis en derechos y la sistemática violación de las libertades fundamentales y los derechos humanos de las personas venezolanas.

Patrones identificados en junio

En el monitoreo y análisis de los 125 casos de persecución y criminalización ocurridos en el mes de junio, fueron identificadas: 11 detenciones arbitrarias, 18 actos de hostigamiento o amenazas, tres procesos judiciales arbitrarios y 93 órdenes de aprehensión irregulares.

De la totalidad de estos casos, ocho se cometieron contra trabajadores y medios de comunicación, diez contra personas vinculadas al activismo político, 93 contra oficiales de la Fuerza Armada Nacional, y 14 contra ciudadanos.

Aumenta la censura y la criminalización contra medios y periodistas

Durante el mes de junio también fueron documentados al menos siete actos de hostigamiento, intimidación y amenazas contra periodistas y medios de comunicación, acciones ejecutadas por funcionarios del Estado.

Tres de los casos se ejercieron a través de medios de comunicación y redes sociales, y cuatro se llevaron a cabo de manera presencial, fotografiando e intimidando a miembros de la prensa mientras realizaban una cobertura periodística, impidiéndole el ejercicio de su labor.

Uno de estos casos es la utilización del canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), por otra parte, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, para criminalizar a la prensa, específicamente al Diario 2001, responsabilizándolo de intentar desestabilizar el país.

Del mismo modo, el también conductor de mismo canal, Pedro Carvajalino, amenazó a través de la red social Twitter, al periodista de Armando Info, Roberto Deniz. Y, finalmente, el alcalde de Guaicapuro arremetió contra el Diario El Tequeño por supuestamente no informar de problemas en Los Salias.

Le puede interesar.  Directrices claras limitan las bondades del ETP para migrantes venezolanos en Colombia

Ataques a figuras políticas

Durante el mes de junio, Juan Guaidó, fue víctima en dos oportunidades de actos de hostigamiento y violencia. En la ciudad de Maracaibo, personas vinculadas con el gobierno de Nicolás Maduro arrojaron sillas contra los ciudadanos que presenciaban una actividad donde Guaidó estaba presente. Posteriormente, en el estado Cojedes, mientras el líder opositor se encontraba en un restaurante, fue agredido por personas también vinculadas con el gobierno de Maduro quienes lo sacaron del lugar.

El canal del Estado VTV, fue nuevamente utilizado para arremeter contra los líderes políticos vinculados con la oposición. En el programa «Con el Mazo Dando», Diosdado Cabello atacó a diversas organizaciones políticas, entre ellas Voluntad Popular, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, denominándolas “células terroristas”. Del mismo modo atacó verbalmente al dirigente político Yon Goicochea a quién se refirió como ladrón.

Por otra parte, la coordinadora de la asociación ciudadana Vente Venezuela en el estado Portuguesa, María Oropeza, fue víctima de actos de violencia, intimidación y secuestro por parte del CICPC. La activista fue obligada a subir a una patrulla donde la mantuvieron retenida por al menos dos horas, tras grabar un acto que parecía abuso de poder.

Orden de aprehensión contra efectivos militares

En el mes de junio el Comando de Zona 21 de la Guardia Nacional, en el estado Táchira, ordenó la aprehensión inmediata de 93 efectivos militares. A juicio de sus defensores, la orden de aprehensión es violatoria a los principios del debido proceso judicial, además se trata de una medida o castigo ejemplificante para el resto de los oficiales, que bajo el miedo de ser perseguidos evitan ejercer sus derechos, como opinar, denunciar o manifestarse contra la situación socio económica que están viviendo.

Persecución, hostigamiento e intimidación a ciudadanos

Un joven fue detenido, acusado de instigación al odio, por hacer una denuncia en su estado de WhatsApp sobre el cierre de un local por parte de efectivos militares. Del mismo modo, un ciudadano fue detenido y acusado de incitación al odio por publicar un video en TikTok en donde denunciaba las acciones arbitrarias de la Policía Nacional Bolivariana contra una mujer.

Le puede interesar.  Instalan en Colombia estaciones de monitoreo para migrantes venezolanos

Entre tanto, cuatro jóvenes fueron detenidos mientras participaban en un acto en homenaje por el quinto aniversario del asesinato de Neomar Lander, un manifestante de las protestas del año 2017. Por su parte, cinco jóvenes más fueron detenidos por encontrarse en un transporte público del municipio en donde se llevaba a cabo el homenaje antes referido, estos jóvenes no se encontraban participando en la actividad.

El presidente de la junta directiva del Grupo Banesco, Juan Carlos Escotet, fue intimidado por el presidente de la Asamblea Nacional controlada por el gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Rodriguez. Este acusó a Escotet de robarse el dinero de los venezolanos y aseguró: “voy por ti”. Además, a un ciudadano, vulnerando la libertad de pensamiento y expresión, le suspendieron su sueldo en el IVSS por denunciar públicamente los maltratos que sufren los trabajadores de la salud.

Caso Telefónica

Por último, un reciente informe de la empresa Telefónica, reveló la intercepción de las líneas telefónicas y conexión a internet de al menos un 20% de la población. Este es un acto que arremete contra la población en general y por lo tanto no es posible cuantificar el número de víctimas. Aunque la normativa venezolana permite la intercepción de las líneas telefónicas, la misma debe hacerse bajo un procedimiento y características particulares, y siempre con un objetivo legítimo y proporcional. Sin embargo, estas solicitudes que ha recibido Telefónica se extralimitan de lo contemplado en la normativa, entrañan acciones políticas y arbitrarias que finalmente buscan perseguir y criminalizar a actores sociales y políticos.

El cierre de medios, la promulgación de leyes y providencias restrictivas, el bloqueo de páginas web, las detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos y violencia contra toda persona considerada enemiga a la política del gobierno, revela una vez más la censura, criminalización, persecución y control que ejerce desde el poder Nicolás Maduro y algunos de los funcionarios gubernamentales.

Con información de Cepaz

Prensa Frontera Viva

FacebookXTelegramWhatsAppMessengerPinterestEmailCopy LinkShare

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí