Un grupo de deportados forzosos de 2015, víctimas de las órdenes arbitrarias de Nicolás Maduro, acudirán ante la Corte Penal Internacional a través de Walter Márquez, la Fundación El Amparo y un grupo de abogados colombianos y venezolanos a quienes les suscribieron un poder ante la Notaria Sexta de Cúcuta, Carmen Elvira Liendo.

Treinta personas que fueron afectadas por esas deportaciones y desplazamientos forzosos y que están residenciados en Cúcuta y el territorio colombiano, firmaron recientemente un poder además de Walter Márquez a los abogados Orlando Bohórquez y Rafael Humberto Villamizar Ríos  de la colegiatura de abogados del Norte de Santander, Colombia y a los abogados venezolanos Ana Hernández, Nathaly Bermúdez y Jesús Alberto Berro para que actúen en su representación nacional e internacional, en especial ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y en la Oficina de las Víctimas en La Haya.

Oficina Pública de Defensa de las Víctimas

Hasta ahora Walter Márquez , como parlamentario jubilado y presidente de la Fundación El Amparo , junto con sus abogados han actuado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que dirige Fatou Bensouda, pero ahora van a actuar en nombre de las víctimas de deportaciones forzosas, por lo que introducirán nuevos escritos ante la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas que depende de la Secretaría de la Corte Penal, aunque es autónoma para asumir la defensa de quienes han sido  afectadas por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Como se recuerda, en agosto de 2015 fueron deportados ilegal y violentamente más de 1.500 colombianos en la frontera colombo venezolana, especialmente del barrio “La Invasión” de San Antonio del Táchira donde efectivos policiales y militares venezolanos también destruyeron más de  200 viviendas , lo cual constituye el crimen de tratos inhumanos;  hubo un desplazamiento forzoso  de más de 22 mil 500 colombianos, lo cual suma aproximadamente unos 24 mil connacionales del vecino país que fueron expulsados de manera forzosa de Venezuela, de acuerdo a informes de la ONU, la OEA, la Fiscalía y Defensoría del Pueblo de Colombia y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres de la Presidencia de Colombia (UNGRD).

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Estos mismos hechos  fueron denunciados en septiembre de 2015 por el entonces Procurador General de Colombia, Alejandro Ordoñez, en enero del 2016 por Walter Márquez, en su condición de Diputado activo y posteriormente en julio del 2017 por el actual presidente de la República de Colombia Iván Duque Márquez,  para la época  senador de la Republica.

Prisión perpetua para Maduro

Recientemente en su viaje a La Haya, Márquez denuncio a la fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda, por negligencia e incumplimiento grave al tener paralizada la investigación del crimen de deportaciones forzosas en la frontera y solicito el reinicio de la investigación contra Nicolás Maduro, para quien solicito prisión perpetua por la gravedad de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo venezolano.

Con el poder suscrito en Cúcuta para hacerse parte ante la CPI, el grupo de 30 víctimas de Nicolás Maduro por las deportaciones forzosas en agosto de 2015 , que está siendo coordinado por Adriana Barragán, una de las afectadas, busca reclamar sus derechos y  reparaciones e indemnizaciones , de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de Roma de La Corte Penal Internacional y resoluciones de la Asamblea general de las Naciones Unidas sobre el Derecho de las Víctimas de crímenes de lesa humanidad.

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