Walter Márquez se reunió con David Smolansky durante foro realizado por la OEA en Cúcuta.

La investigación será presentada posteriormente ante la Corte Penal Internacional como una denuncia en contra de Nicolás Maduro y miembros de su equipo de gobierno, por ser responsables de la coacción de venezolanos para salir del país 

Investigar el éxodo, migraciones y desplazamientos forzosos de venezolanos, como crimen de lesa humanidad de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional –CPI-, solicitó el pasado martes el diputado jubilado de la Asamblea Nacional y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, a la Organización de Estados Americanos –OEA- durante un foro realizado en la ciudad de Cúcuta- Colombia donde analizaron el fenómeno migratorio y de refugiados venezolanos.

Márquez indicó que hasta el momento los gobiernos se han preocupado de intervenir desde el punto de vista humanitario para atender a los venezolanos, pero no han investigado los orígenes de la crisis socio política que han llevado a esta situación, por lo que planteó estudiar la migración forzosa venezolana y el éxodo generado por la coacción del régimen de Nicolás Maduro, que obliga a los venezolanos a huir de su territorio para buscar subsistir en otras naciones.

El presidente de la Fundación El Amparo participó en la mesa de trabajo que presidió el exalcalde del municipio Campo Elías del estado Mérida, Omar Lares, a la cual se sumó posteriormente el Comisionado del secretario General de la OEA, David Smolansky en donde analizaron los procesos de migración forzosa.

“En reunión privada con Smolansky le hice el planteamiento y le ofrecí el apoyo de abogados venezolanos y periodistas que trabajan con la Fundación El Amparo, en la investigación y documentación de crímenes de lesa humanidad, específicamente migración y éxodo forzoso. Él se interesó y se concretó una reunión de trabajo para mediados de enero del próximo año a fin de definir una metodología que será propuesta por mi equipo para documentar casos particulares de migrantes venezolanos, y enviarlos a la Fiscalía y a la Oficina Pública de Víctimas de la Corte Penal Internacional, a fin de que se investigue a Nicolás Maduro y funcionarios del alto gobierno, por ser responsables del estado de coacción que ha generado el proceso migratorio masivo”, explicó.

Destacó Walter Márquez que de acuerdo al último informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas –ONU-, Michelle Bachelet, 4 millones 700 mil venezolanos han migrado hasta diciembre del año 2019, y de acuerdo a proyecciones esta cifra pudiera superar los 6 millones 500 mil venezolanos a finales del año 2020, por lo que se enfocarán a realizar trabajo de campo para entrevistarse con las víctimas y presentar casos puntuales de este hecho ante la CPI.

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